El acceso a justicia y debido proceso estarían anulados en El Salvador

"Sigan gritando 'libérenlos ya', ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo y no vamos a permitir nada de eso". Con esa frase el presidente Nayib Bukele trató de deslegitimar la exigencia de libertad para las personas inocentes capturadas en el régimen de excepción, al considerar que incluye a delincuentes.

La experta en derechos humanos, Celia Medrano, dijo que la exigencia de liberación de personas víctimas de atropellos a garantías constitucionales "se exige para personas que injustamente han sido procesadas, sin que hasta la fecha pueda demostrarse su vinculación con los hechos de los que les ha encarcelado. Distorsionar esta legítima exigencia para asegurar que lo que se exige es liberación de delincuentes solo es manipulación".

"El razonamiento es falaz, una falacia inatinente, ya que responde al señalamiento de los inocentes detenidos arbitrariamente, argumentando que son delincuentes, porque él lo dice", consideró el juez Antonio Durán a la declaración de Bukele.

Agregó que se ignoran principios y garantías básicas como la presunción de inocencia, el juicio previo y las garantías que impiden la manipulación arbitraria del proceso.

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"Los inocentes no deberían estar detenidos si no han cometido ningún delito y no representan ningún peligro para la sociedad. En eso está el error del argumento, parte de una premisa falsa: las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio. Eso evidencia que para la dictadura y su régimen, no existe el debido proceso en El Salvador", agregó.

Aunque la determinación de culpabilidad corresponde al sistema judicial, la cooptación del mismo por parte del gobierno desde 2021 anula la garantía del debido proceso.

"En una dictadura, cualquier arbitrariedad es posible. La mezcolanza de conceptos que hace el dictador son meras falacias para intentar justificar acciones arbitrarias e ilegales", dijo el abogado constitucionalista, Enrique Anaya.

La determinación de culpabilidad o inocencia estaría a criterio de una persona. Y se evidencia en el discurso de Bukele cuando dijo: "Así que no los vamos a liberar ya ni nunca".

"En una dictadura, que es lo que existe en El Salvador, en los casos que interesan a los que gobiernan, decisiones judiciales no son, ni aplicación de la ley, ni son adoptadas por jueces, sino que simplemente son ejecución de una orden de la dictadura o, todavía más, los jueces, aunque no reciban una orden directa, ya saben que deben actuar de modo genuflexo, que no deben incomodar o molestar al dictador o a su círculo cercano", afirmó Anaya.

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Medrano advierte que cualquier persona que sea víctima de una acción arbitraria, ilegal o injusta "no puede contar con un juez imparcial e independiente, porque ahora el sistema judicial esta cooptado desde Casa Presidencial y los pocos jueces y juezas que aún sean coherentes con la justicia se exponen a fuertes represalias".

"Quien ha cometido un crimen debe ser castigado conforme estándares universales de derechos humanos, después de ser vencido en un juicio justo. Se exige libertad para los inocentes, para quienes han sufrido injusticias en el marco del régimen, para quienes nunca debieron ser privados de libertad", dijo Medrano.

"En El Salvador hace buen tiempo ya no hay Estado de Derecho, no hay derecho procesal, penal, constitucional, no hay separación de poderes", dijo el analista Ramiro Navas.

Valoró que es fácil para el gobierno escudarse en el tema de la seguridad.

"Es una manipulación dolorosa y muy hipócrita de parte del gobierno, utilizar ese tema que ha generado tanto dolor para chantajear emocionalmente a las comunidades más pobres, a los vecinos de las colonias que antes estaban afectados con ese problema y que ahora sencillamente han visto mutar las relaciones de violencia en sus territorios", dijo.

Mientras que el sociólogo Rafael Paz Narváez descarta que el acceso a la justicia esté anulado en el país en tanto aún hay persona que defienden el Estado de derecho.

"No está anulado, porque hay una cantidad de la población que los sigue reclamando, hay una cantidad de abogados que siguen reclamando la vigencia del Estado de derecho", expuso.