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Menores de edad detenidos por crimen organizado estarán en cárceles comunes
La reforma penal aplicará para menores detenidos por delitos relacionados al crimen organizado y estarán en áreas separadas de los adultos.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una serie de reformas penales, entre las que se incluye que los menores de edad detenidos provisionalmente o por pena de privación por delitos cometidos de crimen organizado, sean enviados a penales comunes, en áreas separadas de los adultos.
Es decir, que el menor detenido por pertenecer a estructuras criminales deberá cumplir sus días en la cárcel en uno de los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en los que habría una separación de pabellones hasta que cumplan los 18 años de edad.
Previo a la aprobación, a petición de la diputada Suecy Callejas, se añadió que “en el caso de los menores con medida cautelar o pena de internamiento procesados por delitos comunes continuarán cumpliendo su medida de conformidad a la Ley Penal Juvenil, Ley Crecer Juntos y otras aplicables para cumplir los fines de la reintegración social”.
La iniciativa del gobierno de reforma a la Ley Penal Juvenil fue dictaminada favorable el pasado martes por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.
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Además, bajo el argumento de que las personas que son detenidas por delitos de crimen organizado logran quedar en libertad y reinciden en los mismos crímenes, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública también pidió que se aprobará una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado para prohibir los beneficios de la libertad condicional a los sujetos detenidos bajo esta ley.
Entre las reformas de este mismo marco normativo, también se dispone que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que ahora mismo se encuentren conociendo de la fase de ejecución de las penas, continúen haciéndolo hasta el final de la pena.
Por otra solicitud del Ministerio de Justicia también habrá reformas a la la Ley Penitenciaria. Un cambio corresponde al artículo 6 referente al principio de judicialización, al que se añade que en el caso de personas condenadas con base en la Ley Contra el Crimen Organizado, serán los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado los competentes para cumplir esta función.
“Las autoridades judiciales indicadas también controlarán el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario”, se agrega.
Además, se dispuso en la plenaria que "las competencias y atribuciones dispuestas para la fase de ejecución, en el caso de la aplicación de la Ley Contra el Crimen Organizado está conferida a los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado en lo que no se oponga a la naturaleza y prohibiciones para el cumplimientos de los objetivos de lo referida ley especial".
Según el magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Quinteros Espinoza, esta disposición garantizará que los sujetos condenados por el crimen organizado no puedan manipular las condiciones carcelarias.
En esta disposición también se hizo una modificación en la plenaria para que "en el caso de los adolescentes con medida cautelar o pena de internamiento procesados por delitos comunes, continuarán cumpliendo su medida bajo las instituciones competentes para cumplir la reintegración social”.
Mientras se estudiaban las reformas de las tres leyes, sin dar cifras de la población de menores bajo el sistema penal, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que la mayoría de ellos llegaron ahí por formar parte del crimen organizado.
“Sin temor a equivocarnos, más del 70 % de la población en Centros de Internamiento de Menores está relacionado a organizaciones terroristas”, afirmó.
Contradicciones
Aunque la Sala de lo Civil propuso a la Comisión crear un plan de separación de jóvenes de entre los 18 a 21 años con rehabilitación, Villatoro alegó en el estudio de las medidas que los planes de reinserción social son para jóvenes con delitos comunes, no para los del crimen organizado.
“Esto evitaría que estos jóvenes se integren de forma permanente a estructuras criminales y permitirá su reinserción efectiva en la sociedad”, planteó la Sala; pero el funcionario del Ejecutivo refutó diciendo que existe alta reincidencia de dichos delitos.