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Comisión denuncia retroceso en derechos humanos, a 33 años de la firma de los Acuerdo de Paz
"El Salvador es un país sin democracia, sin libertad de expresión y sin garantías judiciales", dijo la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos, que además lamenta que se quiera borrar la memoria histórica del país
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador (CDHES) denuncia, que a 33 años de la firma de los Acuerdo de Paz, dada en 1992, existe un marcado retroceso en esta materia, lo cual conlleva a una situación de vulnerabilidad para la población y el debilitamiento de la institucionalidad.
"Estamos dentro de un sistema autoritario donde se ha perdido totalmente la democracia y la división de poderes, los Acuerdos de Paz fueron una oportunidad y tuvieron bastante importancia la creación de instituciones que llevarían a la democratización al país y el irrestricto respecto a los derechos humanos, pero lamentablemente eso se ha abandonado", expuso Alejandro Díaz, de Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”.
Durante una conferencia de prensa, los representantes de esta organización de la sociedad civil lamentaron que se quiera eliminar la memoria histórica del país, lo que a su juicio conlleva al cometimiento de hechos de violencia, represión y acciones inconsultas en contra de la población.
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Uno de estos hechos -mencionan- es la implementación de la minería y la represión a las personas que defienden derechos humanos, tal como ocurrió en el conflicto armado.
La CDHES se refirió además al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual, el lunes 20 de enero, se recomendó a El Salvador retomar el tema de justicia transicional, el cual "ha quedado en el olvido" en el pleno legislativo, lo cual deja sin justicia ni reparación, o garantías de no repetición, a las familias de víctimas de la guerra civil.
Asimismo se recomendó derogar el régimen de excepción, recomendaciones que también fueron hechas en noviembre del año pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
"El Estado salvadoreño ya no puede seguir repitiendo que su política de seguridad ha sido exitosa, ya ha sido evaluada y ha sido demostrado que es solo un número incontable de violaciones a derechos humanos, y que se cuentan por cientos las personas que han sido asesinadas, solo por mencionar un dato", expuso David Ortiz, de Tutela Legal.
"Uno de los objetivos de los Acuerdos de Paz es el respeto irrestricto a los derechos humanos (...). ¿Hay libertad de expresión?, ¿hay derechos a la salud?, ¿hay derecho a la educación?, ¿hay libre tránsito en el país?, yo creo que la respuesta cae por su propio peso, incluso el tema de los derechos humanos ha sido perseguido en la narrativa oficial", continuó Ortiz.
Por su parte, Miguel Montenegro señaló que existe un debilitamiento en instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) que fue creada tras la firma de los Acuerdos de Paz
"El fortalecimiento y la independencia de la PDDH deja mucho que desear en la actualidad, tenemos una procuradora ausente, un posicionamiento ausente de una Procuraduría que estaría defendiendo y denunciando, haciendo llamado al Ejecutivo y a todos los funcionarios que cometen graves violaciones a los derechos humanos, pero no existe, no lo hay", sostuvo.
Montenegr denunció además la negativa del Estado salvadoreño de ratificar el Protocolo Facultativo contra la tortura, un tratado internacional que permitiría generar espacios de participación tanto de entidades del gobierno como la PDDH, las mismas Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil "para verificar si hay tortura en los centros penales", como han señalado personas que estuvieron presas cárceles del país.
En su análisis señalan que la implementación de los Acuerdos de Paz falló, principalmente por la resistencia de las elites políticas y económicas que continuaron sosteniendo las estructuras de corrupción e impunidad en el Estado.
Como ejemplo se refieren a la aprobación de la Ley General de Amnistía, de 1993.
"Después de tres décadas, los Acuerdos de Paz se han agotado y han dado paso a un periodo de rompimiento del orden constitucional; expresado principalmente, en el principio democráico de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república y el regreso de la casta militar como columna vertebral del gobierno inconstitucional", expusieron.
Asimismo denuncian el uso del ejército para amedrentar y acosar a las voces disidentes del discurso oficial, la criminalización generalizada de la población con la aplicación del régimen de excepción y la desaparición de la división de poderes.
"En la práctica, el poder público lo ejerce un caudillo, en provecho de su grupo familiar y su grupo económico", sostuvo la CDHES, en referencia al entorno del presidente Nayib Bukele.
Todo lo anterior, apuntan, ha significado el cierre de los pocos espacios de diálogo con la ciudadanía, el retorno de la opacidad en la administración pública, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, la profundización del nepotismo y la corrupción.
Como resultado, el país ha incrementado los niveles de pobreza, de la migración irregular y el desplazamiento forzado.
Como CDHES apunta se han activado mecanismos internacionales para denunciar todos estos atropellos, asimismo hacen el llamado a "naciones amigas que apoyaron de forma cercana la solución dialogada del conflicto armado y la comunidad internacional en general, a evitar ser sorprendidos por la propaganda agresiva del gobierno de turno que busca mostrar un país ‘ejemplar’”.
"El Salvador es un país sin democracia, sin libertad de expresión y sin garantías judiciales", concluyeron.