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juicio repetido de los ambientalistas y líderes comunitarios de santa marta ades

Eugenio Chicas testificará en caso Santa Marta de forma virtual

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral es testigo de descargo de los ambientalistas acusados de un crimen de guerra en el caso Santa Marta.

Por Javier Urbina
Publicado el 29 de julio de 2025


El Tribunal de Sentencia de San Vicente instaló la mañana de este 29 de julio la repetición del juicio en contra de los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, quienes son acusados por Fiscalía por un asesinato cometido durante el pasado conflicto armado en El Salvador.

Durante los incidentes, la defensa pidió que el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, declare de manera presencial a favor de los acusados. Sin embargo, los jueces afirmaron que desde el centro penal no autorizaron su salida y testificará de forma virtual desde el Centro Penal La Occidental.

En noviembre del año pasado, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido el 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en el que los acusados fueron sobreseídos, y ordenó repetir el juicio. 

Los procesados por el caso son: Fidel Dolores Recinos Ayala, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Ortega, José Eduardo Sancho Castaneda y Arturo Serrano Ascencio. 

Seis de los imputados fueron declarados en rebeldía en abril de este año, tras no presentarse a una audiencia en febrero pasado, ya que sentían que no tenían garantías procesales. Desde ese mes, el Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó capturarlos. Al juicio tampoco asistieron, solo sus abogados.

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Durante los incidentes, la representación fiscal solicitó mantener los tres delitos en contra de los acusados, los cuales son asesinato, asociaciones ilícitas y privación de libertad. De este último, durante la audiencia preliminar la jueza lo subsumió en el delito de asesinato, es decir lo incorporó en uno mismo. Sin embargo, la Fiscalía pidió a los jueces que sean procesados por separado. 

Según la Fiscalía, los hechos iniciaron la noche del 22 de agosto de 1989, cuando miembros de la Resistencia Nacional, un brazo armado de la guerrilla, se presentaron a la vivienda de la víctima. “Le ordenaron salir e ir a una reunión y como esta se negó fue golpeada y la trasladaron a una cuadra y media de su pasaje, hasta ahí la familia la siguió. La familia dirá que la vieron que estaba amarrada de los pie”, dijo uno de los fiscales del caso durante la presentación de los hechos.

La representación fiscal aseguró contar con un testigo protegido con clave “Soriano”, un excombatiente de la guerrilla que supuestamente vio cuando llevaban a la víctima a un campamento guerrillero, donde presuntamente fue interrogada por 15 días y luego fue ejecutada.  

Durante el juicio, el tribunal ha permitido el ingreso de la prensa y de observadores internacionales que dan seguimiento al caso.  La comunidad Santa Marta señala que el caso es una represalia porque cinco de los acusados son ambientalistas que en el pasado se opusieron a la minería metálica.

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