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Cambios constitucionales amenazan los derechos en El Salvador, dice Amnistía Internacional
La organización advierte que las modificaciones se han hecho sin consulta pública ni deliberación y reitera que se consolida un patrón autoritario en el país.
Amnistía Internacional denunció este lunes que las recientes reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por Nuevas Ideas, se hicieron sin procesos deliberativos ni participación ciudadana, lo que pone en riesgo los derechos humanos y consolida una tendencia autoritaria en el país.
Las reformas, que modifican elementos sustantivos del sistema político y electoral, confirman, según la organización, las advertencias emitidas desde mayo de 2024. En concreto, las ratificaciones habilitan la reelección presidencial indefinida, amplían el mandato presidencial de cinco a seis años, eliminan la segunda vuelta electoral y en una disposición especial adelantaron los comicios presidenciales al 2027 para que se realicen junto con las elecciones legislativas y municipales.
En particular Amnistía criticó la reforma al artículo 248 de la Constitución (ratificada al inicio de la actual legislatura) que eliminó el candado de doble aprobación legislativa para hacer cambios constitucionales.
“Las señales de alarma que hemos dado los últimos meses se confirman con la forma en que, una vez más, se ha modificado la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública”, afirmó César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.
Marín señaló que estas prácticas permiten una mayor concentración del poder en el Ejecutivo y aumentan el riesgo de nuevas reformas impuestas “sin tomar en cuenta a la población y sus derechos”.
Desde que el partido oficialista logró el control total de la Asamblea Legislativa en 2021, el organismo internacional ha documentado una serie de reformas legales y constitucionales aprobadas de forma exprés, sin transparencia ni participación ciudadana. Para Amnistía, este proceso debilitó la independencia judicial, eliminó mecanismos de rendición de cuentas y mantiene suspendidos derechos fundamentales durante más de tres años bajo el régimen de excepción.
“La manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos”, agregó Marín.
El experto recordó que recientemente la organización ha tenido que declarar a personas como presas de conciencia, entre ellas Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos por defender derechos fundamentales.
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Amnistía reiteró que el Estado salvadoreño está obligado a garantizar el derecho a participar en los asuntos públicos, lo que incluye asegurar que reformas de este tipo se sometan a deliberación y escrutinio previo.
La organización también pidió a la comunidad internacional mantener vigilancia sobre la situación en El Salvador, exigir el respeto de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y respaldar a quienes defienden estos derechos dentro y fuera del país.
Finalmente, la organización internacional urgió la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por ejercer su libertad de expresión y su labor en defensa de los derechos humanos.
El pronunciamiento se suma al de otras organizaciones que advierten la concentración de poder y el debilitamiento democrático, como el Grupo IDEA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch.