Asamblea aprueba Ley de sostenibilidad fiscal con límites al endeudamiento público

Por medio de dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, enviada por el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda.

La petición fue solicitada por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, para que se incorporara en la agende la plenaria.

La nueva ley deroga la actual Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, emitida en 2016 y que se puso en pausa por motivo de la pandemia en 2020.

En el artículo de la regla de responsabilidad fiscal, se establece que el nivel de deuda límite del Sector Público No Financiero (SPNF) con pensiones en el largo plazo será del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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Agrega que la razón de deuda con pensiones como porcentaje del PIB no podrá ser mayor a 80 % del PIB en 2030, ni mayor al 75 % del PIB en el 2035. "La meta de endeudamiento de largo plazo se espera alcanzar en 2045", dice el proyecto.

Sin embargo, la ley también dice que esa meta podrá suspenderse si ocurren eventos excepcionales, como: Caída del Producto Interno Bruto (PIB) real de al menos uno punto cinco (1.5%) durante dos trimestres consecutivos; о una Emergencia sanitaria, Estado de Calamidad Pública, Desastre Natural, Crisis Económicas, conflictos bélicos internacionales o eventos de grandes magnitudes que puedan causar un efecto negativo en la economía o una emergencia declarada oficialmente, que genere un costo fiscal estimado equivalente al menos al uno por ciento (1%) del PIB, considerando los gastos directos en las diferentes etapas de la emergencia o desastre, y excluyendo los gastos
previamente presupuestados.

En el caso de alguno de esos eventos, las autoridades competentes, encabezadas por el Ministerio de Hacienda, emitirán un informe técnico, el cual deberá aprobarse por el Consejo de Ministros, y además, publicarse en el portal
web del Ministerio de Hacienda, y posteriormente informarlo a la Asamblea Legislativa.

La ley sería en cumplimiento de uno de los requisitos que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que haga mejoras en la transparencia fiscal y para ello se comprometió a la elaboración de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal (LSRF).

Esta normativa debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa a más tardar este 9 de mayo de 2025.Esta debe "incluir normas fiscales, cláusulas de escape claras, una vía de transición coherente con los objetivos del programa y normas para mejorar la credibilidad del presupuesto, incluido el análisis y la notificación anuales de los gastos fiscales".

Según el proyecto de ley enviado, la Ley tiene por objeto "emitir normas y lineamientos, que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado".

Ese objetivo se alcanzará a través de:

a) Una regla fiscal, que enuncie un objetivo de endeudamiento de mediano y largo plazo;

b) Un Marco fiscal de Mediano Plazo y un presupuesto anual elaborado y aprobado de conformidad a lo establecido en la presente Ley;

c) Publicación de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas de mediano plazo.

"Ajustarse el cincho"

La ley se aprobó con 59 votos de Nuevas Ideas, PDC, PCN y ARENA. Votó en contra Vamos.

"Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que deben realizar al FMI, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo y restablecer la disciplina en finanzas públicas. Llegó algo tarde esta ley, pero qué bueno que llegó", dijo el diputado Francisco Lira.

Aunque dijo que apoyarían la iniciativa, reprochó que se aprobara por dispensa de trámites y no se llevara a discusión en la comisión de trabajo respectiva. Y espera que no sea solo "un candado simbólico" al endeudamiento del país.

"Ojalá que sea una verdadera herramienta de control, donde ustedes se ajusten el cincho, al igual como lo están haciendo miles de salvadoreños porque el dinero ya no le alcanza", agregó.

Por su parte, la diputada suplente Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra de la ley porque no se estudió a profundidad, sino que se usó la dispensa de trámites, es decir, se aprobó de manera exprés. También advierte que las medidas de transparencia que se establecen no serían cumplidas.

"Porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel, pero ustedes no cumplen la ley", afirmó.

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La diputada Marcela Villatoro, también de ARENA, reiteró que apoyaban la ley esperando que sirva para sanear las finanzas del Estado. Pero también hizo algunos cuestionamientos, por ejemplo, que el límite establecido para el endeudamiento sería para futuros gobierno y no para el gobierno actual, dados los plazos y años fijados.

Otro señalamiento de la legisladora es que ante una posible suspensión, solo se establezca un informe y no se abra la posibilidad de revisión de la ley por parte de la Asamblea y que el marco fiscal de mediano plazo debió incluirse en la normativa.

"Necesitamos que este país tenga metas, necesitamos que éstas se cumplan y que no haya abusos que se estaban haciendo de gastos, del gasto corriente, aprobación de préstamos sin medida y sin tener la información necesaria", expresó.

La ley también estipula que el Ministerio de Hacienda deberá publicar a más tardar el 31 de mayo de cada
ejercicio fiscal el Marco Fiscal de Mediano Plazo debidamente actualizado, también deberá publicar un informe de cumplimiento de las metas fiscales, tanto de deuda límite como del balance primario.

Otra obligación para Hacienda es que publique mensualmente en el Portal de Transparencia Fiscal el saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago de bienes y servicios y de transferencias corrientes que registra la Dirección General de Tesorería, de las notas de crédito emitidas pendientes de pago y de los saldos de LETES, así como el flujo de los LETES emitidos y cancelados en cada mes.

Además, será obligación por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero remitir al Ministerio de Hacienda un
informe actuarial del Sistema Previsional, "que contenga los flujos de ingresos y egresos esperados con el objetivo prioritario de incorporar las cifras previsionales en las proyecciones fiscales".