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ARENA suspende a Roberto d'Aubuisson y a Alberto Romero
De recibir una condena del Sistema Judicial por corrupción, serían expulsados del partido.
El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) anunció este viernes que suspendió de manera temporal de los cargos partidarios y de la posibilidad de optar a cargos públicos a José Roberto d’Aubuisson, exalcalde, y a Alberto Armando Romero, exdiputado.
ARENA divulgó un comunicado en el que expone que en su lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de la transparencia, el Tribunal de Primera Instancia interno determinó que en ambos casos es “motivo suficiente para la suspensión temporal”.
“La resolución del Tribunal ordena que todo aquel que ostente cargo quedará suspendido en sus funciones partidarias y no podrá optar a ningún cargo de elección popular hasta haberse resuelto el proceso legal en su contra y en caso de haber condena, su expulsión del partido será inmediata”, señala el comunicado del partido.
El Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) acordó aplicar la suspensión temporal de los cargos partidarios y del derecho a optar a cargos de autoridad o elección popular mientras duren sus procesos legales de ambos afiliados.
“Reiteramos el compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública, así como su determinación de actuar conforme a la ley y a los principios éticos que rigen nuestra organización”, señaló el presidente del COENA, Carlos García Saade.
D’Aubuisson se desempeñó de 2015 a 2018 como alcalde de Santa Tecla y anteriormente fue diputado de la Asamblea Legislativa, siempre bajo la bandera de ARENA.
La Fiscalía General de la República (FGR) demandó en noviembre de 2023 a Roberto d’Aubuisson, a su esposa y sus dos hijos por un supuesto enriquecimiento ilícito de $992,699.52.
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Según la fiscalía, d’Aubuisson cuenta con 26 irregularidades que no pudo subsanar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia cuando fue diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo del 2012 al 2015 y cuando fungió como alcalde.
En el caso de Alberto Romero, el proceso en su contra dio inicio luego de que la Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque le ordenó devolver $445,776. Luego, Romero enfrentó un proceso de antejuicio y desafuero en la Asamblea Legislativa que fue solicitado por la FGR.
El 23 de agosto de 2023 la PNC informó sobre la captura del parlamentario en las instalaciones del palacio legislativo.
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El fuero le fue retirado en una sesión plenaria del 1 de septiembre de 2023 para enfrentar el proceso penal por supuesto cometimiento de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.