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Corte desestima desacato contra gobierno de Trump por deportaciones a El Salvador
Un magistrado estimó que el gobierno de Trump pudo incurrir en "desacato" al haber ignorado "deliberadamente" su prohibición de deportar migrantes bajo una ley de enemigos extranjeros de 1798.
Una corte de apelaciones estadounidense desestimó este viernes un proceso por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump por la deportación sumaria de supuestos miembros de una pandilla venezolana a El Salvador.
El dictamen de la corte de apelaciones revoca un fallo del juez federal de distrito James Boasberg.
En abril este magistrado estimó que el gobierno de Trump pudo incurrir en "desacato" al haber ignorado "deliberadamente" su prohibición de deportar migrantes bajo una ley de enemigos extranjeros de 1798.
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La Casa Blanca invocó esta ley del siglo XVIII en marzo para deportar a más de 200 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a una prisión de El Salvador.
El juez ordenó verbalmente detener los vuelos y que los aviones regresaran, pero los funcionarios estadounidenses hicieron caso omiso, motivo por el cual abrió una investigación por desacato.
Los dos jueces del tribunal de apelaciones nominados por Trump dictaminaron que Boasberg se extralimitó y la tercera, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, disintió.
La jueza Neomi Rao acusó a Boasberg de "abuso del poder" y de "intrusión en la autoridad del presidente sobre los asuntos exteriores".
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En su disidencia, la jueza Nina Pillard, recalcó que "el estado de derecho depende de la obediencia a las órdenes judiciales".
"Por eso la desobediencia intencionada de una orden judicial es sancionable como desacato penal", añadió.
La fiscal general Pam Bondi calificó el dictamen de "gran victoria" para la administración Trump y su uso de la ley de 1798 "para deportar a terroristas extranjeros ilegales".
La Casa Blanca ha criticado duramente a los tribunales de distrito que han bloqueado algunas de las decisiones del presidente.
En marzo Trump pidió que se destituyera a Boasberg, lo que le valió una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
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