En 1892, el gobierno de los generales hermanos Carlos y Antonio Ezeta autorizó que la entidad británica The Royal Insurance Company Limited (Londres, 1845) abriera una agencia en San Salvador. Fue la primera empresa que ofreció el seguro de daños en El Salvador, en especial para las plantaciones, bodegas y exportaciones de café, tan sujetas a saqueos, incendios y otros desmanes sociales o eventos naturales, como plagas, terremotos, inundaciones y más. Al año siguiente, los Ezeta anunciaron la creación y sostenimiento de un cuerpo de bomberos para la capital.
En el último lustro del siglo XIX, varias casas comerciales —dedicadas, en su mayor parte a negocios de diversa naturaleza, así como a exportaciones de materias primas agrícolas e importaciones de maquinaria y otros enseres industriales— eran las representantes en El Salvador de varias firmas aseguradoras europeas, en especial en sus sedes de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Presididas por extranjeros, esas firmas comerciales que controlaban el mercado de seguros contra incendios en el país eran Aepli Gross y Cía., Federico Arnold, Ascoli Hnos. & de Sola, William F. Manny, William Edmund Coldwell Pratt, Liberti y Cía., William Levy, Miguel Alberto Yúdice y el ciudadano chino M. R. Chon.
LEE TAMBIÉN: La primer acta de independencia del Reino de Guatemala
El 17 de marzo de 1904, la Asamblea Legislativa emitió el tercer Código de Comercio del país, que duraría hasta 1923. Para darle mayor profundidad a lo dispuesto en el capítulo II del Título VI de ese Código de Comercio en lo relativo al funcionamiento de los seguros contra incendio en el territorio nacional, el 21 de abril de 1904 el cuerpo legislativo emitió otro decreto sin número, destinado a fijar la documentación y registro que las compañías aseguradoras debían cumplir para desplegar su actividad de emisión de pólizas contra incendios. Ese decreto fue publicado en el Diario Oficial no. 102, tomo 56, el lunes 2 de mayo de 1904, pág. 765 y buscaba regular la actividad de una empresa alemana (Hanseatic Fire Insurance Company) y siete británicas (Royal Exchange Assurance, Guardian Assurance Company Limited —fundada en 1821—, Commercial Union Assurance Company, Northern Assurance Company, Sun Fire Office, Royal Assurance Company y The British and Foreign Marine Insurance Company Limited).
Mientras esos agentes locales de seguros ofrecían sus productos internacionales, también comenzaron los más variados intentos por defraudar a las casas aseguradoras extranjeras mediante el pago de pólizas que aseguraban a bodegas sin producto inventariado, a talleres sin maquinaria o con elementos obsoletos e inservibles, a fábricas e instalaciones valuadas por encima de sus precios reales, a joyas, cuadros supuestamente antiguos y valiosos, otros caudales inexistentes, etc. Por eso, no resultaba nada extraño que se suscribieran pólizas en colones, aunque las más valiosas estaban registradas en libras esterlinas y en dólares estadounidenses.
Entre 1905 y 1920, las operaciones fraudulentas lesivas hacia las compañías aseguradoras contra incendios se desarrollaron con la complicidad de evaluadores inescrupulosos y de jueces de Comercio venales, dispuestos a tomar parte en aquellas acciones delictivas a cambio de una parte de las sumas defraudadas a las aseguradoras internacionales, gracias a vacíos de ley o interpretaciones retorcidas en cuanto al uso detallado de libros de contabilidad, ausencia de seguros de daños a terceros, etc.
En su máximo punto histórico durante esos años, los montos globales asegurados ascendieron a poco más de 38 millones de colones, mientras que las pólizas contratadas sumaban unos 667,000 colones al año. Así, por partida doble, grandes sumas de dinero eran defraudadas a las aseguradoras, pero ellas también se llevaban muchos recursos monetarios fuera del país, cuya economía agroexportadora serios problemas desde la crisis sistémica de 1896, agravada por diversas rebeliones internas y el estallido de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.
TE INTERESARÁ: Desde West Point y San Salvador hasta las puertas de la NASA
El 19 de enero de 1920, un devastador incendio consumió varios negocios y residencias en el centro de San Salvador. Dos días más tarde, el gobierno resolvió refundar el Cuerpo de Bomberos y lo asignó como dependencia a la Dirección General de Policía. El domingo 25 de abril, las llamas destruyeron a la Fábrica de Velas y Jabones La Favorita, de H. de Sola, ubicada en el predio donde ahora funciona la sucursal de La Despensa de Don Juan-Walmart. En la noche del 22 de julio, otro siniestro redujo a cenizas diversos negocios y casas ubicados al oriente de la Catedral. Entre ellos, el primer Banco Agrícola Comercial y los almacenes Goldtree Liebes y París Volcán.
En el primer cuatrimestre de 1921, tan sólo en la capital se produjeron seis incendios de considerables proporciones en almacenes y residencias amparadas por sendas pólizas de seguro. No faltaron los señalamientos públicos y privados de que dichos siniestros tenían orígenes intencionales y que manos criminales eran las responsables de encender las mechas y productos inflamables. La prensa abrió un debate al respecto gracias a sus noticias y editoriales. La presión social provocó la inmediata reacción del gobierno de turno, en un año crucial en que muchas miradas extranjeras estaban puestas sobre la región centroamericana debido al próximo centenario de la firma del acta de independencia del 15 de septiembre de 1821.
El miércoles 13 de abril de 1921, desde su Salón Azul en el segundo Palacio Nacional de San Salvador, la Asamblea Legislativa emitió un decreto para regular las actividades de las compañías de seguros contra incendio, mediante la creación de una oficina gubernamental que denominó Inspección General de Seguros contra Incendio. Dicha legislación pionera fue publicada por el Diario Oficial, no. 85, tomo 90, sábado 16 de abril de 1921, págs. 549-550.
Como primer inspector general de esa oficina y de la Dirección General de Policía fue nombrado el doctor infieri Federico Guillermo Kreitz Torres (San Salvador, 02.noviembre.1877-¿?), un egresado de la Universidad de El Salvador que aplicó esa legislación disponible de forma implacable, lo cual causó gestos de rechazo por parte de las agencias aseguradoras estadounidenses, que amenazaron con retirar todas sus pólizas del mercado y cerrar sus operaciones en El Salvador. Para su funcionamiento, a esa nueva oficina gubernamental le fueron asignados un inspector seccional, un secretario, un primer escribiente, un segundo escribiente y un notificador.
De julio a diciembre de 1921, la Inspección General logró que fueran suscritas 552 pólizas de seguros contra incendios, por un valor global de 9,503,737 colones. Al año siguiente, fueron suscritos 747 contratos por un monto total de 15,200,365.85 colones. Lejos quedaban ya aquellas cifras desmesuradas para asegurar bienes, pues los artículos de la ley de la Inspección General limitaron y controlaron bastante las acciones fraudulentas en el valúo de propiedades y el pago de seguros. Eso se logró gracias a una drástica reducción en el número de personas dedicadas a realizar los valúos de bienes y propiedades para suscribir pólizas de seguros contra incendio, quienes no podían permitir que ningún edificio comercial o residencial, bodega o almacén fuera asegurado arriba de las tres cuartas partes de su valor real.
Un punto crucial en esas regulaciones llevadas a cabo por la Inspección General de Seguros contra Incendio lo constituyó la redacción y promulgación de un Reglamento de instalaciones y servicios eléctricos, que desde julio de 1921 trazó lineamientos para los trabajos de las redes eléctricas y fabriles instaladas en aquel El Salvador anterior al funcionamiento de las represas hidroeléctricas en el lago Güija, el río Lempa y los reservorios geotérmicos de Ahuachapán y Usulután. Aunque la electricidad se usaba desde 1892, gracias a la planta de Agua Caliente instalada por la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS, 1890), muchas de las instalaciones residenciales eran hechas por personal no capacitado o por personas que realizaban conexiones ilegales. Todo ello representaba un riesgo, debido a que los cortocircuitos podían dar lugar a siniestros en cuestión de segundos.
Según la memoria anual presentada en 1924 a la Asamblea Legislativa por el Secretario de Gobernación, Dr. Rodolfo Schönenberg, “desde que fue reglamentada la Inspección General de Seguros contra Incendio, el número de asegurados disminuyó notablemente y esto indica que dicha reglamentación vino a poner coto a los abusos de personas que, poco escrupulosas, se valían de este medio para la especulación” (Memoria de Gobernación de 1923, Diario Oficial, San Salvador, no. 51, tomo 96, viernes 29 de febrero de 1924, pág. 459). En el ambiente económico no dejaba de sentirse el fuerte impacto de la Primera Guerra Mundial y el endeudamiento que el gobierno salvadoreño había contraído en 1922 con varios banqueros de Wall Street, por lo que las inversiones, exportaciones, importaciones e impuestos no atravesaban por su mejor momento en aquel año.
Para ese mismo año, el propio gobierno de El Salvador tenía asegurados 28 de sus edificios más representativos con pólizas de seguros contra incendio por un monto global de 1,283,000 colones, por las que pagaba primas anuales por 35,133.40 colones a diversas agencias de casas aseguradoras extranjeras. La principal era la Union Commercial. Otras empresas aseguradoras contratadas por el régimen del Dr. Alfonso Quiñónez Molina eran la Hartford Fire Insurance Company, Palatine Insurance Company Limited, Yorkshire Insurance Co. Ltd., The Royal Insurance Co. Ltd. y General Accident Fire and File Assurance Corporation. De esa manera, el gobierno buscaba evitar los impactos económicos de incendios como el del primer Palacio Nacional (1889), el primer Teatro Nacional (1910) y los de edificios como el Teatro Colón (1917).
ADEMÁS: Conoce a la salvadoreña que pasó a la historia como la primera mujer ingeniera de Iberoamérica
En el informe anual de 1931 rendido ante el pleno legislativo por el ministro de Gobernación, general Salvador Castaneda Castro (1888-1965) indicó que las nueve compañías de seguros contra incendio acreditadas en el país presentaron 839 solicitudes de pólizas para aprobación, de las que la Inspección General rechazó 43 contratos de seguros de inmuebles y 32 de seguros de mercaderías. Esos rechazos se debieron a que las pólizas aseguraban a propiedades y mercaderías cuyos precios superaban las tres cuartas partes del fijado por la legislación vigente. El reporte ministerial también reveló el profundo golpe económico nacional tras la debacle bursátil de Wall Street.
En 1935, año de la reelección presidencial manipulada del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, la Inspección General de Seguros contra Incendio y el Diario Oficial presentaron por última vez al público los valúos mensuales de las pólizas de seguros suscritas. Cada mes, los largos listados eran publicados en ese medio oficial y podían ser consultados por cualquier persona interesada. Pasarían varios años antes de que se retomara esa obligación de ley, pero sería por poco tiempo.
Entre 1927 y 1944, el puesto doble de Director General de Policía y Director General de Seguros contra Incendio fue militarizado. Tras la detención de Kreitz Torres como presunto copartícipe en el golpe contra el Dr. Pío Romero Bosque p., su cargo fue ocupado de forma sucesiva por el general Enrique Leitzelar, el coronel Osmín Aguirre y Salinas, el brigadier Armando Llanos Calderón (chileno), el coronel Francisco Linares, Juan F. Merino R. (civil, nombrado en 1937) y los coroneles Rudesindo Monterrosa Velásquez, Ramón Dávila y José Ángel Avendaño. En ese esquema burocrático, la prevención de incendios y su tratamiento efectivo en terreno eran asuntos policiales con planificación militar.