El martes 26 de noviembre, en Washington DC la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, firmaron un acuerdo marco para avanzar en el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
En el documento firmado por ambos funcionarios, se busca establecer los objetivos, definiciones, estructura, competencias, obligaciones y líneas de acción de esta comisión.
Sin embargo, según el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, el acuerdo “es muy general y no define ninguna competencia para la CICIES”.
A su juicio, “medio se menciona el tema de apoyo en la investigación, pero no habla de ninguna facultad concreta. Nuestro temor, si esto se queda así, es que tendremos una CICIES inútil”.
De acuerdo a este acuerdo marco, en su apartado de competencias, la CICIES podrá suscribir acuerdos con otros órganos de Estado e instituciones (como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas); acompañar a la Fiscalía en diligencias que esta última requiera; recomendar las medidas necesarias para garantizar seguridad de denunciantes; víctimas o testigos en casos de alto impacto; trasladar documentación a la Fiscalía para que fortalezca sus funciones y notificar posibles faltas administrativas de funcionarios públicos.
Según Rubio, lo establecido en el documento es insuficiente para que la comisión tenga un impacto y teme que esta “solo servirá para algo que el presidente use a su conveniencia política y decir que cumplió”.
Sobre querellantes
El acuerdo marco entre la OEA y el Gobierno de El Salvador incluye la posibilidad de que la comisión presente ante la Asamblea propuestas de reformas como “habilitar a los miembros de la CICIES para que se constituyan como querellantes”.
Esto significa que el equipo de esta comisión pueda acompañar en la Fiscalía en procesos penales. Este es quizá uno de los puntos más destacados de lo firmado por la canciller Hill y el secretario Almagro y de los puntos que más claramente definen la aspiración de operatividad de la CICIES.
Esto se asemeja a lo que en Guatemala hizo la CICIG, a la cual se le permitió acompañar a la Fiscalía en el fortalecimiento de las acusaciones penales. Para ello, sin embargo, tuvo que pasar por aval legislativo y de la Corte de Constitucionalidad.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, advierte que el ordenamiento jurídico es bastante restrictivo para que la CICIES pueda asumir las funciones de querellas, incluso más que el de Guatemala. En el país, explica, solo pueden querellar instituciones nacionales, por lo que habría que reformar la ley, pero también llama a que el convenio con la OEA sea ratificado por la Asamblea para darle mayor peso legal.
Rubio se suma a advertir que esto requerirá cambios al Código Procesal Penal, pero duda de la utilidad de que sean querellantes si no van a tener facultades investigativas.
¿Y la ONU?
Según el director de Funde, desde la sociedad civil se planteó en diversas ocasiones que la OEA se limitara a un rol consultivo y de apoyo institucional, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podía ayudar a establecer una comisión internacional con facultades investigativas e independiente del poder político como hizo en el caso de Guatemala.
A su juicio, la OEA es más amigable con el gobierno actual, por lo cual no espera una comisión tan independiente y dispuesta a tocar casos difíciles como sí fue el caso de Guatemala, donde investigaciones apoyadas por la CICIG incluso derribaron a un gobierno plagado de corrupción.
Uno de los aspectos negativos que destaca de la gestión con la OEA es que el nombramiento del comisionado, recogido en el artículo 3.4 del acuerdo marco, es competencia del secretario general de la OEA con el visto bueno del gobierno. Esto puede limitar su independencia, añade.
Similar comentario hizo Edgar Ortiz, jurista guatemalteco consultado por este medio, quien no adelantó opinión sobre el acuerdo de CICIES pero notó que en el caso de Guatemala, el gobierno no tenía voz ni voto en el comisionado anticorrupción.
Al respecto de Naciones Unidas, Eduardo Escobar afirma que esta institución ya contestó la petición de apoyo que hizo el gobierno de Bukele. Sin embargo, sostiene que el gobierno salvadoreño no ha contestado la petición y los llama a dar una respuesta de “si realmente están interesados en que la ONU participe en el esfuerzo”.
El director de Acción Ciudadana no descarta que esto conforme una nueva comisión, si El Salvador acepta el apoyo de la ONU, en vista de que el enfoque podría ser muy diferente.
El Diario de Hoy intentó conocer el estado de la conversación con la ONU, consultando al secretario de prensa de la presidencia y al vicepresidente Félix Ulloa qué les notificó esta entidad y cuándo responderá el gobierno. Al cierre de esta nota, el secretario afirmó que remitiría las preguntas y Ulloa no contestó.