El secretismo en instituciones públicas para dar acceso a información pública y la inseguridad ciudadana son dos de los mayores retos que enfrentan organizaciones que trabajan en el combate de la corrupción en el país.
Esa fue parte de la reflexión que representantes de cuatro organizaciones ciudadanas hicieron ayer durante la tercera jornada de la Semana de la Transparencia, organizada por el Consorcio por la transparencia y la lucha contra la corrupción que se realiza en la capital.
Al ser consultados sobre cuáles son los desafíos que atraviesan en su trabajo diario, ya sea desde las oficinas o en el territorio, los panelistas mencionaron varios pero coincidieron en que la poca apertura a la información pública es uno de ellos.
“Vencer la cultura del secretismo y tener acceso a la información ha sido complicado. Era una constante lucha”, explicó Camila Figueroa, en representación del Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas.
La joven contó que al inicio cuando solicitaban información a la contraloría se las entregaban en formatos difíciles de procesar; también encontraron que entre una y otra Cámara de la Corte la información estaba sistematizada de forma diferente y en otros casos ni siquiera la tenían sistematizada, o les decían que no existía.
En la misma línea, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, entidad que ha implementado un observatorio de los partidos políticos, dijo que un desafío para ellos ha sido que les den información sobre los financistas de los partidos. Incluso, recordó que en ocasiones han tenido que demandar a los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que liberen información, porque mostraban resistencia a hacerlo.
Desde otro ángulo, organizaciones como Techo El Salvador, cuyo trabajo está enfocado a proyectos de combate a la pobreza en 100 comunidades del país, hace frente a otro desafío: la inseguridad pública, según destacó William Pavón, director de desarrollo territorial de la organización.
“La inseguridad es un reto que no se puede obviar. La violencia en la que viven varios asentamientos se debe tomar en cuenta. Debemos tomar las precauciones para ir a nuevos asentamientos”, afirmó.
Esa misma preocupación externó Rodolfo Mejía, director del Centro de investigación para la democracia (Cidemo) de la Universidad de Oriente (Univo).
“Nos preocupa la seguridad ciudadana para hacer el trabajo de campo”, secundó. Incluso, comentó que elaboran un protocolo de seguridad para los jóvenes que deben ir a los proyectos en zonas que pueden ser de riesgo para ellos para que sepan cómo afrontar cualquier situación.
Otros retos en el camino
Los representantes de las cuatro organizaciones también mencionaron otros escollos en su lucha contra la corrupción, cada una dentro de la naturaleza de su trabajo.
En el caso de Techo El Salvador, William Pavón mencionó que uno de los retos es lograr una participación más activa de la ciudadanía y que surjan nuevos liderazgos en más comunidades para trabajar en nuevos proyectos; además deben luchar contra la corrupción que se da en las comunidades con las que trabajan, señaló.
“Trabajamos por fortalecer la transparencia desde las comunidades. La corrupción también está presente allí cuando tienen que dar sobornos a directivas de comunidades”, admitió Pavón.
Eduardo Escobar explicó que para Acción Ciudadana es un reto llevar a la ciudadanía la información que reciben de los partidos de una forma más comprensible y que usen esa información para cuestionar a sus gobernantes. Pero también dijo que es un desafío que la ciudadanía vea la relevancia que hay en la relación entre dinero y política “porque puede ser problemática” en la lucha anticorrupción.
Escobar agregó que otros desafíos son no perder la credibilidad en el trabajo que hacen, mantener el rigor de sus estudios, que las instituciones mantengan la confianza en la organización y el más “ambicioso” reto es lograr un cambio en los partidos para que tengan más apertura.
Rodolfo Mejía, de Cidemo, comentó que para ellos significará un reto lograr la descentralización del acceso a la información mediante una carta de entendimiento con el Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
También dijo que evitar el sesgo en sus investigaciones será otro de los desafíos para la entidad que dirige.
En el conversatorio de ayer, los dirigentes de las organizaciones que participaron relataron los tropiezos que tuvieron al inicio con los proyectos en los que trabajan, pero también hablaron de los logros obtenidos en el camino.
Para Techo El Salvador ha sido gratificante que en sus 22 años de existencia han logrado formar líderes comunitarios, son más de 2,000 según mencionó Pavón. También destacó que 3 de cada 4 líderes son mujeres, quienes combinan sus roles familiares y laborales con los de dirigentes.
En el caso de Acción Ciudadana, que comenzó en 2016 a vigilar la actividad de los partidos políticos, contó que uno de los primeros hallazgos en su labor fue que ninguna institución estatal monitoreaba a los partidos, lo cual les preocupó porque ni la Corte de Cuentas ni el TSE lo hacían cuando son entidades competentes para ejercer un control sobre los institutos políticos.
Tras varias batallas, indicó Escobar, “hemos logrado que los partidos revelen más información, pero tuvimos que demandarlos ante el TSE”.
Mientras que Figueroa contó que encontraron debilidad institucional en la Corte de Cuentas, pero que han logrado hacer investigaciones que muestran cómo está la institución. El observatorio a la contraloría inició en 2018.