Una de las propuestas que presentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) al gobierno de Nayib Bukele es la reforma o eliminación de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
Esta le permite al gobierno usar de manera expedita recursos de emergencia, pero ha permitido que este no rinda cuentas de cómo ha empleado los fondos.
De hecho, la mayor parte de los cuestionamientos que ha recibido el gobierno durante la pandemia viene de dinero inyectado al Fopromid y del cual ha resistido rendir cuentas.
Por ello, Javier Castro manifestó que “urge reformar la Ley de Fopromid que ha permitido la opacidad y la ausencia de controles efectivos para el uso de fondos púbicos durante la emergencia”.
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Wilson Sandoval, de Alac-Funde, ve este fondo como una amenaza a la rendición de cuentas. “Recordemos que nace en el periodo de (Tony) Saca y desactiva mecanismos de control y rendición de cuentas como la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública)”.
Por su parte, el presidente de DTJ, José Marinero, recordó que una buena parte de las denuncias de corrupción surgidas durante la pandemia vienen del manejo de los recursos de Fopromid.
“Eso te indica que en su diseño, ese fondo tiene claramente defectos como el uso arbitrario del dinero o para corrupción directamente”, expresó.
Por eso, dijo que más allá de una reforma de ley, “preferiría verlo derogado y reconstruido con un fondo distinto y mecanismos apropiados de rendición de cuentas”.
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Los expertos en transparencia consultados coincidieron en que en papel la iniciativa suena bien, pero llamaron a la CICIES a dar a conocer el pliego de reformas para poder evaluar su contenido a profundidad,