La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) llamó al gobierno de Nayib Bukele a fortalecer el combate a la corrupción por medio de una serie de reformas legales.
Entre las leyes que proponen reformar, está la de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959. En 2016 se intentó pasar una Ley de Probidad que buscaba sustituirla, pero esta fue suspendida por la Sala de lo Constitucional por debilitar el combate a la corrupción en lugar de fortalecerlo.
Asimismo, la CICIES pide modificar el Código Penal, el Procesal Penal, la Ley contra el Lavado, la de Ética Gubernamental y la de Extinción de Dominio.
También piden reformar o derogar la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). Esta última le da al gobierno mecanismos para acceder de forma ágil a fondos para atender emergencias. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, hay acusaciones de que esta modalidad le ha permitido al gobierno saltarse controles y rendición de cuentas en su gasto de cientos de millones de dólares (ver nota aparte).
A juicio de expertos en transparencia abordados por El Diario de Hoy, en un inicio es positivo que la CICIES plantee un pliego de reformas en consonancia con exigencias de la sociedad civil.
Sin embargo, afirman que el fondo de estas propuestas de la comisión es aún desconocido, por lo que muestran cautela al comentar sobre la conveniencia de lo propuesto.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, cree que este proceso de reformas demostrará si realmente hay voluntad política para combatir la corrupción. “Se evidenciará si hay coherencia entre el discurso y la acción”, opina.
Por su parte, Wilson Sandoval de Alac-Funde consideró que hacer “reformas legales a las normas anticorrupción y de rendición de cuentas es indispensable de cara a perseguir y castigar estos delitos”.
Por su parte, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que “es urgente que la CICIES revele el contenido de las propuestas” que presentó al gobierno. “Con escuchar los títulos uno puede decir que es positivo, pero no sabemos en qué sentido van las propuestas”, añadió.
Además de las reformas, la comisión, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), también recomendó fortalecer a la Fiscalía General de la República y otras instituciones que ejercen control sobre la gestión pública.
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También pidió actualizar leyes “que regulen eficazmente la función pública”. Esta ha sido una exigencia de la sociedad civil, que busca resolver el nepotismo, las plazas fantasmas y la corrupción en el servicio civil por medio de una ley que norme las contrataciones de personal en el Estado y asegure que respondan a mérito e idoneidad.
La CICIES también pidió que se garantice poder ser parte activa del proceso penal como querellante y que la Asamblea Legislativa ratifique el acuerdo por el que se conformó.
Esta también es una propuesta que coincide con exigencias de la sociedad civil, que ha llamado a fortalecer a la CICIES y dotarla de mayor independencia del Ejecutivo.
Reformas provienen de diálogo con sociedad civil, dice comisión
En su comunicado, la CICIES manifestó que “las reformas sugeridas (…) derivan de un análisis de diversas propuestas realizadas por instancias de la sociedad civil y de entidades intergubernamentales”.
Sin embargo, José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, manifestó que “ellos dicen que han consultado a la sociedad civil, pero de nuestras redes (de organizaciones que han trabajado propuestas de transparencia) te confirmo que nadie (fue abordado por CICIES)”.
Pese a esto, Marinero ve consonancias en algunos de los temas que la CICIES plantea en su comunicado, como la posibilidad de que la comisión sea querellante en casos de corrupción o su independencia.
Además, ve con buenos ojos la eliminación o reforma del Fopromid, que considera una de las herramientas más fuertes que ha usado el gobierno para evadir controles en el uso de millones de dólares de emergencia para atender la pandemia del COVID-19.