A 42 días del segundo aniversario del feminicidio contra la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, 12 de sus colegas y dos civiles que habrían estado implicados (directa o indirectamente) en el crimen deberán comparecer este lunes 18 de noviembre en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer. En la audiencia, la jueza resolverá si los envía a juicio o los absuelve.
Solo Juan Josué Castillo Arévalo (a) “Samurái”, agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), tiene que responder por el delito de feminicio agravado, pues es el principal sospechoso de haber cometido el asesinato, la madrugada del 29 de diciembre de 2017. Él está prófugo desde ese día, pese a que hay una orden de captura internacional en su contra y se ha ofrecido una recompensa de $5,000 para quien ayude a localizarlo.
Al resto de policías y los civiles la Fiscalía General los acusa de incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en modalidad de omisión por comisión, informó la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales.
Entre los imputados están el subcomisionado Julio César Flores Castro -exjefe del GRP y exsubjefe de la Subdelegación de Soyapango- y el inspector Pablo Estrada Villalobos. El primero enfrenta el proceso en libertad, desde septiembre pasado; el otro está en prisión.
Los 12 policías procesados fueron aprehendidos en junio de 2018, seis meses después del crimen contra Ayala, quien pertenecía a la Unidad Disciplinaria de la Policía y era madre de dos adolescentes.
Las investigaciones indican que Flores Castro la invitó a la fiesta de fin de año que se realizó la noche el 28 de diciembre de 2017. El festejo, en el que los asistentes tomaron licor, fue en la base donde funcionó el GRP, en la residencial San Fernando, al sur de San Salvador.
En la madrugada, “Samurái”, y dos compañeros recibieron la orden de llevar a la víctima a su casa, en Apopa. En el trayecto, según la Fiscalía, Castillo le disparó en la cabeza a Ayala, sin que sus colegas lo detuvieran; después los dejó en el GRP y huyó con Ayala.
El cadáver de la policía fue hallado nueve meses después en una fosa en un cantón de San Francisco Javier, Usulután.
El feminicidio de Ayala llevó a la PNC a desintegrar el GRP, el principal grupo élite de la institución.