El Salvador reprobó por tercera vez consecutiva el control de la corrupción que forma parte de 20 indicadores que la Corporación del Reto del Milenio (MCC) del gobierno de Estados Unidos evalúa cada año para determinar dónde invertir sus fondos de desarrollo. Además, reprobó seis indicadores más.
La MCC hace esta medición cada año y es de cumplimiento obligatorio para que el país mantenga el apoyo financiero que da a través del programa Fomilenio II y en cada indicador el país debe llegar al menos al percentil 50.
Este es el tercer año consecutivo que El Salvador reprueba el indicador de combate a la corrupción, esta vez con una calificación de 41 %, el año pasado con 48 % y en 2018 con 47 %.
Un breve comunicado de la Embajada de Estados Unidos aclaró que la evaluación se ha hecho sobre la base de datos independientes de terceros que reflejan cifras y datos recopilados hasta el 31 de diciembre de 2018 o antes. “Los datos con cifras del año en curso no forman parte de la evaluación dada a conocer este día”.
Este año, en febrero, Cinthya Huger, directora de la Agencia MCC hizo llegar una carta el entonces presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, advirtiendo que “si MCC llegase a determinar que el Gobierno de El Salvador ha participado en un patrón de acciones inconsistentes con los criterios de elegibilidad, podría haber consecuencias negativas para nuestro socio”.
Actualmente Fomilenio II se encuentra iniciando el último año de ejecución del programa, el cual tiene una inversión de $365 millones, de los cuáles $277 son otorgados por el gobierno de los Estados Unidos.
Para el analista Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) este esta evaluación es el resultado de la mala gestión del gobierno del FMLN de estos últimos cinco año.
“Esta evaluación está enfocada en el anterior gobierno. Fue este último gobierno el que dejó una mala estela de su gestión, lo que fue una de las razones de su fracaso electoral. Hubo dos razones destacadas las que le provocaron el desastre al gobierno del Frente: una fue la deficiencia enorme en materia de gestión gubernamental y dos, la evidente corrupción que hubo en ese gobierno”, señaló Rubio.
El analista explicó que el gobierno anterior demostró que no tenía la capacidad de gestión gubernamental y la corrupción que ni siquiera fue sancionada y la falta de actuación de la Subsecretaría de Transparencia, que incluso mostró “complicidad”.
Indicadores reprobados
Los otros indicadores reprobados son Efectividad gubernamental, Estado de Derecho, Creación de Empresas, Efectividad gubernamental, Tasa de finalización de la educación secundaria femenina, Protección de recursos naturales y Tasa de inmunización.
Los indicadores se agrupan en tres categorías. En la categoría de Libertad Económica, el indicador de Creación de Empresas vuelve a ser reprobado. En los 10 años de evaluación en los que El Salvador ha sido beneficiado por el programa Fomilenio I y II este indicador nunca ha llegado ni al 50 %, lo que indica deficiencias en el impulso de negocios en el país.
En la categoría Gobernar con Justicia son tres los indicadores reprobados: el de Control de la corrupción, Efectividad gubernamental y Estado de Derecho.
Y en la tercera categoría Invertir en la gente el país reprobó tres de seis indicadores: Protección de los recursos naturales, Tasas de inmunización y Tasas de la finalización de la educación secundaria femenina.
Trabajo para el nuevo gobierno
Para Rubio, aunque la reprobación corresponde al gobierno anterior, es trabajo del nuevo gobierno cambiar esta realidad, empezando por combatir la corrupción desde el Ejecutivo.
“Este gobierno, aparte de lo de la CICIES que está más en el papel que en la realidad, no se ve nada hacia dentro, me refiero a que el control de la corrupción debe también ser hacia adentro, porque la lucha contra la corrupción no debe ser solo contra los adversarios, sino combatir las posibles corrupciones internas”, explicó.
Mencionó, además, que si bien es cierto el presidente de la República, Nayib Bukele y su gabinete han dicho que eliminaron la partida secreta de gastos reservados, debe haber más transparencia.
“Los gastos reservados han sido una de las fuentes principales de corrupción de los gastos reservados de los anteriores gobiernos, especialmente de Saca y Funes (ex presidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, el primero condenado a 10 años por corrupción y el segundo, prófugo de las justicia salvadoreña acusado de lavado de dinero y corrupción y ahora nacionalizado en Nicaragua, protegido por el gobierno de Daniel Ortega). Pero de pronto el Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) pide información sobre la partida 54315, que es la partida de gastos reservados y le responden que no porque es confidencial. Estas no son señales positivas”, aseveró Rubio, a pesar del poco tiempo que tiene este gobierno.
Esto, dijo Rubio, no ayuda al país y no abona a que la imagen de El Salvador cambie y dé indicios de combate a la corrupción y de mayor transparencia.
Incluso, Jean Manes la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, recalcó en su momento que había todo un sistema corrupción en el Estado que debía ser aniquilado. “Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan. Esto no se trata de un par de personas evadiendo la ley, se trata de un sistema diseñado para ocultar un fraude que involucra miles de personas tras la burocracia, la ineficiencia y la falta de transparencia”, aseveró en agosto del año pasado.
MCC pone en vilo los fondos de Fomilenio II
El indicador de Control de la Corrupción es uno de obligatorio cumplimiento para los países que son favorecidos con los fondos del Milenio, y esta tercera reprobación podría poner el programa Fomilenio II en riesgo, tal como lo advirtió Huger en su carta de febrero.
Sin embargo, aunque las reglas de la MCC son claras y firmes, Rubio cree que no cortaría la ayuda, a un año de que finalice, pero que esto sigue siendo un mal precedente para el país.
“Queda un año y el peligro es que corten los beneficios ahora, pero aquí lo importante es la promesa que el nuevo gobierno tome de medidas concretas para combatir la corrupción dentro del gobierno, a parte de la lucha de la corrupción fuera del gobierno, pero no como arma política, sino como un instrumento real de combate a la corrupción y a la impunidad”, aseveró el analista.
Según Rubio hay mucho trabajo por hacer que no se limita a una CICIES, y sugirió que el nuevo gobierno debería de implementar una “clase de inspectoría”, tomando en cuenta que la integren miembros de la oposición para investigar a los funcionarios del Ejecutivo.
“Será en uno o dos años que veamos la actuación de este nuevo gobierno, que veamos si de verdad hay un combate a la corrupción y a la impunidad o si vemos más de lo mismo. Debemos estar atentos en los manejos presupuestarios”, dijo el representante de la Funde.
Casos de corrupción
El lavado de dinero del que es acusado el expresidente Funes, por más de $300 millones así como el caso de la presa El Chaparral son los más sonados de la corrupción del gobierno anterior.
Incluso el presidente Bukele llamó al Chaparral un “monumento a la corrupción ya que no solo ya lleva 10 años en construcción, sino que de costar en un inicio $209 millones, ahora le costará al país $751 millones.