Para la Fiscalía General de la República, el tiempo de dos años para procesar estructuras de crimen organizado y casos de corrupción con nexos internacionales, es muy poco, ya que las diligencias se demoran por varios meses, poniendo en riesgo que muchos de los imputados detenidos queden en libertad al cumplirse sus dos años sin tener una condena firme.
A ese tiempo se le suma el de los congelamientos de plazos en los procesos judiciales que han sido ordenados por la pandemia del COVID-19 en los últimos meses. Algo que para el jefe de unidades especializadas del Ministerio Público, German Arriaza, es muy preocupante, ya que existen 53 casos donde los tiempos están por vencer en los próximos meses.
El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que la detención de un ciudadano “no debe exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y de veinticuatro meses para los graves…”.
Al vencerse ese tiempo, los jueces deben aplicar medidas para sustituir la cárcel por otras medidas como arresto domiciliar, uso de un brazalete electrónico, pago de fianzas o no salir del país.
Arriaza señaló que las investigaciones de algunos casos de estructuras de crimen organizado con nexos en el extranjero son complejas y los tiempos para pedir la documentación (asistencias judiciales) son tardados, a eso se le suma las fechas para programar las audiencias debido a la carga judicial en algunos juzgados.
“Existen países que se demoran hasta un año en enviarnos los documentos para comprobar la participación de un imputado en el extranjero, más el tiempo que nos llevamos acá en realizar las investigaciones, dos años son muy poco”, sostiene Arriaza.
El jefe fiscal señaló que “no es lo mismo investigar la delincuencia común que a una estructura de corrupción organizada, sobre todo cuando hay que realizar análisis financieros en el extranjero y otras diligencias delicadas”.
Entre los casos que están por vencerse está la investigación contra José Adán Salazar Umaña, apodado “Chepe Diablo”; el ex alcalde de Metapán, Juan Umaña, y otras seis personas acusados de lavar $138 millones, según la investigación de Fiscalía.
Los ocho procesados tuvieron un incremento patrimonial de30 $508 millones no justificado, sin declarar al fisco $138 millones, que fue el monto que lavaron en dos rubros económicos, sostiene Fiscalía.
Otro de los casos es la investigación contra la esposa del expresidente Elías Antonio Saca, quien es procesada por haber lavado $17,344,000, fondos provenientes de la Presidencia de la República, durante la gestión de su esposo. De Saca tiene arresto domiciliar.
El jefe fiscal pidió a los jueces realizar los cálculos adecuados de los tiempos de los plazos y a imponer medidas proporcionadas al tipo de delito que sea procesado el imputado.
“Existe una alta probabilidad de que los imputados aprovechen esas medidas sustitutivas para no presentarse a los juicios y los casos queden en la impunidad”, consideró Arriaza.