Ana Ligia de Saca es enviada a juicio por lavado de dinero

El Fiscal General dijo que podrían considerar hacer con ella un juicio abreviado solo si regresa $17 millones al país.

Ana Ligia de Saca, al centro, en el tribunal donde, este miércoles, el Juzgado Séptimo de Instrucción la envió a juicio. A la izquierda, el hermano de ella, Óscar Mixco Sol, quien fue sobreseído. Foto EDH / EFE

Por Diana Escalante

Sep 25, 2019- 21:00

La ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, fue enviada a juicio por el caso “Destape a la Corrupción II” por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

La exfuncionaria seguirá el proceso judicial junto a los acusados César Daniel Funes Cruz y Ricardo Lemus Zelaya bajo medidas alternas a la detención (en libertad).

Mientras que otros 10 personas procesadas fueron liberadas de cargos. Ellas son: Óscar Edgardo Mixco Sol,
José Antonio Lemus Saldívar, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Roberto Zamora Bolaños. También Sonia Guadalupe Morales, María Enma Suazo, Rubén Ernesto Castro Castillo, Ángel José Montoya González y Oswaldo Antonio Orantes Marenco.

El juez Miguel Ángel García Argüello no dio detalles al dar su sentencia; dijo que entregará su resolución escrita el próximo 4 de octubre.

Miguel Flores Durel, abogado de De Saca, dijo que esperará leer la resolución para estudiarla y ver qué acciones pueden tomar, además porque el juez solo se refirió a algunos de los seis casos de lavado de dinero que imputan a los procesados.

De Saca es acusada por la Fiscalía General de la República de haber lavado de 17,344,000 dólares, fondos provenientes de la Presidencia de la República, durante la gestión de su esposo Elías Antonio Saca, quien cumple la condena de 10 años de prisión por el desfalco de $301 millones del Estado.

Tras conocer la resolución, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo que ella va a ser procesada de manera ordinaria y van a a ser los jueces los que dictaminen cuál va a ser la condena, pero dijo que podrían considerar un proceso abreviado si paga los $17 millones.

“Hoy por hoy, tenemos cantidades de dinero que han sido robadas al Estado; El Salvador está esperando que ese dinero sea devuelto y nosotros no podemos otorgar ningún tipo de beneficio a ningún imputado si ellos no están dispuestos a devolver el dinero del que se han apropiado”, manifestó Melara.

El Ministerio Público y la defensa de De Saca ya intentaron hacer un juicio abreviado pero no fructificó, por lo que se siguió el proceso ordinario contra la exfuncionaria.

El pasado 14 de mayo, la Fiscalía y la parte defensora informaron ante el Juez que no se llegó a un acuerdo para continuar con el procedimiento abreviado porque el ente fiscal le dijo al juez que no había garantías de De Saca pagara los $17 millones que le exigían como responsabilidad civil según el acuerdo.

El Director contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, German Arriaza, explicó en ese entonces “que los términos en que la Fiscalía iba a entrar a un tipo de negociación pasaba única y exclusivamente por la devolución de la totalidad del dinero sustraído”.

Como consecuencia, el escrito en el que la esposa de Elías Antonio Saca había dejado plasmada su confesión quedó anulada y sin valor para ser presentada como prueba en el proceso, explicó un defensor.

La confesión que fue anulada

Según el escrito, a cuya copia accedió El Diario de Hoy, los abogados defensores pedían una condena de tres años de prisión, sustituibles con trabajos de utilidad pública. A cambio, De Saca admitía que recibió depósitos de $10,000 mensuales en su cuenta bancaria hechos por los entonces empleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez. Ambos fueron condenados a 6 y 16 años de prisión, respectivamente, por su participación en el desfalco de los $301 millones, fraguado por Saca.

También declaraba que recibió otros depósitos que se los hacía llegar su esposo, que sabía que eran fondos públicos y que los recibía sabiendo que no tenía derecho porque no tenía ningún contrato con la Presidencia como Secretaria Nacional de la Familia.

De Saca admitía que ese dinero le representaba un beneficio personal y que no los declaraba al Ministerio de Hacienda.

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