El presidente que explotó la bandera de la anticorrupción y que exigía que se “devolviera lo robado” por los claramente poco transparentes gobiernos del pasado se ha transformado rápidamente en un mandatario que ha escondido información de la ciudadanía.
Resalta particularmente cómo gran parte de los fondos empleados para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se han mantenido tras las sombras.
Pese a los repetidos llamados de la Asamblea Legislativa y otras instituciones de control como la Corte de Cuentas para que el gobierno muestre cómo ha usado los cientos de millones de dólares a su disposición, el Ejecutivo se mantiene firme en no revelar información.
Peor aún, el expresidente del Banco Central de Reserva admitió que fue destituido por rendir cuentas al Legislativo y contradecir la narrativa de victimización de la Presidencia y reveló que es el presidente quien avala o prohíbe que sus funcionarios acudan al Congreso a responder preguntas.
Un IAIP débil
2020 fue el año en que el gobierno de Nayib Bukele continuó su desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Esta institución nacida en 2012 y que contó desde el inicio con una gran validación de una ciudadanía cansada de la información siempre oculta, ha experimentado serios retrocesos y obstáculos con la presente administración.
Desde inicio de año, el gobierno ha hecho una serie de nombramientos de comisionados a fin de garantizar un pleno amigable.
Juan Carlos Turcios, Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, Javier Suárez y Roxana Soriano han sido las cartas de Bukele para garantizar un IAIP genuflexo. El primero tuvo que renunciar, pero los otros cuatro siguen: tres propietarios y uno suplente. Desde ya, están debilitando a esta importante entidad.
Asimismo, el gobierno ha buscado reservar información importante sobre atención a la pandemia, a fin de alejar la información del ojo de la ciudadanía.
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