La Ley del Bitcoin y los mecanismos que el gobierno de Bukele está empleando para introducirlo viola, en principio, la Constitución porque no fueron estudiados ni discutidos públicamente por la Asamblea Legislativa, afectan la libertad de contratación y la seguridad jurídica que deben tener los salvadoreños, pondrían en riesgo salarios y otros ingresos, y propician que por ley se establezca un monopolio, lo cual está prohibido por la Carta Magna.
Así lo advierten abogados consultados por El Diario de Hoy sobre las implicaciones legales de la nueva normativa aprobada el 9 de junio.
Uno de ellos es el abogado Enrique Anaya, quien fue colaborador y secretario de la Sala de lo Constitucional por muchos años y asesoró al Comité Pro-Defensa de los Ahorros de Pensiones de los Trabajadores.
“En los términos en que está la ley no es, en principio, constitucional”, declaró el abogado constitucionalista.
A juicio de Anaya, la ley incumple todas las reglas constitucionales porque no hubo estudio previo, no hubo debate público al respecto; además de que prácticamente el documento “no dice nada. Sólo dice el Bitcoin va a ser una moneda de curso legal, de carácter obligatorio... ¿Pero cómo se va a aplicar eso?”, cuestionó.
Por ejemplo, posiblemente se viola la libertad de contratación, dice el abogado. “¿Y por qué si yo he pactado en una moneda ahora me van a pagar con un activo virtual altamente volátil?”, se preguntó.
“El pago de salarios en este tipo de criptoactivos, en donde el salario va a estar sujeto a grandes fluctuaciones que pueden pasar del 10 por ciento en el mismo día, ¿le estoy dando seguridad jurídica a la persona? Eso es estar jugando como en un casino”, señaló Anaya.
En seguida, puso como ejemplo que hace unos días el Bitcoin estaba a $60,000, después a $36,000 y luego en $40,000; pueda ser que mañana suba o que mañana baje y que alguien que recibe un salario mínimo de $300 mañana pueda solo recibir $200.
Ante estas preocupaciones, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó el miércoles que los salarios se seguirán pagando en dólares.
Garantía para los contratos; desventaja para proveedores
El abogado especialista en derecho mercantil Humberto Sáenz destacó que la Constitución ya establece un candado que garantiza la libre contratación.
“Aquí no hay que perder de vista no solo en función de los contratos previos sino los contratos futuros que la libertad de contratación no es una garantía protegida por una ley, sino una garantía protegida por la Constitución”, afirmó.
El artículo 23 de la Constitución establece que “se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento...”.
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Saénz explicó que en ese sentido si antes una persona o empresa pactó en dólares, puede exigir que le paguen en dólares. “Y si después de la entrada en vigencia de la nueva ley exijo que me paguen en dólares, en euros o yenes, porque así fue lo que contraté, esa libertad de contratación está protegida y por lo tanto debe respetarse y no hay ninguna ley que la pueda contrariar”, dijo.
El abogado también subrayó que la nueva ley puede afectar a proveedores del Estado si les llegan a pagar en bitcoins.
“Donde sí se ve el problema principal es en función de las operaciones que tiene el Estado con sus proveedores, porque efectivamente en esas operaciones el Estado sí que puede imponer a sus proveedores el pago en Bitcoin, incluso a los empleados y funcionarios públicos podría imponerles esta moneda”, advirtió.
Para él, dependerá de cuáles son los términos en los que se realice o se ha realizado previamente la contratación, pero al existir un contrato libre y voluntariamente pactado entre empleador y empleado, deberán respetarse esas condiciones por más que lo diga la nueva ley o un funcionario.
También José Marinero, especialista en derecho administrativo, apuntó implicaciones jurídicas para los que le proveen bienes y servicios a las instituciones estatales.
“En términos jurídicos lo que estoy viendo es la autorización para que el Estado como agente económico también obligue a sus proveedores y a las personas de quien es el deudor a que reciban bitcoins. Ese es el agente más importante en términos de la ley y que no está tan visible”, apuntó.
El abogado se refiere al artículo 7 de la nueva ley que dice: “Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.
Marinero explicó que el gobierno ha vendido la idea que la criptomoneda es para usuarios privados, pero que en realidad ese artículo le está dando una gran autorización al Estado para utilizar la criptomoneda. “Eso tiene una aplicación bien concreta en temas contractuales, en compras públicas; está autorizando a fijar contratos en bitcoins”, señaló.
Ese es otro riesgo que también mencionó Humberto Sáenz.
“El gran riesgo que se tiene allí es la volatilidad de la cual ya se ha hablado y que puede provocar una incertidumbre e inseguridad jurídica, económica y financiera muy importante, además de la poca transparencia que existe en estas operaciones y que podría propiciar actividades de corrupción adicionales a las que ya estamos viendo”, consideró.
Para Saénz, las interrogantes que surgen en torno a la Ley Bitcoin es “el resultado de la improvisación y de la premura con la que se aprueban leyes de tanta trascendencia” y que la discusión en el seno legislativo, así como con sectores de la sociedad ha sido nula.
Anaya añadió que los funcionarios del gobierno ni siquiera saben qué hacer. “Da la impresión de que el presidente les dijo ya ven que en Miami dije que iba a sacar la ley, así que saquen la ley”.
En seguida citó declaraciones de dos funcionarios que, a su juicio, demuestran que “no tienen idea de lo que van a hacer”.
El representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que el gobierno de El Salvador le había pedido ayuda para ver los mecanismos para implementar el Bitcoin. También acudieron al Banco Mundial, pero la entidad les respondió que no apoyarán en implementar la criptomoneda “dadas las deficiencias ambientales y de transparencia”.
“Si hasta ahora están pidiendo ayuda para conocer los mecanismos para implementarla es que no saben lo que van a hacer”, insistió Anaya.
Además, el Ministro de Trabajo afirmó que los ministerios de Hacienda y Economía están analizando la posibilidad de que los pagos de las empresas a los trabajadores se hagan en Bitcoin. “Si hasta este momento está viendo qué hacer es porque cuando hicieron la ley no tenían ni idea”, subrayó.
“Es vergonzoso… El presidente dice en un Espace dice que el Bitcoin va a ser obligatorio: una señora que venda en el mercado va a estar obligada a recibirlo, o los restaurantes, los bancos, los impuestos, dijo. Él dijo que sería obligatorio. En ese mismo momento en la Asamblea los diputados que le obedecen a él dijeron: no va a ser obligatorio, sino estrictamente opcional. No saben…”.
Un factor adicional es que han seleccionado una moneda específica sin justificación y tal parece “que lo quieren es darle el negocio a alguien…”, enfatizó.
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