Más del 90% de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como consumidores rechaza la imposición del Bitcoin, revela una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
“Los empresarios expresaron una gran preocupación ante la implementación del Bitcoin, sobre todo por su característica de ser obligatorio y el 96.4 % señaló que prefieren que usarlo sea opcional”, indicó la vicepresidenta de la gremial empresarial, Carmen Irene Alas, en la presentación del sondeo.
La gremial realizó la encuesta entre el 11 y 15 de junio para conocer lo que piensan empresarios y consumidores sobre el Bitcoin como moneda de curso legal; la muestra es de 1,668 entrevistas, de las cuales 712 fueron a empresarios y 956 a consumidores.
El 92 % de los consumidores encuestados también rechazó que el Bitcoin sea obligatorio.
Ambos grupos señalaron que les preocupa y les provoca desconfianza por la volatilidad que caracteriza a la criptomoneda.
A los empresarios también se les consultó sobre las expectativas que tienen con la criptomoneda y solo el 10.9 % indicó que atraería inversión al país; el 16.6 % respondió que las cosas seguirán igual; mientras que el 47.8 % aseguró que la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal no atraerá inversión, no generará empleo y tampoco mejorará la economía del país.
También se abordó el tema de los salarios y las remesas y el 93.2% dijo que no desea recibir su sueldo en la criptomoneda y el 82.5% indicó que tampoco está interesado en recibir sus remesas en Bitcoin.
A los encuestados también se les consultó qué harán una vez que les paguen en Bitcoin y el 51.6 % afirmó que lo cambiaría a dólares para pagos corrientes.
Ojo con el lavado de dinero
El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún, advirtió que es importante cuidar a El Salvador para que no se convierta en un paraíso fiscal para el lavado de dinero.
“Nosotros no queremos caer en un paraíso de lavado de dinero; es importante que mantengamos los estándares contra el lavado de dinero, que no perdamos nuestro estatus internacional para que podamos tener tasas de intereses más bajas, porque cuando perdés un estatus de transparencia financiera lo que sucede es que el riesgo sube y a todos nosotros nos van a subir los intereses”, destacó Hasbún.
El presidente de la Cámara también consideró importante que dentro del reglamento con el que se le dará cumplimiento a la Ley Bitcoin se establezca el costo por transacción.
“El reglamento debe normar y aclarar cuál será cada uno de los costos por las transacciones; es importante que si va a haber una transacción como la remesa de Estados Unidos a El Salvador que se detallen y regulen las comisiones... El reglamento debe garantizar que existe una red de convertibilidad normada, controlada y segura para que la población no bancarizada, que es más del 70 %, tenga acceso al cambio de la criptomoneda a dólares de los Estados Unidos de América”, propuso Hasbún.
El presidente de la Cámara alertó que el uso del Bitcoin y su necesidad de conversión a dólares puede provocar que resurjan los coyotes que cambiaban dólares por colones.
“No queremos caer en aquel esquema de los coyotes en el que va a haber un tipo en una esquina, donde la persona llegará con su celular y él le dará dólares y le cobrará una comisión”, advirtió Hasbún.
Además señaló que es necesario conocer los niveles de riesgo que asumirá el fideicomiso de los $150 millones para el Bitcoin. “¿Ese fideicomiso asumirá un riesgo de diez minutos o ese fideicomiso se quedará con gran cantidad de bitcoins y el país estará especulando la volatilidad de esta criptomoneda? Es necesario conocer todo eso porque es dinero de los salvadoreños”, cuestionó el dirigente.
Debieron evaluar los impactos
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, consideró que como se creó la Ley Bitcoin no es la forma de ventilar un tema que puede tener consecuencias para la economía del país, sin evaluar los impactos que esta pueda tener.
“Vemos también con preocupación lo que pueda señalar la banca de inversión, calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional cuando advierten las consecuencias que pueda tener una medida como la Ley del Bitcoin y creemos que no es la forma de aprobar leyes que puedan tener consecuencias en la vida de las personas, y por eso el llamado es a que exista mayor discusión y deliberación en la Asamblea”, agregó Castro.