Las organizaciones de la sociedad civil y la prensa está a la expectativa del proceso de discusión de los consejales del CNJ para elegir a los 15 candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia que enviará junto a otros 15 perfiles seleccionados por el gremio de abogados, para que luego sean enviados a la nueva Asamblea Legislativa para la elección final.
El Diario de Hoy habló con Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, para explorar qué se espera de esta etapa de selección de los candidatos en el CNJ y el rol de los nuevos magistrados de la Corte Suprema en el balance de poderes, debido a que Nayib Bukele controlará desde el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa.
El CNJ está en última etapa para definir sus 15 candidatos para magistrado de la CSJ, ¿qué espera de este proceso en esta etapa?
Se espera del CNJ mucha transparencia y que se respete la jurisprudencia constitucional seleccionando a personas capaces, con amplios conocimientos y una trayectoria profesional intachable, honestos, y además con independencia de los partidos políticos y del mismo Gobierno.
Esta etapa es determinante en el CNJ, pues luego de la evaluación de los candidatos, se llevará a cabo la deliberación en donde se seleccionará a los 15 candidatos que integrarán la mitad de la lista de 30 candidatos que recibirá la Asamblea Legislativa.
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Es crucial que el pleno del CNJ delibere públicamente sobre los méritos de los aspirantes y que además motive ampliamente su decisión y se transparenten los criterios en que se base para seleccionar a los 15 candidatos. Esta decisión no puede ser arbitraria, sino que debe sustentarse, pues debería coincidir con las personas mejor evaluados en el proceso y quienes tengas los mejores perfiles para llegar a la CSJ.
¿Qué pasa si el CNJ no hace públicas las deliberaciones?
La obligación del CNJ de hacer pública su deliberación y votación en cuanto a los 15 candidatos a magistrados de la CSJ que elige para proponerlos a la Asamblea Legislativa, se deriva de sus deberes de documentación y motivación (176, 186 inc. 3° y 187 inc. 1° Constitución). Así se estableció en la inconstitucionalidad 94-2014 del 8-4-2015. No hacerlo es equivalente a seguir aplicando la secretividad que ya fue declarada inconstitucional.
La consecuencia natural para el proceso de elección, es que el acto de elección de candidatos a magistrados si se realiza sin tener en cuenta la jurisprudencia constitucional, podría ser impugnado, solicitando una resolución de cumplimiento de la Sala de lo Constitucional o interponiéndose una demanda de inconstitucionalidad.
¿Qué pasa si el CNJ elige aspirantes que tengan vinculación partidaria?
En abundante jurisprudencia constitucional se ha establecido que la vinculación político-partidaria es incompatible para los funcionarios que desempeñan actividades jurisdiccionales. En el caso de magistrados de la CSJ, la Asamblea tiene el deber de elegir de entre la lista que le presente el CNJ, y, por lo tanto, lo ya resuelto por la Sala de lo Constitucional para la Asamblea Legislativa, también es exigible a la selección de candidatos por el CNJ.
No hay un caso en el que esto se haya resuelto previamente, pero consideramos que ante cualquier incumplimiento de la jurisprudencia constitucional por parte del CNJ, pudiera impugnarse ante la Sala de lo Constitucional el acto de selección de candidatos.
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Asimismo, si se seleccionan candidatos que no cumplen con el requisito de independencia partidaria, y estos después son electos magistrados por la Asamblea Legislativa, también pudiera impugnarse ante la Sala de lo Constitucional el decreto de elección respectivo.
Cinco nuevos magistrados de la CSJ, elegidos por una nueva Asamblea dominada por el partido en el Gobierno, ¿se mantendrá el equilibrio de poderes?
Hay un gran desafío para la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes, pues se ha dado una recomposición del poder político, con una clara concentración de poder en la figura del presidente de la República, al tener los partidos políticos afines al Gobierno una amplia mayoría legislativa. En este escenario se controlarán dos órganos fundamentales del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora bien, el tener una amplia mayoría no significa en modo alguno que se puede actuar en contra de la Constitución o vulnerar derechos fundamentales de la población, no hay un “cheque en blanco” para violentar el Estado de derecho. Lo que se espera es que el poder que ha conferido el electorado en las urnas se administre respetando la ley y rindiendo cuentas.
No hay que perder de vista que en una democracia no solo basta la legitimidad de origen, sino que también debe haber legitimidad de ejercicio que significa que se debe ejercer el poder en estricto respecto a la Constitución.
En esta realidad institucional del país, la CSJ tiene un rol muy importante como contrapeso que es, pues se elegirán a 5 de los 15 magistrados de la CSJ, y uno de ellos integrará la Sala de lo Constitucional, y por ello lo que se espera es que se elijan personas capaces, honestas e independientes.
¿Qué rol debe jugar la sociedad civil a partir del 1 de mayo?
La sociedad civil tiene un rol crucial en esta coyuntura, ejerciendo auditoria social y exigiendo rendición de cuentas. La Sala de lo Constitucional, la prensa independiente y la sociedad civil tendrán un rol preponderante en la actual coyuntura institucional como defensores de la institucionalidad democrática en el país.
¿El oficialismo puede dominar los tres poderes del Estado?
Actualmente se controlan dos poderes del Estado, y preocupa que pueda haber intenciones de querer controlar al otro poder del Estado, que es la CSJ, como sería el que la Asamblea Legislativa quiera elegir magistrados que no tengan el perfil de idoneidad e independencia para estar en la Corte Suprema de Justicia.
No olvidemos que estamos hablando de jueces de la más alta magistratura, quienes deben ser totalmente independientes de los partidos políticos y de cualquier gobierno, cuyo único cometido debe ser velar por la justicia.
Controlar políticamente a la CSJ sería un gran peligro para democracia, pues se debilitaría uno de los contrapesos y controles más importantes que tienen nuestra institucionalidad. Otro aspecto que es vital es que se garantice y se respeta la independencia, integridad y estabilidad de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, y que se respeten sus fallos.
¿Pasó El Salvador de una democracia a un autoritarismo?
Aún no estamos ahí, pero sí son preocupantes las acciones contrarias al orden constitucional que se han dado en el país, tal como sucedió durante el 9F y posteriormente. Las condiciones para llegar a ese punto pueden darse y ojalá que no suceda, pero dependerá del uso de la concentración de poder y del respeto a la institucionalidad democrática que se haga, para que eso no suceda en El Salvador.