En el Órgano Judicial, el gobierno de Bukele no puede llamar a votar por jueces que “trabajen con el presidente”, como está haciendo con la Asamblea Legislativa.
Y esto es lo que, por la Constitución y las leyes, El Salvador no puede permitir porque, si se sometieran al Ejecutivo u otro poder, acabaría con la independencia y la imparcialidad tan necesarias en las judicaturas del mundo.
En los últimos años los poderes judiciales han salvado las democracias en crisis como ha sucedido en Guatemala, Ecuador, Bolivia, Argentina, pero también son los primeros que los despotismos buscan socavar y en El Salvador ya se habló de “fusilar a magistrados”. De allí la importancia de elegir a abogados independientes y capaces para imponer el imperio de la ley y no caer ante intromisiones ni abusos ni la corrupción de otros órganos y poderes.
El 30 de junio próximo se vence el periodo de nueve años de cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes en las salas (tribunales) de lo Constitucional, de lo Civil, de lo Contencioso Administrativo y de lo Penal en el máximo tribunal.
“Tan importantes son las elecciones para elegir a la Asamblea Legislativa como la que habrá para elegir a los candidatos a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Así explica la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María Antonieta Josa de Parada, el valor de la selección que hará ese organismo y los comicios del gremio de abogados para hacer el correspondiente relevo en el máximo tribunal del país.
La tarea no es fácil. Los miembros del CNJ están empeñados no sólo que los aspirantes cumplan con los requisitos profesionales, sino también de moralidad y apoliticidad, es decir, garantizar que sean independientes y no respondan a intereses de ningún partido u organización política.
“Los jueces y demás funcionarios judiciales juran ante la Constitución cumplir y hacer cumplir esta independencia y es el pueblo el que debe garantizarlo”, enfatizó la funcionaria.
En entrevista con El Diario de Hoy, la presidenta del CNJ explicó que el 21 de abril deben estar las listas de 30 candidatos: 15 propuestos por el CNJ y otros 15 que serán los profesionales más votados en las elecciones internas del gremio de abogados que realizarán el 20 de febrero.
El 26 de febrero, a más tardar, el gremio de abogados debe remitir la lista de los primeros 15 más votados, con sus expedientes, al CNJ. Esta nómina se complementará con la del CNJ y el listado único se enviará a más tardar el 21 de abril a la Asamblea Legislativa para proceder a la elección definitiva antes del 1 de julio próximo.
Inicio del proceso
El pasado septiembre, con la publicación de la nómina de abogados de la República que cumplen con los requisitos para participar, el CNJ dio el banderillazo de salida para el proceso, que debe iniciarse 180 días antes de que concluya el periodo de los actuales magistrados. En ese tiempo deben entregarle a la Federación de Asociaciones de Abogados el padrón electoral con la nómina de profesionales que cumplen con los requisitos y que son elegibles y los interesados pueden postularse.
Mientras el proceso del gremio de abogados es por votaciones internas, el del CNJ lleva cinco fases que incluyen la presentación de documentos, análisis de la preparación del profesional, entrevista personal, estudio de su condición sicosocial y moral y luego el Consejo va deliberación y votación de los 15 puestos. Hasta ahora tiene registrados 76 aspirantes.
Los postulantes deben acreditar que no tienen denuncias ni procesos en instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio de Hacienda, la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Apoliticidad e imparcialidad
Un punto clave, para lograr una auténtica independencia judicial, es que se debe establecer que los postulantes no sean militantes de partidos, para lo cual se piden informes al Tribunal Supremo Electoral.
“Tenemos un proceso debidamente estructurado, validado por la Sala de lo Constitucional, con un manual de selección, con fases transparentes y sendos filtros para que los postulantes cumplan con los requisitos y constituyan un banco de elegibles que se someta a la deliberación de los miembros del Consejo”, explicó.
La presidenta del CNJ calificó el proceso como “bastante riguroso” y que se somete al control ciudadano por medio de los diputados a la Asamblea, que son elegidos por la población.
El CNJ es también un organismo de siete miembros elegidos por la misma Asamblea elegida por los salvadoreños.
A esto se agrega que la población tiene acceso a la nómina pública de los postulantes, por lo cual puede objetar por denuncia fundada las candidaturas, aparte de la investigación que sigue el Consejo en las instituciones sobre la trayectoria profesional de los aspirantes (estudios, especializaciones, docencia, investigaciones, etc.).
“Así como nosotros estamos desarrollando un proceso basado en reglas claras, que deben respetarse, la Federación de Asociaciones de Abogados tiene su propio reglamento, que se rige para cada proceso eleccionario”, agregó.
En las entrevistas públicas que hace el Consejo se determina sus antecedentes y de dónde viene el candidato y otros factores que determinen que el aspirante realmente puede tener independencia y vocación y, sobre todo, el compromiso con los principios democráticos y garantizar los controles institucionales y la armonía.
En las crisis, “si cae el Poder Judicial, cae la población… las decisiones de los jueces afectan o favorecen al pueblo, con base en la ley”, explicó. Los representantes del pueblo son los que eligen a los miembros de la Corte, por lo cual es un acto delegado por los ciudadanos.
La presidenta del CNJ llamó a los abogados a votar por los postulantes que consideren los mejores.