“Estoy muy preocupada por la criminalización de las mujeres, especialmente de las más pobres”, dijo, de forma lapidaria Raquel Terán, congresista estatal de Arizona.
Terán, junto a otras cuatro legisladoras de diferentes partes de Estados Unidos, estuvo en El Salvador para conocer qué es lo que sucede en un país que tiene una criminalización total del aborto, sin considerar causales como violación, inviabilidad del feto o riesgo de muerte de la madre.
Parte de la misión de las cinco estadounidenses es recopilar historias para advertir en sus estados (Ohio, Arizona, Florida, Georgia y Alabama; más información en recuadro adjunto) sobre los riesgos humanitarios, sociales y económicos de políticas altamente restrictivas. Todas ellas provienen de lugares donde recientemente se han introducido políticas restrictivas con relación a la interrupción del embarazo.
Tras una serie de visitas que incluyó el penal de Izalco, donde guardan prisión 13 mujeres por emergencias obstétricas y el Hospital Nacional de la Mujer, entre otros, Terán afirma que se van con el corazón partido tras ver el impacto que absorben estas mujeres.
“Por eso nos preocupa que la legislación salvadoreña tiene una prohibición total del aborto”, manifestó, pero destacó que entre todos los problemas es esperanzador ver cómo diferentes grupos de mujeres y otras entidades de la sociedad civil están organizándose para elevar el debate y cambiar una situación que no duda en calificar como injusta.
Cindy Polo, de Florida, fue más allá y dijo que El Salvador debería sentirse orgulloso de sus mujeres y aliados, pues a pesar de las adversidades, mantienen la lucha por lograr políticas menos restrictivas y que castiguen menos a las mujeres y niñas del país.
“Estos cambios toman tiempo”, reconoció. Por eso, considera que es importante conocer las historias de quienes han sido injustamente encarceladas y los impactos que esto trae a la sociedad. “Si halamos las cortinas y exponemos lo que aquí sucede, es posible hacer presión a quienes han promovido estas políticas y motivar eventualmente un cambio”, añadió Polo.
A la lista de preocupaciones se sumó Merika Coleman, de Alabama, quien celebró el coraje de las mujeres a las que conocieron, pero recalca que el impacto social de encarcelar a mujeres es incalculable.
Por un lado, dijo, hay quienes guardan prisión pero son madres, por lo que hay hijos que están creciendo sin este importante acompañamiento. “¿Quién se asegura de que estos niños estén educados, estén bien y tengan cuidados?, ¿quién lucha por estos niños?”, cuestionó la legisladora.
Asimismo, lamentó que esto trae costos económicos a las sociedades y que eventualmente la carga puede recaer en los pobres sistemas sociales de nuestros estados. Además, hay un impacto social de familias desunidas, uno de los factores que afecta la violencia.
“El problema no es político”
Nikema Williams, senadora estatal de Georgia, lamenta que para muchas personas la prohibición de la interrupción de los embarazos es una victoria política o ideológica.
“Para mí no es un tema político. Es un tema de la salud y la seguridad de las mujeres.
Sin embargo, para muchos es político. Por eso, tenemos que involucrarnos y llevar el activismo y los movimientos sociales a las esferas institucionales para promover cambios”, dijo y llamó a elegir a más legisladores, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, que estén dispuestos a escuchar a las mujeres.
Al respecto, Cindy Polo considera que el problema principal es que la política le quedó a los políticos. “Por el nivel de suciedad, los ciudadanos no nos quisimos involucrar aunque la política nos afecta”. Ante esto, se sumó al llamado a involucrarse y a ver temas como la violencia contra las mujeres, la falta de educación sexual o las restrictivas políticas sobre aborto no como casos o estadística sino como factores que afectan seriamente la vida de personas reales, especialmente quienes viven en situación de pobreza.
A estas palabras se sumó Stephanie Howse, de Ohio, quien manifestó que el mundo será tan fuerte como sea la protección a las mujeres, especialmente las más vulnerables.
Por ello, llamó a políticos, organizaciones de sociedad civil, funcionarios públicos y la prensa a unirse para presionar a que aquellas decisiones que afectarán los derechos de las mujeres se hagan considerando factores complejos y no solo pensando en ganancias políticas.
El consenso de las legisladoras es que El Salvador está en una situación lamentable por sus restrictivas políticas, pero que hay esperanza, aunque esta tomará tiempo. Además, hay otra conclusión, un poco más devastadora para los salvadoreños: todas dijeron, sin dudarlo, que trabajarán duro para evitar que su país luzca como el nuestro.