La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que aglutina a los tribunales constitucionales de Latinoamérica y España, mostró su preocupación por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la nueva Asamblea Legislativa con mayoría oficialista por atentar contra la separación de poderes que sustenta toda democracia.
“La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional -organización supranacional integrada por los Tribunales, Cortes y Salas que ejercen la jurisdicción constitucional en el ámbito de la comunidad iberoamericana de naciones- percibe con preocupación la decisión de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de destituir a los integrantes de la Sala de lo Constitucional; medida que ha afectado a los cinco magistrados propietarios y a los magistrados suplentes”.
La agrupación se unió a la mayoría de condenas internacionales luego del 1 de mayo bajo el argumento de que el guardián de toda Constitución debe mantener su imparcialidad y no ser afín al resto de órganos de Estados.
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“La Conferencia apela a la necesidad de preservar y garantizar la independencia y la imparcialidad de los miembros de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, que tienen encomendada la función de velar por la supremacía jurídica de cada Constitución”.
Defender la Constitución
Además, coincide con el resto de opiniones jurídicas de que las destituciones de funcionarios deben ser apegadas a derecho de cada país, algo que según abogados constitucionalistas no se cumplió en las referidas destituciones del 1 de mayo.
“La Conferencia tiene como uno de sus fines estatutariamente aprobados el de “preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, así como de sus miembros”. Desde el respeto a la diversidad de ordenamientos y modelos constitucionales de los diferentes Estados iberoamericanos, la Conferencia considera que forma parte de nuestro patrimonio común el principio de independencia de los jueces. Cualquier separación anticipada del cargo de un juez constitucional debe obedecer exclusivamente a causas previamente establecidas por la ley, adoptada mediante decisión debidamente motivada y en un proceso que respete las garantías establecidas”.
Para la Conferencia, el resto de poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo deben tomar acciones encaminadas a preservar esta separación de poderes que son fundamentales para los pesos y contrapesos, los cuales permiten que el poder no sea concentrado en una sola persona, como en este ocurriría, pues los tres órganos están alineados bajo una misma directriz.
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“Corresponde al resto de las instituciones públicas contribuir a hacer realidad dicha independencia, evitando actuaciones que la comprometan y acatando las sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional, garante e intérprete máximo de nuestras Constituciones”.
La crítica que han hecho organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y países como Estados Unidos, Canadá, La Unión Europea, Noruega o Alemania es que los jueces y magistrados deben tener independencia y no ser afines a un mismo partido político.