Siete organizaciones de la sociedad civil solicitan a la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el mecanismo de la Carta Democrática para “restaurar el orden constitucional” en el país, luego que la Asamblea de mayoría oficialista destituyó a la Sala de lo Constitucional e impuso nuevos magistrados, lo que provocó condenas a nivel nacional e internacional.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Acción Ciudadana, la Fundación Democracia Transparencia y Justicia y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional afirman en su carta a la OEA que “es urgente restaurar el orden constitucional en El Salvador, y creemos que aún se puede lograr. Pero esto solo será posible con el apoyo decidido de los pueblos y Estados que comparten los valores republicanos y democráticos.
Por ello, los firmantes solicitan “la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
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Además solicitan que “rechace las renuncias suscritas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General” y “reconozca la sentencia de por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 1-2021, emitida en la noche del 1 de mayo de 2021, y que declaró inconstitucional la decisión de destituir a los magistrados”.
Las organizaciones piden además que se deroguen los decretos del 1 de mayo emitidos por la nueva Asamblea en la cual nombraron nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal.
Solicitan además que “las posteriores elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realicen cumpliendo con lo ordenado en la Constitución, las leyes, y los principios de independencia judicial y separación de poderes”.
Por último, los firmantes piden a la OEA que se instaure un “Diálogo ciudadano” para buscar mecanismos de solución.
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Los firmantes concluyen su misiva a la OEA reiterando que mientras los magistrados y fiscal impuestos, cuando aún no tocaba elegirlos, sigan en sus cargos no prevalecerá el orden constitucional.
“Mientras que las personas designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República ocupen inconstitucional e ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. Aún puede corregirse esa situación, y restaurarse el orden constitucional y democrático. Pero la inmediatez de las acciones de la comunidad internacional es fundamental para cumplir ese propósito”, concluye la carta.