Esta semana, la Asamblea Legislativa contemplaba aprobar reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que la dejaban prácticamente sin dientes. Entre estas, permitía ocultar información que antes era de estricto cumplimiento, así como las declaraciones de patrimonio de los funcionarios que permiten saber si se enriquecieron ilícitamente. También hace más lento el proceso para que el ciudadano pida información.
Sobre estas reformas, El Diario de Hoy habló con Xenia Hernández, directora ejecutiva de Fundación DTJ y una experta en temas de transparencia.
¿Qué es lo más grave de las reformas a la ley de acceso a la información pública?
Hay que verlo en dos dimensiones. El trámite se vuelve más engorroso para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho que en general la población salvadoreña no se ha llegado a apropiar, y que solo hemos estado ejerciendo ciertos grupos de personas que nos dedicamos a la libertad de expresión. Entonces si lo que queríamos era la promoción de una cultura de transparencia y que las personas utilicen cada vez más ese derecho de acceso a la información, con esta nueva reforma se va a desmotivar o a disuadir a que se pida información.
Si lo vemos desde el punto del tipo de información y la lucha contra la corrupción, la gravedad de las reformas es que procuran ocultar la mayor información posible. La regla general que quieren imponer es la reserva de información y no la máxima publicidad.
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¿Dónde se evidencia esto?
En las declaraciones patrimoniales. Tanto miedo le tienen a transparentar cómo ingresan y cómo se han enriquecido durante su gestión. Bien dicen que el que nada debe, nada teme. Pero pareciera que temen tanto al punto de querer que las declaraciones patrimoniales no sean públicas.
La legislación actual y estándares internacionales ya hablan de cómo realizar versiones públicas de esas declaraciones para no vulnerar la privacidad y la intimidad de los funcionarios, pero afirman que los funcionarios se someten a un mayor escrutinio por manejar fondos públicos o tomar decisiones. Además, la información ya oficiosa pasará un proceso de verificación para ver si no es o confidencial o reservada.
¿No es eso contradictorio? ¿Reservar información de obligatoria publicación?
Exacto. Ahí se abre la puerta a abusos de la reserva de la información. En lugar de ponerle menores trabas al ejercicio de este derecho, ahora lo limitan más.
¿Qué se pierde con estas limitaciones?
Sin acceso a información perdemos todos. Los académicos, organizaciones o periodistas en su día a día utilizan información que se solicita. Una comunidad o ADESCO pierde oportunidad de saber si puede acceder a un proyecto o cómo les puede beneficiar.
¿Qué descubrió El Salvador gracias a este derecho a la información?
Principalmente casos de corrupción. En 2015 decíamos que desde que entró en vigencia la Ley de Enriquecimiento Ilícito en 1959, no se había realizado auditorías a las declaraciones patrimoniales. La Sección de Probidad (de la CSJ) nunca hizo su trabajo. A través del acceso a la información se empezó a revelar casos de corrupción incluso a nivel de expresidentes. De haber tenido la voluntad, esto podría continuar y se pudo haber mantenido ese nivel de investigaciones. Lastimosamente no se hizo, pero quedó al descubierto que el acceso a la información es fundamental en la lucha contra la corrupción.
También se conoció qué pasaba al interior de la Asamblea Legislativa, que sigue siendo un nicho de corrupción, de falta de transparencia y opacidad.
Nayib Bukele en campaña prometió luchar contra la corrupción, pero ha limitado la transparencia como Funes y Sánchez Cerén. ¿Por qué es tan incómodo este derecho a todos los gobiernos?
Porque es la transparencia. Si tú estás en una oficina donde las puertas son de cristal y todos te pueden observar, no te permite actuar erróneamente porque sabes que alguien te va a ver. Eso es lo que no les gusta, necesitan estar encajonados en un lugar donde haya discrecionalidad de hacer lo que se les antoje. Esa es la no rendición de cuentas.
¿Entonces fue solo un discurso?
Sí. Los discursos con los que los últimos presidentes se ganaron a la ciudadanía iban justamente por la bandera de la transparencia, pero luego vemos acciones que van en contra de esto. Mauricio Funes se quiso atribuir que en su periodo se aprobó la LAIP, pero esa fue victoria de la sociedad civil. Es fácil querer apropiarse de los logros de otros, siempre hay oportunistas que se quieren apropiar eso, pero Funes estuvo en contra de que entrara en funcionamiento el instituto y fue por presión de la ciudadanía que eligió a los primeros comisionados.
Creo que la frase “los mismos de siempre” es tan amplia que incluye a este mismo gobierno por prácticas similares a los antiguos gobiernos e incluso aumentadas. Este gobierno ha visto el éxito de un IAIP robusto, sólido e independiente y cómo, haciendo ejercicio del derecho de acceso a la información, la lucha contra la corrupción puede ser verdadera y necesitan detener esa lucha y mostrar solo lo que quieren mostrar.
La Asamblea Legislativa montó una comisión que solo investiga gobiernos anteriores. ¿Qué opinas al respecto?
Es una apariencia de lucha contra la corrupción. Es ir contra los que consideran sus enemigos y el banderillazo para tener una ciudadanía harta de la podredumbre de los gobiernos anteriores y tratan de desmarcar a este gobierno que está seriamente señalado con actos de corrupción cuando ya hay una lista de EE. UU. que solo en este gobierno tiene 7 personas. Estas acciones de la Asamblea Legislativa por iniciativa y mandato del mismo presidente, no porque actúen con criterio propio, inyectan combustible a su popularidad y la sed de venganza de la sociedad contra los gobiernos anteriores. No es una lucha real, si lo fuera necesitaríamos que se investigue sobresueldos de todos los gobiernos, plazas fantasmas, doble plazas como las “ad honorem” que reciben su salario por otra posición.
Los actuales han aprendido de los pasados, por eso necesitan ocultar información. Habría que ver si no destruyen información o dejan de registrarla. Eso nos quedará en duda porque el acceso está siendo limitado totalmente.
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¿Ves muerto el derecho a la información?
Está totalmente limitado, pero no está muerto aún. De aplicarse las reformas a la LAIP se le daría muerte. Procurarían ante la comunidad internacional decir que aún hay ley, aunque sea un derecho de apariencia y la ley que tenemos ya no funcione para nada porque está limitada y no hay un instituto garante.
¿Crees que retrocedieron con las reformas o les pusieron pausa?
Para mí, solo les pusieron pausa. Este es un gobierno que no tiene respeto por ninguna legislación. La acomodan e interpretan a su manera y eso lo hemos visto en varias ocasiones. Es como el niño que va midiendo cuánto más puede llevar a sus padres como él quiere. Así ha ido tomando espacios cada vez más. Como cuando, tras el 9F, el fiscal Raúl Melara no investigó y les dio paso a sentirse impunes y con mayor fuerza.
Hace 10 años fuimos conocidos por tener la cuarta mejor ley de acceso a información del mundo. Si estas reformas avanzan, ¿cómo seremos conocidos?
Si las reformas no avanzan, todavía la LAIP permanece dentro de las mejores del mundo. Con las reformas, pasaría a ser una ley de restricción de acceso a información o una ley de secreto. Y el derecho de acceso a información va en retroceso acelerado hacia un oscurantismo total.