Aquella noche del 28 de junio y al día siguiente, decenas de policías y militares “peinaron” varios caseríos inmediatos al kilómetro 48 de la carretera Panamericana hacia Santa Ana para tratar de cumplir la orden del presidente Nayib Bukele, de capturar a los responsables del “secuestro, asalto y violación de dos mujeres” que se conducían en un autobús de la ruta 202, que hacía su recorrido de San Salvador hacia Ahuachapán.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada movilizaron a sus fuerzas especiales, porque así se los ordenó Bukele en su cuenta de Twitter, para capturar a los “malditos” responsables de ese atraco.
”Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley”, trinó el presidente, a las 10:05 de la noche del 28 de junio anterior, haciendo mención a todos los funcionarios del gabinete de seguridad.
De inmediato, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, le respondió: “En estos momentos hemos desplegado un dispositivo de búsqueda y daremos con los delincuentes que realizaron este acto repudiable”.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy escribió “Helicóptero con FFEE (fuerzas especiales) en el aire; asimismo unidades terrestres junto a PNC en patrullaje Señor Presidente”, en respuesta a Bukele.
Mauricio Arriaza Chicas fue más parco al responderle al mandatario: “Sr. Presidente en estos momentos tomaremos acciones en conjunto con Fuerza Armada”.
Helicópteros sobrevolaron la zona donde había sido cometido el asalto y en las calles de los caseríos aledaños, decenas de policías y soldados iban y venían, según describen algunos lugareños.
Pero catorce días después, el peso de la ley no ha caído sobre los responsables del asalto. Aquel despliegue de recursos, de fuerzas especiales apoyadas desde el aire con helicópteros, fue en vano. Los delincuentes se les escaparon.
Y, hasta ayer, judicialmente no había nada que indicara que la violación de dos mujeres, como lo dijo el presidente Bukele en redes sociales, haya sido cierta.
El atarrayazo
Tras ejecutar aquel gran operativo, los minutos pasaban y el despliegue militar y policial no rendía frutos. Fue hasta una hora después que se hizo la primera captura. La única que se hizo ese día, pero resultó que aquel hombre fue sacado de su casa con engaños, según lo dijo ante el juez de paz de Coatepeque.
La versión de Marco Antonio Flores, de 39 años, es que estaba descansando en su casa, en el lote No. 22 de la colonia Las Lupitas 1, de Coatepeque, cuando varios policías tocaron la puerta y su esposa salió a abrir. Los policías preguntaron si había alguien más en casa.
Cuando Marco Antonio salió, le pidieron el documento de identidad y le dijeron que se lo llevarían a donde estaba el autobús que había sido asaltado, pero que no se afligiera pues pronto regresaría.
En el lugar donde estaba el autobús nadie lo reconoció como uno de los asaltantes, pero los policías en vez de liberarlo, como le habían prometido, le dijeron que lo detendrían por cuatro horas y que era un favor el que le estaban haciendo.
En actas agregadas al expediente judicial 149-19 del Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana, se consigna que Marco Antonio caminaba por la calle principal de la colonia Las Lupitas 1, y cuando los policías le ordenaron que se detuviera porque lo iban a registrar, el hombre les dijo que se fueran a joder a otro lado, que él no era ningún delincuente. Luego intentó correr pero a los pocos metros lo alcanzaron.
En el expediente judicial también consta que le hicieron un registro corporal pero no le encontraron nada ilícito.
El uno de julio, la oficina de la Fiscalía de Santa Ana lo acusó por el delito de resistencia.
Marco Antonio tuvo suerte porque el Juzgado de Paz de Coatepeque no accedió a la petición de la Fiscalía, la cual era de enviarlo a prisión preventiva mientras se investigaba más el delito.
Dos con menos suerte
Al siguiente día de cometido el asalto al autobús, en el caserío Los Delgado, cantón El Guineo, del municipio El Congo, fueron capturados Wílber Vladimir Vanegas Mazariego, de 19 años; y Melvin Alexánder Martínez Melara, de 23.
En este caso, los policías captores dijeron casi lo mismo que dijeron los que capturaron a Marco Antonio: los vieron caminando por la calle principal del caserío, les mandaron los comandos verbales de “alto, policía”, los dos hombres no obedecieron, sino que se corrieron pero como a diez metros los alcanzaron.
En el expediente judicial 149-2019 del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana consta que cuando Wílber Vladimir y Melvin Alexánder fueron sometidos, los registraron pero no les encontraron nada ilícito.
Estos policías aseguran que los dos capturados también son miembros activos de la Pandilla 18, de la clica HVLS que opera en el cantón El Guineo y sus alrededores. En otros documentos del expediente se indica que son de la clica WLS.
En el documento de acusación, la Fiscalía parece que hizo las cosas apresurada, pues se indica que Wilber Vladimir es hijo de los mismos padres que Melvin Alexánder. El yerro no lo detectaron a pesar de que ambos tienen apellidos distintos porque no son hermanos.
El 3 de julio anterior, en redes sociales, la Fiscalía General de la República aclaró que el delito por el que la PNC le remitía a los tres imputados, era por resistencia; nada relacionado con el asalto a los pasajeros o violación de dos mujeres.
No obstante, la Fiscalía pidió la detención provisional para los tres procesados, a pesar de que el delito de resistencia no es grave y su pena apenas oscila entre los seis meses y los dos años de prisión, lo que equivale a que en caso de que fueran condenados, la prisión les podría ser sustituida por otras medidas.
Tanto en el expediente judicial contra Marco Antonio Flores, como el proceso contra Wílber Vladimir Vásquez Mazariego y Melvin Alexánder Martínez Melara se consigna que fueron capturados porque fueron vistos cerca del lugar del asalto.
“Se tiene conocimiento de los hechos (del delito de resistencia), en virtud de haber sido capturado en flagrancia, el imputado de generales conocidas en párrafos anteriores, en la calle principal de la colonia Las Lupitas I, en cantón La Joya, jurisdicción de Coatepeque, departamento de Santa Ana, en momento en que los agentes realizaban un operativo de intervención rápida, producto de que en las cercanías del lugar se había dado un robo a varias personas a bordo de un autobús del transporte colectivo…”, dice el requerimiento fiscal contra Vásquez. En similares términos está redactado el mismo documento contra los otros dos capturados 14 horas después del hecho.
Mismo delito, distinta decisión judicial
A pesar de que tanto Vásquez como Vanegas Mazariego y Martínez Melara fueron acusados por el mismo delito, la decisión del Juzgado de Paz de Coatepeque fue diferente a la dictada por el de El Congo.
Resistencia
Código Penal, Art. 337: El que se opusiere mediante violencia, a la ejecución de un acto legal de un funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública o contra los actos de un particular que les prestare asistencia a requerimiento de ellos o en virtud de un deber legal, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
Vanegas Mazariego y Martínez Melara fueron enviados al centro penal de Izalco. La jueza del caso, Marta Elías, los envió a prisión preventiva argumentando que los defensores de ambos no pudieron demostrar que sus defendidos tenían arraigo, esto es, que viven en el lugar donde fueron arrestados, así mismo indicó que por las circunstancias que rodean el caso, los procesados podrían intentar evadir la justicia o interferir ante posibles testigos.
Vásquez, mientras tanto, tuvo mejor suerte. El juzgado de Coatepeque le impuso presentarse a un juzgado cada 15 días y no podrá cambiar de domicilio.
Este último fue capturado en territorio donde existe presencia de la MS-13, en tanto que los otros dos, donde persiste la pandilla 18.