“Todos se han ido. Somos la única familia que hemos quedado”, dijo Rosemary Hernández, de 27 años, en un video que ella misma grabó con su teléfono celular, y luego publicó en redes sociales, el pasado 22 de diciembre, día en que se llevó a cabo el desalojo, por parte de autoridades del gobierno, de las familias albergadas en el Instituto Técnico Industrial (INTI), tras más de seis meses de permanecer en ese lugar, bajo la esperanza de ayuda, después de perder sus hogares durante las tormentas de mayo y junio pasados.
Rosemary, tres de sus hermanos y su madre perdieron su vivienda, ubicada en la Comunidad Nueva Israel, de San Salvador, a finales de mayo, debido a la destrucción causada por el paso de la tormenta Amanda sobre territorio salvadoreño. Entonces, las lluvias causaron la crecida del Arenal de Monserrat, afectando al hogar, propiedad de la familia desde hace 35 años.
A una semana que el gobierno hiciera entrega de un conjunto de viviendas, en una residencial privada en San Juan Opico, para los damnificados por esas tormentas, Rosemary y su familia aseguran haberse quedado solo con la promesa de ese techo seguro.
“No se nos ha tomado en cuenta. No aparecemos en la lista”, lamenta Rosemary. Según ella, la razón que le brindan las autoridades de gobierno es que no se encontraban habitando la casa cuando las tormentas afectaron a la comunidad.
Rosemary confirma que no habitaban en la vivienda y argumenta que se alejaron de la comunidad Nueva Israel a causa de la delincuencia que prolifera en la zona; sin embargo, detalla que cuentan con las escrituras que acreditan que esa casa, ahora inhabitable, pertenecía su madre y afirma que, si bien no residían a diario en el domicilio, sí visitaban el lugar cada semana para asegurarse que todo se encontrara en orden, pues consideraban a la casa como su única propiedad. “Nosotros nos fuimos porque nos sentíamos inseguros. Veíamos mucha delincuencia”, dice Rosemary.
Las autoridades de Gobierno explicaron a Rosemary que uno de los requisitos para ser beneficiados de una vivienda era albergarse de inmediato en el INTI al igual que los demás damnificados. “Ustedes estan en el censo, pero es necesario que se queden”, recuerda que le indicaron y le solicitaron las escrituras del terreno y otros documentos para el proceso de selección.
VER: El gobierno de Bukele se enreda en contradicciones por entrega de casas
Ella y su familia, luego de abandonar las instalaciones del INTI, debieron buscar un nuevo lugar en donde residir, al menos de forma temporal, en tanto consiguen solucionar su situación de vivienda. Obtuvieron resguardo en la casa de familiares, quienes han acondicionado un espacio para que ella, sus tres hermanos y su madre, de 53 años, puedan pasar las noches.
Rosemary describe que las carencias son muchas y van desde la falta de comida hasta el uso, precario, de colchonetas para dormir.
Además de el hecho que en esa vivienda ya habitaban seis personas, con lo cual el número llega a 11, en un espacio reducido, en donde muchos duermen en el suelo e intentan distribuirse de forma adecuada. Confirman que, en los próximos días, se moverán a otra residencia.
Ella y su madre dicen sentirse vulnerables por no contar con una solución permanente a su problema. “Si la ayuda se les dio a todos. ¿Por qué a nosotros nos dejaron afuera?”, es la pregunta que continua haciéndose la familia, a tres días de haberse enterado que otras familias, del mismo albergue, fueron beneficiadas con los proyectos impulsados desde el gobierno.
Rosemary recuerda, incluso, como, poco a poco, fueron quedándose solos en las instalaciones del INTI, hasta que se convirtieron en la única familia que habitaba el lugar. En el video publicado por Rosemary, su madre muestra las escrituras que dan cuenta de la propiedad de la casa en la comunidad Nueva Israel y del tiempo en que residieron en ella.
Rosemary señala que su madre es la más afectada emocionalmente por la situación, relata que es una mujer hipertensa y tiene problemas cardíacos, por lo que necesita someterse a tratamiento y recibir los cuidados necesarios, razón por la cual hace énfasis en conseguir una pronta respuesta de parte de las autoridades, al menos para tener un lugar digno en donde vivir.
La familia se dedica a la venta de agua, frutas y verduras en los autobuses de San Salvador para poder generar ingresos que les permitan subsistir. “Tenemos hijos y somos pobres. No tenemos donde vivir”, concluye.
Se intentó gestionar declaraciones de la titular del Ministerio de Vivienda a través de una empleada de la Dirección Administrativa que tomó la llamada y dijo que trasladaría la solicitud de El Diario de Hoy al área de comunicaciones de la institución, pero al cierre de esta nota no correspondieron la petición.