En El Salvador se registraron 254 delitos por cada 100,000 habitantes en 2020, una alta tasa de delincuencia que “no solo causa una perturbación a la actividad económica, sino que el deterioro en el clima de negocios también afecta los planes de inversión, crecimiento, desarrollo empresarial”, dice un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este estudio fue elaborado por Juan José Barrios, quien es el economista país del BID en El Salvador; y por Karla Abrego, quien es consultora de la división de Educación de ese organismo en el país.
Los datos en los que los economistas basan la tasa delictiva corresponden a la Policía Nacional Civil (PNC), según el estudio.
Lee también: Desaparecen tres miembros de una familia, el mismo día en San Martín
En esta tasa de delincuencia se incluyen todas las actividades criminales, tales como robo, extorsiones, hurtos, homicidios y otros delitos.
El informe señala que los robos a mano armada y las extorsiones constituyen las principales fuentes de ingresos ilícitos de las pandillas.
“El rango en nuestra región es muy amplio, por ello es más importante ver la tendencia. Y en el caso de El Salvador, la tendencia en materia de homicidios demuestra avances contundentes en el último quinquenio y, especialmente, en los últimos dos años”, señaló Barrios.
Por el impacto de la pandemia, principalmente provocado por las medidas de confinamiento por más de cuatro meses, “muchas empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente sus operaciones, por lo que se esperaba que la actividad delictiva dirigida hacia ellas disminuyera”.
Datos de la Policía Nacional Civil (PNC), citados por los economistas del BID, señalan que los robos, extorsiones y hurtos disminuyeron de manera considerable entre marzo y junio de 2020, período en el que, en el país, la mayoría de los habitantes estuvo encerrada en sus casas. Las extorsiones, robos y hurtos cayeron en el orden del 55 por ciento con relación al mismo período de 2019 y 49 por ciento, respecto de 2018.
Pero para la Fiscalía General, las extorsiones no pararon por parte de los grupos delictivos, principalmente las pandillas. Lo que si está claro es que “un menor número de víctimas presentaron sus denuncias debido a las restricciones a la movilidad”, señalan los economistas.
Agregan que, “a partir de julio, se observa que estos crímenes empiezan a retornar a niveles similares a los que se tenían en años previos”.
Los datos estadísticos sobre la extorsión, que la Policía divulga en su página web, detallan que se recibieron 1,345 denuncias por ese delito en 2020. Las cifras indican que 284 de esas denuncias se recibieron entre marzo y junio del año pasado. El comportamiento de ese delito comenzó a subir a partir de julio (78 denuncias) y en agosto hubo seis denuncias menos (72 ). Pero este delito se elevó de manera considerable entre septiembre y octubre, teniendo leves reducciones entre noviembre y diciembre.
Respecto de los hurtos, la Policía recibió 5,177 avisos en 2020. Entre enero y febrero de ese año se tuvo un promedio de 600 hurtos mensuales.
Pero en el período de marzo a junio, la Policía reportó 1,120 denuncias. Este delito comenzó a elevarse a partir de julio, teniendo un promedio mensual de 300 hurtos, pero incrementándose a partir de octubre a 500 hurtos por mes, hasta diciembre de 2020.
Las cifras sobre robos no están publicadas en la página web de la Policía.
Para los economistas del BID, “desde principios del 2019, el único tipo de delito que ha mostrado una fuerte disminución son los homicidios, que ya se habían reducido a la mitad entre 2015 y 2018”.
Señalan que las estimaciones del costo monetario a raíz del crimen y la violencia, en los últimos años, corresponde a “un impacto significativo entre 1/6 y 1/5 de la producción del país”. Destacan que “los efectos a nivel del tejido empresarial no han sido explorados a profundidad, y por ende hay preguntas importantes que permanecen sin respuesta”, señala el informe.
Las micros y pequeñas empresas (Mype) representan el 98 por ciento del sector empresarial con una contribución del 35 por ciento del PIB.
Estos sectores emplean a un tercio de la fuerza laboral del país, refiere el estudio.
Para calcular los efectos de los costos del crimen en las micros y pequeñas empresas, los dos economistas se basaron en la encuesta nacional de la micro y pequeña empresa de 2017.
“La literatura que existe sobre este tema en El Salvador no es extensa y, aunque se pueden encontrar algunos análisis a nivel individual, existe muy poco a nivel de empresas. Por eso nos pareció interesante tomar como punto de partida una base de datos relativamente completa como la de CONAMPYE y, a partir de ahí, poder presentar un análisis”, dijo Barrios al consultarle la razón del por qué utilizar una encuesta de años anteriores.
Amplió la explicación a que “el objetivo del estudio nunca fue hacer una descripción de la coyuntura, algo para lo que efectivamente serían necesarios datos más actualizados. Pero hay que tener en cuenta que algunos aspectos del fenómeno descrito podrían ser estructurales, y lo que este trabajo pone sobre la mesa es la necesidad de profundizar en el trabajo analítico”, dijo Barrios.
En el análisis estadístico, los consultores del BID hallaron que las empresas a cargo de hombres (14%) eran más propensas a experimentar un acto delictivo que las que dirigen mujeres (7%). Entre las víctimas, el 70% eran microempresas y el tipo de delito más común fue la extorsión (49%), seguido del robo (30%).
Señalan que en 2016, el costo promedio anual debido a la delincuencia para las MYPES encuestadas ascendía a $325. “Las pérdidas por delitos representaron el 58% de los costos totales por crímenes y el resto correspondió a inversión en medidas de seguridad”, señalan los autores del informe.
Las pérdidas por delitos representaron el 26% de los costos operativos anuales para las empresas víctimas.
“El robo fue el tipo de delito que implicó una mayor pérdida entre estas ($3,153 por año, en promedio), seguido de los hurtos con una pérdida promedio anual de $3,142”, señala el estudio.
Destacan que las MYPES que invirtieron en seguridad detallaron que el 1% de los costos operativos fueron asignados a seguridad de las empresas ($1,549 en promedio).
Señalan que las empresas que tienen un solo empleado, representan el 37 por ciento de las MYPES, con altos costos derivados de la delincuencia, debido a que no tienen la capacidad de invertir en medidas de seguridad.
Las empresas que poseen de 21 a 25 empleados tienen altos costos por la delincuencia (como porcentaje de las ventas).
“Estas empresas tienen un costo total promedio del crimen de alrededor del 8% de sus ventas anuales, es decir, por cada dólar en ventas anuales, en promedio, gastan US$0.08 en delitos (seguridad o pérdidas por delitos)”, destaca el estudio.
BIDEl análisis estadístico reveló que cuando las empresas son lo suficientemente grandes (de 21 a 25 empleados) se convierten en “un objetivo de extorsión más atractivo”.