La entrega de 30 millones de dólares a personas no identificadas que recibieron el bono del gobierno de $300 sigue en el foco de las investigaciones de la Corte de Cuentas de la República, así como más de seis casos de supuestas irregularidades en las compras hechas para la pandemia del COVID-19.
Con la declaratoria de la emergencia y cuarentena (encierro total) el gobierno comenzó a echar mano de millones de dólares, en especial provenientes del Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para hacer compras, se supone justificadas por la emergencia y que eran al margen de la Lacap.
Una de las más mediáticas y millonarias de esas erogaciones fue el de $450 millones del Fopromid para la entrega de bonos mensuales de $300 a 1.5 millones de personas vulnerables, según anunció el presidente Nayib Bukele, en cadena nacional. Ese día explicó la vía electrónica en que había que corroborar si se estaba en lista e instruyó a todo aquel que no apareciera a acudir a los Cenade.
La gente se volcó a los Cenade y no solo se expusieron al contagio, sino que dejaron al descubierto indicios de irregularidades en la entrega del dinero en efectivo. Muchos dijeron necesitar el dinero y no se hallaban en la lista y por otro lado había casos en que habían recibido el dinero sin que lo necesitaran, entre ellos residentes en EE. UU. y en zonas privilegiadas.
La Corte de Cuentas de la República anunció en mayo que estaba auditando esa entrega de dinero y que se habían encontrado 100,000 beneficiados sin que hubiera justificación, lo que equivalía a $30 millones.
Entre marzo y mayo se conoció que el gobierno había entregado ya $350 millones en esos bonos.
Luego el gobierno sustituyó esa medida por la entrega a domicilio de canastas de alimentos hoy llamados paquetes solidarios. Sobre esto el gobierno no ha rendido cuentas, ni ha explicado sobre qué censo de familias necesitadas basó la distribución. Es notorio que estos paquetes los entregan incluso en residenciales exclusivas.
Te puede interesar: Gobierno incumple su propio plazo de fase 3 de hospital Cifco
La CCR dice estar auditando esta erogación también.
En octubre, el presidente de la Corte, Roberto Anzora, dijo que estaban por elaborar un borrador de informe de resultados.
De igual forma, la Corte informó que estaban fiscalizando las entregas de los bonos de $150 a personal de Salud Pública y de Seguridad.
Ayer se preguntó a la oficina de comunicaciones de la CCR sobre el estado de esta y otras auditorías que realizan al uso de fondos públicos durante la pandemia, pero no dieron ninguna respuesta.
Un hospital con avance lento
La adaptación del Cifco en un hospital y la construcción de otras áreas para que estuvieran funcionando en plena pandemia de Covid, tendría 2,000 camas y 300 unidades de cuidados intensivos entre otros, a un costo de $70 millones. Pero el hospital más grande de Latinoamérica prometido nunca estuvo del todo listo.
Su construcción y manejo de los fondos fue con opacidad; aunque Bukele ofreció a los medios entrar cuando quisieran para ver el avance, eso solo quedó en discurso. El Diario de Hoy hizo 14 peticiones al gobierno para ingresar pero nunca se le concedió el acceso. En octubre pasado, el presidente de la Corte reveló que solo en el centro del Cifco que en un inicio se dijo sería provisional tendría una inversión superior a $26 millones.
Centros de contención y otros
El manejo de los centros de contención no solo reflejaron un deficiente manejo al inicio de la pandemia, sino irregularidades como otorgar contratos a familiares de funcionarios, como el que dio el Ministerio de Turismo a presuntos parientes del ministro de Salud, Francisco Alabí.
El magistrado Anzora dijo en una entrevista reciente que detectaron que hubo centros en los que se erogó $25 como costo diario en alimentación, pero que en realidad esa alimentación no era servida.
Anzora dijo también que investigan la falta de insumos para los paquetes agrícolas adquiridos por el Ministerio de Agricultura, que habían detectado errores o falta de controles y que también auditaban las compras de granos básicos, pero que de esto último no habían recibido documentos.
Productores nacionales lamentaron que el gobierno prefiriera importar granos y no comprarle a ellos parte de su producción, con lo cual se estimularía la economía y producción nacional.
El flujo de dinero de donantes internacionales y locales también está bajo el ojo de los auditores. Por ejemplo, auditan $43 millones que Cancillería canalizó para el Fopromid.
Los fondos donados los han estado ejecutando la Secretaria de Proyectos Estratégicos y los ministerios de Defensa, de Salud y de Obras Públicas, así como la Dirección Nacional de Medicamentos.