Casos prescritos de Probidad con irregularidades serán indagados por la vía penal

Existen 95 expedientes en Probidad que ya no pueden ser procesados por la vía civil. La Corte ha comenzado a analizar los primeros casos. b Si halla indicios de enriquecimiento ilícito y el investigado no justifica, los remitirá a Fiscalía y esta vea si aplica ley de extinción de dominio.

Por Mirella Cáceres

Ago 25, 2019- 05:15

En los archivos de Probidad existen 95 declaraciones patrimoniales de cese de funciones que han acumulado polvo. Fueron presentadas entre 1993 y 2009, eso significa que han pasado diez años, el plazo límite que establece la Constitución para que estos casos sean juzgados civilmente, si lo ameritan.

Pero ese polvo ha empezado a ser removido. El martes pasado, en la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados empezaron a ver algunos de la lista de casos caducados a fin de buscar en los informes ya elaborados presuntas irregularidades; de no ser justificadas por los exfuncionarios, los remitirán a la Fiscalía para que los investigue por presunto delito de enriquecimiento ilícito, establecido en el Código Penal.

Según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, esta decisión fue tomada hace aproximadamente un mes y medio en sesión de Corte Plena.

La medida fue tomada porque estos casos ya están prescritos o caducados para ser remitidos a un tribunal civil, pero que sí pueden procesarlos penalmente si la Fiscalía comprueba que el funcionario se ha enriquecido de forma ilícita.

“Si encontramos que un exfuncionario tiene cantidad materialmente superior a los que debía haber ganado, aunque ya haya prescrito, lo vamos a mandar a la Fiscalía, certificado el caso, para que lo investiguen penalmente por enriquecimiento ilícito, ya por delito penal”, explicó López Jerez.

Parte de los pasos que han comenzado a dar, a decir del magistrado, es que en ese “par de casos” que ya extrajeron de la lista de expirados y que revisaron el martes anterior, han ordenado que se mande a escuchar al investigado y que, según lo que conteste a las observaciones hechas, si no las justifica, lo mandarán directo a la Fiscalía.

Según López Jerez, al remitirlo a Fiscalía para que investigue penalmente a estos investigados, esta tiene que evaluar si pide aplicarles la Ley de Extinción de Dominio.

La extinción de dominio es aplicada con la autorización que un juez da a la Fiscalía para que intervenga bienes de procesados bajo sospecha de haber adquirido bienes con dinero de origen ilícito.

La decisión de la Corte de enfocarse también a estos casos prescritos, según López Jerez, es que las cortes anteriores no hicieron nada y que no pueden cruzarse de brazos.

“La Corte Suprema de hace como diez años cometió el grave error de no investigar a exfuncionarios y funcionarios, nunca hicieron nada; entonces, cuando llegamos nosotros ya han prescrito (estos casos) antes de que yo llegara en 2015, por ejemplo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dice López Jerez.

El magistrado pone de ejemplo casos como el de David Gutiérrez, quien fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Elías Antonio Saca, el cual prescribió en 2017; al igual que el del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, caducado en 2004. Pero esto, dice, no quita que puedan revisar sus expedientes y ver si califican para exonerarlos o remitirlos a Fiscalía.

En el listado de Probidad, el informe preliminar sobre el caso de Cristiani aparece que ya le fue notificado. En este mismo estado se encuentran en total seis expedientes.

¿Qué funcionarios integran la lista de casos caducados?

En un informe de la sección de Probidad, actualizado hasta el 16 de julio pasado, aparece un listado de “casos investigación que a la fecha de este reporte se encuentra prescritos”. Estos corresponden a personas que después de 2009 no han desempeñado más cargos en las instituciones del, aclara el informe.

En ese listado aparece David Gutiérrez, cuyo informe aparece en estado “preliminar notificado” , pero además aparece, en ese mismo estado, el informe de su declaración patrimonial como titular del Fondo de Conservación Vial (Fovial).

Otro expresidente de la República que aparece entre los casos prescritos es el de Armando Calderón Sol. Según el registro, él presentó su declaración de cese de funciones el 31 de mayo de 1999 y, aunque ya falleció, aparece que le notificaron el informe preliminar.

Pero además figuran 30 casos expirados en los que no se ha iniciado investigación. Entre los rostros más conocidos está el del ex secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Antonio Zablah Touché; el exministro de Medio Ambiente y expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Hugo Barrera, y la exministra de Economía, Yolanda Mayora de Gaviria.

También aparecen en ese mismo estado los exministros de Defensa Nacional, Rafael Humberto Larios, Humberto Corado Figueroa, Otto Romero Orellana y René Emilio Ponce. Este último ya falleció.

Entre otros exfuncionarios conocidos está el exdirector de la Policía Nacional Civil, Ricardo Menesses Orellana; Miguel Ángel Salaverría, extitular de Cepa, y Sandra de Barraza cuando fungió como directora suplente en la junta directiva de Cepa.

Además hay otros casos en los que Probidad tiene pendiente de notificar o de procesar la información. En esto último, no especifica si se trata de los datos declarados por el exfuncionario o de los datos recabados durante la investigación.

Casos pendientes de procesar, de notificar a los investigados

Un total de 33 casos están pendientes de “procesar información”, según el registro de Probidad. Entre ellos el de Albino Román, quien fuera presidente de la Cepa, y el exministro de Hacienda, William Handal, en el gobierno de Saca.

En esos pendientes también está el de Miguel Lacayo Argüello, exministro de Economía ; y el de Manuel Arrieta Araujo, presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (Anda), ambos en el gobierno de Francisco Flores.

En ese grupo se incluye a Julio Rank, cuya declaración de cese de funciones fue presentada el 31 de mayo de 2009. Él fue secretario de Comunicaciones en la presidencia de Saca; por hoy guarda prisión luego de ser condenado por lavado de dinero en el caso Saqueo Público.

Pero hay casos caducados en los que aún se está procesando la información, según la documento de Probidad. Allí se incluye a exfuncionarios como Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y ex director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP); así como el de la exministra de Educación, Darlyn Xiomara Meza.

Hay otros expedientes en los que ya hay un informe elaborado pero que están en etapa preliminar y otros a los que se les ha hecho adendas (modificaciones) que han sido enviados a estudio de la Comisión de Ética y Probidad, la instancia en la que se analiza los casos antes de remitirlos a Corte Plena.

Entre esos informes con adendas aparecen: el ex vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt; Enrique Molins, quien presidió el Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

El magistrado López Jerez apunta que hay casos de exfuncionarios que ejercieron cargos en el pasado y sus declaraciones patrimoniales presentadas, que ya están prescritas, no hay sido incluidas en este listado de Probidad.

Pone de ejemplo el caso del exvicepresidente del país, Óscar Ortiz, cuya declaración de bienes de su período como diputado de la Asamblea Legislativa en 2006 no aparece en el registro.

Sin embargo, el caso de Ortiz aparece en otro cuadro en el que se especifica que están pendientes de subir a Corte Plena. Se trata del informe sobre su período como diputado propietario entre el 1 de mayo de 1994 y el 30 de abril de 2000.

Asimismo aparece pendiente de ver en Corte Plena el informe de su período como alcalde municipal de Santa Tecla entre el 1 de mayo de 20016 y el 31 de mayo de 2014.

De igual forma, el magistrado López Jerez expone el caso del ex presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, cuyo informe de su estado patrimonial de cuando fue diputado, entre 2000 y 2009, debe aparecer entre los prescritos.

El pasado jueves, la Corte Plena exoneró al exgobernante de presunto enriquecimiento ilícito, tras analizar el informe de Probidad correspondiente al período de vicepresidente de la República, cargo ejercido entre 2009 a 2014.

 

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