Diputados proponen cesar a funcionarios que no declaren bienes

Diputados de ARENA buscan reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito para cerrar espacios a la corrupción. La propuesta plantea aumentar las multas para los funcionarios públicos que no declaren sus bienes y los de su familia.

Foto Por Archivo

Por Cecilia Fuentes

Ago 08, 2019- 21:33

Tras conocerse el incumplimiento de que al menos 58 funcionarios del gabinete de Gobierno no han presentado su declaración patrimonial (bienes, ingresos y egresos) en tiempo ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los diputados de la fracción de ARENA proponen reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito para impedir que los funcionarios desempeñen su cargo si no cumplen.

Además proponen aumentar las sanciones económicas, porque las actuales son bajas, y definir el plazo para que los funcionarios presenten su declaración.

El Diario de Hoy publicó el martes un informe de la Sección de Probidad del 29 de julio que detalla que solo 6 funcionarios del actual gobierno presentaron su declaración. El resto del gabinete, incluyendo al presidente y vicepresidente de la República, no habían declarado sus bienes hasta ese fecha.

Dicha información es clave para que Probidad inicie auditorías a los bienes de los funcionarios cuando hay sospecha de posible enriquecimiento ilícito.

El informe de Probidad fue solicitado por este periódico a través de la oficina de acceso a la información pública de la Corte Suprema, el cual contiene los nombres y cargos de los 6 funcionarios que presentaron su documentación en tiempo cumpliendo así lo que mandan la Constitución de la República y la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Tras la publicación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, presentó ayer una pieza de correspondencia en la que solicita modificar el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de enriquecimiento.

Actualmente, el artículo 18 establece que los funcionarios deben cesar de su cargo si se vence el plazo establecido en una prórroga de 60 días, sin embargo, queda en manos de la Corte fijar el periodo.

“Lo deja (el plazo) a discreción de la Corte Suprema de Justicia. Ahora le estamos poniendo plazo a la Corte”, aseguró Quijano.

Además de los plazos, la propuesta de reforma aumenta el monto de las multas, que actualmente son bajas, según indica la modificación al artículo 17 de la ley.

FRASE

“Si el jefe no predica con el ejemplo va ser difícil que todo su gabinete de gobierno y todos sus funcionarios cumplan porque él está dando el mal ejemplo”.

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa

FRASE

“Una de las reformas propuestas es incrementar las sanciones económicas por retrasos en la presentación de las declaraciones de probidad”.

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa

“Si se pasaron 60 días de ejercer el cargo y no presentaron su declaración de probidad tendrían en el futuro 15 días para poderla presentar y sino les cae multa de 500 dólares”, mencionó Quijano.

Las multas rondarán los $500 si se excede el plazo constitucional hasta 15 días. Al superar los 30 días, la sanción será de $1,000. Si el período sobrepasa los 60 días el funcionario deberá pagar $5,000.

“Lo que estamos haciendo es que cuando se trate de un alcalde o sea de un funcionario de elección popular: alcalde, diputado o presidente de la República, aparte que le cayó la multa, como la Constitución no permite separarlo del cargo, queda inhabilitado para un futuro que no pueda ejercer ningún cargo de elección de segundo grado o elección popular”, detalló el presidente de la Asamblea.

Funcionarios inhabilitados por presentar documentación falsa

ARENA también pretende castigar a los funcionarios que presenten declaraciones falsas para beneficiarse ocultando información, inhabilitándolos de su cargo.

“Para esta categoría de funcionarios será causal para inhabilitar a la candidatura para futuros cargos de elección popular o de elegidos por Asamblea Legislativa”, se añade al artículo 19, el cual ya establece que los que entreguen información falsa deberán dejar su cargo. Referido al monto de la sanción por esta falta se ha fijado una multa de $5,000.

La propuesta de reforma de ley podrá ser analizada por los diputados, si así lo avalan.

Mientras tanto, ante el incumplimiento de los funcionarios actuales, la normativa establece que de no cumplirse con la presentación del estado patrimonial deberá ser la Sala de lo Civil de la Corte Suprema que conozca las infracciones.

Los 6 funcionarios que han presentado su declaración, según el informe de Probidad, son: María Ofelia Navarrete Dubón (María Chichilco), ministra de Desarrollo Local (ex FISDL); Jorge Alejandro Aguilar Zarco, presidente del Fonaes; Miguel Ángel Rivas Bonilla, director del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, Cefafa. También la han presentado Óscar Edmundo Anaya Sánchez, viceministro de Hacienda Adhonorem; Frederick Antonio Benítez Cardona, presidente de ANDA; y Zelma Alejandrina Escalante Iraheta, subdirectora de Seguridad Pública de la PNC.

El ministro de la Defensa, René Francis Monroy, afirmó el martes, en una entrevista televisiva, que sí había presentado su declaración; este periódico le solicitó una copia del comprobante pero no la facilitó.

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