Agua contaminada, nepotismo e impunidad: los casos que marcan el inicio del año

La salida del país de Sigfrido Reyes, acusado de corrupción, la contratación de parientes de diputados en la Asamblea Legislativa, la deportación del exdiputado Roberto Silva y el agua contaminada que ya llegó a miles de hogares sobresalen en lo que va de 2020.

Por Óscar Iraheta

Ene 22, 2020- 21:25

Impunidad en investigaciones judiciales contra la corrupción, una crisis general de agua potable contaminada que afectó a centenares de salvadoreños y la denuncia sobre la contratación excesiva de familiares en la Asamblea Legislativa, marcan el inicio de 2020 y el segundo semestre del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El primer caso importante contra la corrupción llevado a los tribunales este año, dejó un mal sabor para la Fiscalía, ya que todos los imputados acusados de formar una red de corrupción serán procesados en libertad y su principal imputado, el expresidente de la Asamblea Legislativa, salió del país el 22 de noviembre de forma legal hacia Europa, según las investigaciones.

También la justicia no se ha pronunciado por el futuro judicial del exdiputado del PCN, Roberto Silva Pereira, quien fue deportado por Estados Unidos el pasado 8 de enero.
La Policía se hizo suya la deportación del expolítico y lo publicó como una importante captura.

Además, las autoridades no aclaran la excesiva cantidad de parientes y amigos que han sido contratados como asesores y empleados en la Asamblea Legislativa. Por hoy solo hay anuncios de que investigan ese hecho.

El escándalo más reciente es que capitalinos denunciaron las malas calidad del agua de parte de Anda. El gobierno ha admitido una lenta reacción.

Sigfrido Reyes es prófugo y el resto de los acusados son procesados en libertad

El jueves 9 de enero, a las 7:00 de la noche, el presidente Nayib Armando Bukele, se adelantaba a la Fiscalía al informar de la captura de cuatro personas vinculadas al expresidente de la Asamblea Legislativa y uno de los principales políticos del FMLN, Othon Sigfrido Reyes, al mismo tiempo, informaban que el exlegislador había salido del país el 22 de noviembre.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó que la investigación contra Reyes era parte de una estructura de corrupción que había alcanzado a otras instituciones como la Corte de Cuentas y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).

Seis días después, todos los imputados fueron presentados ante un juez de Paz, quien ordenó que los acusados sean procesados en libertad. Todos se retiraron a sus casas tras cumplir ciertas condiciones que les impuso el juzgador, entre ellas, pagar una fianza de entre 20 y 30 mil dólares. Además no deberán salir del país, entregar sus pasaportes al tribunal, firmar cada 15 días en los juzgados; algunos deberán usar además brazalete electrónico, entre otras reglas.

Mientras que en el caso de Reyes, las autoridades aún se encuentran en los trámites para su búsqueda internacional a través de la Interpol, ya que salió del país de forma legal en noviembre, sin que nadie le realizara una vigilancia, a pesar de que ya era investigado por autoridades fiscales.

El juez rechazó el delito de estafa contra Reyes y de otros imputados. La Fiscalía acusó al expresidente de la Asamblea de haber comprado varios terrenos que le pertenecían al Ipsfa a un precio menor del real. Para eso, usó a varios empleados de esa institución y de la Corte de Cuentas.

Sin embargo, el juez no puso ninguna restricción a Reyes y los otros imputados sobre ese ilícito que fue denunciado por los medios de comunicación hace cuatro años.
Pero el juzgador sí admitió la acusación contra el exdiputado por los delitos de peculado y lavado de dinero .

Nepotismo en la Asamblea abarcó a todos los partidos políticos

Una extensa investigación de parte de El Diario de Hoy realizada desde el año pasado, reveló como en la Asamblea Legislativa diputados de todos los partidos políticos contrataron durante varios años a familiares y amigos con plazas de asesores y empleados, gozando de jugosos salarios pagados por los salvadoreños.

Entre los casos más escandalosos hay siete familiares de la esposa del diputado Guillermo Gallegos que tienen plazas en la Asamblea, las cuales cuestan al Estado $16,300 mensuales.

Además, hay exdiputados con plaza de asesores que no se presentan a trabajar y otros que tienen hijos que también son empleados de la Asamblea. La Fiscalía y otras instituciones han prometido abrir expedientes y procesos para investigar la posible comisión de delitos, pero hasta la fecha, no hay mayores resultados.

Exdiputado: en zacatraz y sin audiencia ante juez

Estados Unidos, deportó al exdiputado Roberto Silva Pereira, acusado de lavado de dinero y cohecho. La policía se tomó como suya la deportación y publicó que Silva Pereira había sido capturado en el aeropuerto a través de sus múltiples cuentas en Twitter y otras redes sociales.

El presidente Nayib Bukele ordenó que el diputado del PCN, fuera enviado al penal de Máxima Seguridad. Después de 15 días, el sistema judicial no se ha pronunciado sobre el futuro legal del expolítico.

Desapariciones y asesinatos de profesionales

En los primeros 22 días del mes, los asesinatos contra personas profesionales no han cesado en el país. Un profesor, una estudiante, el padre de un policía, un ingeniero en sistemas, entre otros profesionales, son parte de las víctimas que murieron por la violencia.

Sin embargo, las autoridades confirman que los homicidios han tenido una significativa reducción en todo el país. Por su parte la Fiscalía General de la República, afirma que las denuncias de personas desparecidas sigue en aumento.

Crisis de agua potable contaminada y sin una atención adecuada

El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, expresó que se debió actuar más rápido ante las denuncias de parte de cientos de ciudadanos que se quejaron por el mal sabor del agua potable, que según el mismo gobierno, fue un problema generado por las algas que se encontraban en los tanques de distribución que contaminaron agua potable en el Gran San Salvador.

Para mermar el problema, el gobierno repartió decenas de cientos recipientes de agua embotellada comprada a la empresa privada.

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