“El problema (del Nepotismo) es sistémico no es sólo en la Asamblea, es en todo el Estado“, aseguró Gustavo Amaya, coordinador del Equipo de Función Pública en la entrevista Frente a Frente.
Él, junto a Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, coinciden en que este año es el momento oportuno para aprobar la Ley de Función pública, de la cual hay dos anteproyectos en estudio en la Asamblea.
Esta Ley es impulsada por más de 20 organizaciones que trasciende toda barrera ideológica, dijo Amaya, y busca que los empleados públicos sean contratados por méritos y no por otros motivos. Además incluye evaluación de su desempeño para promover ascensos o, precisamente, para dar espacio a quien se lo merece por su eficacia.
“Esto es el desarrollo de las sociedades y del gobierno, lo hace todo el mundo”, dijo Amaya en relación a que esta ley “no es imposición” de ningún organismo externo.
“La ley propone una institucionalidad garante. Esto aplica para todos los órganos del Estado”, dijo Claudia Umaña.
“Hay una cantidad de abusos que no hay palabras para describirlo”, afirmó Gustavo Amaya sobre empleados estatales al no haber Ley de Función pública y describió que hay casos como que algún empleado llega en pijama sólo a marcar entrada.
Moisés Urbina, entrevistador, le preguntó en cuál institución ocurrió eso y Amaya le contestó que “parece que en la Asamblea”.
Una investigación de El Diario de Hoy reveló que siete familiares de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, tienen plaza en esa institución.
Además, hay exdiputados que tienen plaza de asesores en la entidad y sus hijos también trabajan ahí.
El diputado del PDC, Reynaldo Alcides Carballo, también tiene como asesores en la Asamblea a varios empleados de su colegio privado. El partido solo tiene tres diputados, pero hay 84 empleados a su servicio pagos que equivalen a $70,000 mensuales.
En el caso de ARENA tiene como empleados a muchos de sus afiliados y miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), el ente rector de ese partido.
Mientras que varios diputados del FMLN que perdieron las elecciones anteriores permanecen en la Asamblea con plazas de asesores o analistas de fracción, cobrando sueldos arriba de $2,500.
El PCN tiene 233 empleados, incluyendo a la exdiputada Cristina López, quien cobraba $2,000 mensuales como “colaboradora”, pese a vivir en Estados Unidos.
Ayer, un equipo del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) llegó este lunes a la Asamblea Legislativa para dar inicio a las investigaciones por casos de nepotismo en dicho Órgano del Estado.
Los instructores del TEG se reunieron con el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, así como también con el gerente de Recursos Humanos y gerente de Asuntos Legales del parlamento para coordinar el acceso necesario a las áreas de trabajo y documentación para realizar las investigaciones sobre nepotismo.
La investigación que llevará a cabo el TEG abarcará al total de 2,402 empleados de la Asamblea y se ampliará a las contrataciones realizadas por los 84 diputados en el período de enero 2015 a enero 2020.