Los agricultores, ganaderos y jornaleros encabezan la lista de personas víctimas de homicidios en los primeros tres meses y medio de la administración que preside Nayib Bukele.
El sector más golpeado en El Salvador está estrechamente vinculado con las estadísticas de violencia de la Policía Nacional Civil que indican que las zonas rurales registran la mayoría de asesinatos en comparación con las ciudades.
Una muestra de los primeros 105 días de la gestión Bukele, registra que 115 personas que desarrollaban diversas actividades agrícolas y ganaderas fueron asesinadas; algunas en el lugar de trabajo, de regreso a casa o dentro de su viviendas.
Un informe brindado por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil revela que del 1 de junio al 15 de septiembre, ocurrieron 589 asesinatos, de ellos 78 eran jornaleros, 36 agricultores y un ganadero.
Pero, ¿qué ha vuelto vulnerable a este sector estratégico en la sociedad salvadoreña que siembra la tierra, se esmera porque sus cultivos den fruto y de esa manera asegurar la alimentación de los ciudadanos?
Las respuestas son muy variadas pero la principal, al menos en el rubro de la violencia, son las migraciones de las pandillas de las ciudades a las zonas rurales del país por los diversos operativos anti delincuenciales que las autoridades de Seguridad Pública desarrollan, afirmó el dirigente, Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).
Según las estadísticas de la Policía, más de 13,000 personas han sido capturadas por diversos delitos en la administración del presidente Bukele, y se estima que ese nivel represivo de la policía ha provocado un éxodo de pandilleros que estaría asociado al incrementó de la inseguridad y el fin de tranquilidad en varias áreas rurales del país.
Basta con ir al buscador de Google y dar “asesinato de agricultores” “jornaleros”, “ganaderos” y la plataforma enlista una gran cantidad de casos en que los agricultores han sido víctimas de homicidio.
Uno de esos hechos sucedió el 13 de septiembre, cuando fue asesinado en cantón Iglesias Viejas, San Dionisio, Usulután un agricultor, de quien no se reveló su identidad. El 31 de julio, Herbert Ulises Martínez, de 24 años, también murió de forma violenta, entre tanto Carlos Flores, de 57 años fue acribillado en Tejutepeque, el 29 de agosto y así la lista no termina de revelar los casos en que integrantes de esta área productiva está siendo asesinada a manos, en su mayoría de pandilleros.
Las estadísticas de la Policía indican que jornaleros, agricultores y ganaderos han sido víctimas en mayor número en Usulután y San Miguel (cada uno con 12 casos), Ahuachapán (11 casos), La Paz y Cuscatlán (cada uno con 10 homicidios) y Sonsonate (9).
Los demás departamentos registran de 2 a 8 asesinatos.
San Vicente con 2 homicidios y Chalatenango con 4 son los departamentos con menos violencia para este sector agrícola del país. Sin embargo, ahí residía uno de los ganaderos que fue asesinado el 13 de septiembre (ver nota aparte).
Treminio dijo que cuando los agricultores, jornaleros o ganaderos se niegan a entregar el dinero que les exigen los mareros es cuando vienen las consecuencias fatales como homicidios, robos y secuestros.
“Hay zonas donde las maras le imponen renta (extorsión) a los productores para que tengan que sacar sus cosechas y cuando no acceden los matan”, destacó Treminio.
Una de las explicaciones ante el incremento del accionar delictivo en las zonas rurales es la ausencia policial, sobre todo tras la desarticulación de la Subdirección de la Policía Rural.
De eso se aprovechan las pandillas para emigrar de la ciudad a los cantones, caseríos rurales y para que algunos de esos grupos se hayan enquistado en algunos cerros de San Miguel y Morazán. “Se le resta atención pese a que del campo sale la alimentación de los salvadoreños”, dice Treminio.
Pese a la inseguridad que está golpeando fuerte a los residentes de las zonas rurales, la falta de oportunidades agudiza más su situación, denunció el dirigente de la Cámara de Agricultores. “La principal queja de los campesinos es la falta de oportunidades, el gobierno de turno no se preocupa por el sector agropecuario, se preocupa más por maquillar las ciudades y ponerle seguridad a las zonas urbanas”, afirmó el líder.
El acoso de extorsionistas que el sector agropecuario está sufriendo es tal que los productores deben incluir dentro de la mano de obra, la cuota que pagan en extorsión o cuánto le deben dar a los mareros para poder vender sus productos.
“Los gobiernos solo concentran sus esfuerzos en la zafra (cosecha de caña de azúcar) o en la salida del café y no en la salida de frijoles, maíz, sorgo o maicillo que es cuando aprovechan los mareros para extorsionar al productor. El gobierno debería prestarle atención a los pequeños productores”, afirmó Treminio.