El presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter el 24 de abril, día que la Asamblea Legislativa realizó una sesión plenaria extraordinaria para extender el Régimen de Excepción, que la forma en que se aprobó, nuevamente, es la definición de democracia.
La Constitución exige que el RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN sea aprobado por 2/3 de los diputados (56 de los 84) y 3/4 (63 de los 84) para aprobarlo en toda su extensión.
Y fue aprobado por más, por 67 de los 84 (80% de los diputados).
LA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA. pic.twitter.com/r4v5ZduASZ
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 25, 2022
Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, asegura que una democracia tiene tres elementos esenciales: procesos electorales libres, respeto al ejercicio de los derechos; y la existencia y funcionalidad del sistema de control.
Según la abogada, en El Salvador no hay respeto al ejercicio de los derechos. Cuando en un régimen la libertad de expresión, información, prensa, el derecho de asociación y la participación política empiezan a ser vulnerados, surgen los primeros síntomas del deterioro democrático en un país.
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Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (ALAC), menciona que la definición de democracia de Nayib Bukele, es una forma reduccionista de verla.
Las medidas adoptadas a partir del Régimen de Excepción validan que la ciudadanía pierda varios de sus derechos reconocidos en la Constitución de la República. Por ejemplo, una persona detenida tiene que ser justificada de cuáles son sus derechos, pero principalmente cuáles son los motivos de la detención. Esto ya no es una obligación de las autoridades.
A 31 días de esta medida para controlar los homicidios y violencia en el país, decenas de familias han expuesto que sus parientes han sido capturados injustamente. La mayor parte sostiene que las detenciones fueron arbitrarias. Cristosal emitió un comunicado en el que afirma que los sistemas de Monitoreo y de Protección de Derechos Humanos han identificado diversos patrones de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades policiales, militares y del sistema de justicia.
Además, especifica que han atendido 147 casos de personas detenidas arbitrariamente, las cuales mencionan que reciben “tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas en los procesos indicados”.
El país, actualmente, no tiene un sistema de control que asegure la rendición de cuentas, al haber sido neutralizado por el Órgano Ejecutivo, el cual se resiste a ser supervisado tanto por las instituciones, las que el gobierno desarticuló funcionalmente, como por lo ciudadanos que exigen transparencia. Por ello, para la abogada la afirmación del presidente Bukele es falsa.