Los diputados de la oposición cuestionaron durante la discusión de los dictámenes para aprobar la construcción del Tren y del Aeropuerto del Pacífico, varios aspectos que a su juicio terminarán beneficiando más a las empresas que resulten adjudicadas con las obras, que en sí a la población salvadoreña. Estos son algunos de los señalamientos:
- Los proyectos de ley no garantizan el diseño de inversiones eficientes, sobre todo a la luz de un gobierno que atraviesa dificultades a nivel financiero. Ambas obras demandarán sumas millonarias de dinero y no se define la forma de financiamiento. El gobierno se encuentra en un esquema de insolvencia fiscal y no se aclaran los mecanismos que ayudarán a enfrentar la capacidad de pago de deudas que puedan generarse.
- No garantizan la eficiencia económica y la transparencia en las inversiones, ya que se omite la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El esquema que se usará es que el Ejecutivo auto definirá las reglas, mediante nuevas normativas internas.
- No garantiza la competencia leal entre posibles inversionistas y la economía en la compra e inversiones con fondos públicos. Se contempla un exención fiscal para 25 años para quienes gestionen la operación de los proyectos. El beneficio fiscal incluye todas las fases: diseño, construcción, operación y mantenimiento. Un proyecto que no paga impuestos obtiene ventajas sobre otras inversiones que se realizan en una sociedad. La población tendrá un sacrificio a favor de los grupos empresariales.
- No se garantiza la tutela en la protección del medio ambiente, pues tiene como fin facilitar los permisos de construcción del Tren del Pacífico y del Aeropuerto en La Unión sin resguardar el medio ambiente en las zonas costeras y áreas naturales protegidas que están dentro del ámbito de aplicación de ambos proyectos.
- Se vulneran derechos de la población que saldrá afectada en los sectores de los trazos que atravesará el Tren del Pacífico y la zona de influencia del Aeropuerto del Pacífico en La Unión. Esto podría generar vulneraciones a los derechos humanos e inestabilidad social.