Migrantes con estatus legal enfrentan nuevas limitaciones en EE. UU., según investigación del NYT

De acuerdo con un reportaje del New York Times (NYT), el gobierno de Donald Trump estaría impulsando una estrategia que ha sido diseñada para presionar tanto a migrantes indocumentados como a algunos grupos de inmigrantes con estatus legal a abandonar el país, además de reducir los incentivos para nuevas llegadas.

Las medidas abarcan distintos ámbitos de la vida cotidiana. Entre ellas se encuentran restricciones para acceder a préstamos respaldados por el gobierno, limitaciones en programas de cuidado infantil, cambios en las reglas para solicitantes de asilo, mayores controles en servicios financieros y propuestas para restringir el acceso a viviendas públicas.

La investigación señala que otras medidas en análisis incluyen restringir subsidios para guarderías a familias donde uno o ambos padres no sean ciudadanos estadounidenses, imponer nuevos períodos de espera para algunos beneficios sociales y limitar el acceso de familias mixtas —integradas por ciudadanos y no ciudadanos— a programas de vivienda pública.

Uno de los casos citados por la investigación es el de la salvadoreña Raquel Molina, quien durante casi 30 años trabajó en labores de limpieza en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Molina reside legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que protege a ciudadanos de países afectados por crisis humanitarias o desastres. Sin embargo, el año pasado perdió su empleo luego de que las autoridades modificaran los criterios para permitir el acceso a áreas seguras de los aeropuertos.

Según la investigación, la administración dejó de considerar el TPS como una forma de residencia autorizada para este tipo de acreditaciones, lo que provocó que Molina y otros trabajadores ya no pudieran ingresar a las zonas donde realizaban sus labores.

“No entendía qué estaba pasando. Había trabajado duro en mi empleo. Esta noticia me dejó en estado de shock”, relató la salvadoreña al periódico estadounidense.

Otro ejemplo es el de Gabriel y Ana Lorenzo, una pareja de inmigrantes indocumentados con cuatro hijas nacidas en Estados Unidos.

Las nuevas disposiciones impidieron que la familia continuara beneficiándose del crédito tributario federal por hijos, pese a que las menores son ciudadanas estadounidenses. Como resultado, el reembolso de impuestos que recibían pasó de 3,500 dólares el año anterior a una proyección de apenas 302 dólares.

Gabriel Lorenzo, quien trabaja en una empresa de construcción, explicó que la reducción afecta directamente la economía familiar. Por su parte, Ana Lorenzo aseguró que tuvo que regresar a trabajar antes de lo recomendado por sus médicos tras una cirugía para ayudar a cubrir los gastos del hogar.

Según cifras internas del Departamento de Seguridad Nacional citadas por The New York Times, más de 116 mil personas sin residencia permanente habrían abandonado voluntariamente Estados Unidos hasta el momento, algunas mediante programas gubernamentales de autodeportación.

La administración Trump sostiene que estas acciones buscan priorizar los recursos públicos para ciudadanos estadounidenses y reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes y diversos sectores han advertido que las medidas podrían afectar a millones de familias que ya viven y trabajan en el país, incluyendo hogares con hijos ciudadanos estadounidenses.