Estados Unidos buscaría revocar la ciudadanía a más de 380 personas

Estados Unidos buscaría revocar la ciudadanía a 384 personas naturalizadas como parte de una estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump para acelerar los procesos de desnaturalización. Según informó The New York Times, la medida contemplaría asignar estos casos a fiscales en distintas regiones del país, lo que podría incrementar este tipo de acciones legales si se concreta.

De acuerdo con el medio digital, el Departamento de Justicia (DOJ) identificó a este grupo de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero cuya ciudadanía buscaría retirar. La iniciativa incluiría distribuir los casos entre abogados de litigios civiles en 39 oficinas regionales, ampliando la capacidad para tramitarlos en diferentes jurisdicciones.

Cómo funciona la desnaturalización en Estados Unidos

La legislación federal permite que el gobierno solicite a un tribunal la revocación de la ciudadanía cuando se demuestra que fue obtenida de forma fraudulenta. Esto puede incluir matrimonios simulados, omisión de información relevante o antecedentes que habrían impedido la naturalización. También se contempla la desnaturalización en casos de delitos graves.

El proceso es complejo. Requiere que el gobierno presente pruebas ante un juez federal, ya sea mediante procedimientos civiles o penales. Por esta razón, históricamente estos casos han sido limitados. Sin embargo, el enfoque que buscaría implementar la administración podría modificar esa dinámica.

Un funcionario citado por The New York Times indicó que la propuesta apunta a aumentar el volumen de casos al involucrar a fiscales que no suelen especializarse en este tipo de litigios. Esto se sumaría a una directriz previa que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a remitir más de 200 casos mensuales al DOJ.

Desde el gobierno, la postura se centra en el combate al fraude. Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia, afirmó que están “persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia”. Por su parte, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró: “El fraude de ciudadanía es un delito grave; quien haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño tendrá que rendir cuentas”.

Un posible cambio en la frecuencia de los casos

De concretarse, el aumento contrastaría con la tendencia histórica. Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó 305 casos de desnaturalización, con un promedio de 11 al año. En comparación, entre 2017 y finales del año pasado, la cifra superó los 120 casos, lo que refleja un incremento durante la administración Trump.

La medida también se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias restrictivas. Expertos citados por The New York Times señalan que un aumento en estos procesos podría generar incertidumbre entre las personas naturalizadas, quienes cuentan con casi todos los derechos de los nacidos en el país, pero enfrentan un estándar legal alto para conservar su ciudadanía.

Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, advirtió: “El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”.

El proceso de naturalización en Estados Unidos incluye controles rigurosos. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos, detallar su historial migratorio y aprobar exámenes de educación cívica e inglés. Algunos acceden a la ciudadanía tras años como residentes permanentes, mientras que otros califican por matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

A pesar de estos filtros, se han detectado irregularidades. En 2017, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reveló que más de 800 migrantes obtuvieron la ciudadanía pese a haber sido deportados previamente bajo identidades distintas. En 2024, más de 818.000 personas se naturalizaron, según datos federales.

Implicaciones legales y operativas

El posible impulso a los casos de desnaturalización también plantea desafíos internos. Durante una reunión reciente, Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas como “la primera oleada de casos”.

No obstante, reconoció limitaciones en varias oficinas. “Espero que estos casos no representen una carga adicional”, dijo, al referirse a una iniciativa que, según explicó, estaría siendo promovida a nivel gubernamental, aunque con matices en su origen institucional.

El redireccionamiento de recursos podría impactar otras áreas como el combate al fraude sanitario, la corrupción en contratos públicos o la defensa de derechos civiles. Esto abre un debate sobre el equilibrio entre la aplicación de leyes migratorias y otras funciones del sistema judicial.

Especialistas también advierten sobre antecedentes históricos. Lucas Guttentag, exfuncionario del DOJ, señaló que una campaña de este tipo podría “desestabilizar principios de ciudadanía estadounidense establecidos desde hace mucho tiempo”.

Mientras tanto, el gobierno ha presentado recientemente casos contra personas de distintos países acusadas de fraude o delitos relacionados con su proceso de naturalización. El alcance final de esta estrategia dependerá de cómo evolucione su implementación en los tribunales y de las decisiones políticas que la respalden.