COVID-19 en El Salvador: El recuento de una crisis histórica

Marzo de 2020 quedó grabado en la memoria colectiva salvadoreña como el inicio de una era de incertidumbre absoluta. Lo que comenzó con noticias distantes sobre un virus en la ciudad china de Wuhan, pronto se transformó en una cascada de decretos, restricciones de movilidad y una transformación radical de la vida cotidiana. El Salvador no solo enfrentó una crisis sanitaria; vivió un experimento social y económico sin precedentes bajo una estrategia de "prevención extrema".

El blindaje: Un país que cerró sus puertas

Incluso antes de que el virus tocara suelo salvadoreño, el Gobierno optó por un cierre agresivo. El 11 de marzo, con la declaración de la Alerta Naranja, el país comenzó a cerrarse al mundo. Una de las primeras fichas en caer fue el sistema educativo: se decretó la suspensión total de clases presenciales en todos los niveles, desde parvularia hasta universidades. Las aulas quedaron vacías de la noche a la mañana, obligando a una transición improvisada hacia la educación virtual.

La medida más drástica llegó el 17 de marzo con el cierre total del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. Miles de salvadoreños en el exterior se convirtieron en "varados", mientras que quienes lograban ingresar eran enviados directamente a Centros de Contención, donde el gobierno utilizó hoteles y albergues para aislar a estas personas durante 30 días. Fue una etapa de mucha tensión social y logística, donde el Estado tuvo que proveer alimentación y vigilancia médica a miles de ciudadanos en "aislamiento preventivo obligatorio".

El 18 de marzo, la confirmación del primer caso en Metapán activó el primer cerco sanitario de la historia moderna del país: un anillo de seguridad que aisló por completo la ciudad para realizar un rastreo epidemiológico casa por casa.

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El confinamiento y la vida bajo el número del DUI

El 21 de marzo se anunció la Cuarentena Domiciliar Completa. El Salvador se sumió en un silencio total. Para quienes sus labores lo permitían, el "home office" pasó a ser la norma. Para el resto, la movilidad se limitó estrictamente por el último dígito del Documento Único de Identidad (DUI). Los salvadoreños solo podían salir a comprar comida o medicinas los días que les correspondía según su documento; de lo contrario, se arriesgaban a ser retenidos.

En medio del aislamiento, el número telefónico 132 se volvió vital, funcionando como un centro de telemedicina que monitoreaba a miles de pacientes en sus hogares.

El transporte público desapareció, los centros comerciales cerraron y la Ley Seca se impuso para evitar reuniones sociales. En las entradas de los municipios, los arcos sanitarios rociaban soluciones químicas a los transeúntes, en un intento por frenar al enemigo invisible.

Las banderas blancas y el Paquete PES

El impacto económico fue devastador para el sector informal. El Gobierno lanzó un bono único de $300 dólares por familia, pero la necesidad era tal que pronto aparecieron las banderas blancas en las ventanas y orillas de las carreteras: un grito silencioso de familias que se habían quedado sin alimento. 

Esto aceleró el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), mediante el cual se entregaron millones de Paquetes Alimentarios puerta a puerta en cada rincón del país, asegurando que nadie tuviera que romper la cuarentena por hambre.

Salud a domicilio, "clusters", el kit azul y los entierros

Para proteger a los más vulnerables, el Decreto 661 y otras normativas obligaron al resguardo domiciliar con goce de sueldo para embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. El MINSAL y el ISSS transformaron su logística con la entrega de medicamentos a domicilio, asegurando que los tratamientos para diabetes o hipertensión llegaran directamente a las casas.

Además, se enviaba el "kit azul" de medicamentos ambulatorios para casos leves y se promovió la estrategia de "clusters" o grupos cerrados de máximo 10 personas para facilitar la trazabilidad: si alguien resultaba positivo, el nexo se limitaba a ese círculo pequeño.

Uno de los capítulos más grises fue el protocolo de entierros. Las familias no pudieron despedir a sus seres queridos: los cuerpos eran sellados en bolsas herméticas, los ataúdes emplayados y trasladados directamente del hospital al cementerio bajo la vigilancia de personal en trajes Tyvek. Sin velaciones y con un máximo de 5 acompañantes, el "último adiós" se convirtió en un acto de soledad absoluta.

La reapertura: El Plan de Reintegración Económica

Tras meses de encierro y una intensa pugna legal entre los Órganos del Estado, el país finalmente trazó una ruta de salida. El Plan de Reapertura Económica, estructurado originalmente en cuatro fases, permitió que el país volviera a caminar:

• Fase 1: El regreso de la industria, construcción y parte del sector público con protocolos estrictos.
• Fase 2: La reapertura de iglesias y restaurantes (con distanciamiento) y, eventualmente, el transporte público.
• Fases 3 y 4: El retorno de actividades culturales, aeroportuarias internacionales y eventos deportivos. Este proceso fue cauteloso, vigilado por el Ministerio de Trabajo para asegurar que los empleadores cumplieran con estaciones de desinfección y distanciamiento entre escritorios.

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Infraestructura, tamizaje y vacunación masiva

La respuesta sanitaria se cimentó en el Hospital El Salvador, transformando el recinto ferial de CIFCO en un centro de primer mundo para cuidados intensivos. Simultáneamente, las cabinas de tamizaje móvil recorrían el país realizando pruebas PCR masivas. En los momentos más críticos, la donación de plasma convaleciente fue la esperanza de muchos pacientes graves.

Finalmente, en 2021, el Plan Nacional de Vacunación y la inauguración del Megacentro de Vacunación marcaron el principio del fin de la emergencia. El Salvador se convirtió en referente regional por la agilidad de su sistema de citas y la inmunización masiva, permitiendo que hoy, seis años después, la pandemia sea solo un recuerdo de resiliencia y transformación nacional.