Estados Unidos gastó $40 millones en deportaciones migratorias

El Gobierno de Estados Unidos gastó al menos 40 millones de dólares en deportaciones a terceros países durante el último año, según un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El documento, elaborado por legisladores demócratas, analiza los acuerdos que permitieron trasladar a 300 inmigrantes a naciones distintas a las de su origen, entre ellas El Salvador, y cuestiona el costo, la eficiencia y la transparencia de estas operaciones migratorias.

La investigación, divulgada tras diez meses de revisión de contratos y convenios gubernamentales, sostiene que esta práctica, que antes se utilizaba de forma “excepcional”, fue sistematizada por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con el informe, hasta enero de 2026 el gasto es “desconocido pero probablemente superior a 40 millones de dólares”, ya que más de 32 millones fueron entregados directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau.

De los 300 inmigrantes enviados a terceros países, 250 eran venezolanos trasladados a El Salvador en marzo de 2025. El resto 51 personas cuya nacionalidad no fue detallada fueron enviadas principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.

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Costos, eficiencia y cuestionamientos políticos

El informe de 30 páginas critica que, en muchos casos, Estados Unidos podía haber deportado a estas personas a sus países de origen sin recurrir a acuerdos adicionales. Según los senadores demócratas, más del 80 % de quienes fueron enviados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”.

“En algunos casos, EE.UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países para después volver a pagar para enviarlos a su país natal”, señala el documento. Esta afirmación apunta a un posible doble gasto de fondos públicos.

La senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió la investigación, afirmó en un comunicado que el Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”.

El texto también advierte que la administración busca retirar el estatus legal a miles de inmigrantes mediante la suspensión de beneficios como el TPS (Estatus de Protección Temporal) o permisos humanitarios. A juicio de los legisladores, esta medida “incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.

Además del costo económico, el informe cuestiona la falta de transparencia en los acuerdos firmados con las naciones receptoras y el nivel de supervisión sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. Los senadores concluyen que estas operaciones son caras e ineficientes, representan un despilfarro y podrían estar financiando “a gobiernos corruptos sin supervisión”, además de circunvalar el derecho migratorio estadounidense.

El impacto regional y el papel de El Salvador

Para El Salvador, mencionado como uno de los países receptores, el tema adquiere relevancia tanto a nivel diplomático como social. La llegada de 250 venezolanos en marzo de 2025 se dio en el marco de acuerdos bilaterales cuyo detalle no ha sido ampliamente difundido en el informe legislativo.

Más allá de la polémica partidaria en Estados Unidos, el debate abre preguntas sobre la sostenibilidad de estas políticas. ¿Resulta más eficiente deportar directamente al país de origen? ¿Qué condiciones ofrecen los terceros países para recibir a personas que no son sus nacionales? ¿Cómo se evalúa el uso de fondos públicos en este contexto?

El informe no detalla los términos específicos de cada convenio, pero sí subraya que la supervisión ha sido limitada. Para los países involucrados, esto puede significar oportunidades de cooperación, aunque también mayores niveles de escrutinio internacional.

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Un debate que trasciende fronteras

Las deportaciones a terceros países forman parte de una estrategia migratoria más amplia que busca responder a los flujos irregulares hacia Estados Unidos. Sin embargo, el documento del Senado plantea que el enfoque actual podría no ser el más eficaz desde el punto de vista financiero ni operativo.

En un escenario global donde la migración es un fenómeno constante, las decisiones de una potencia como Estados Unidos tienden a repercutir en distintas regiones. Para Centroamérica, y en particular para El Salvador, el tema no es ajeno: la movilidad humana ha marcado la historia reciente y sigue siendo un eje central de la relación con Washington.

El informe legislativo no tiene carácter vinculante, pero sí alimenta el debate político en un año clave para la agenda migratoria estadounidense. También ofrece elementos para que la ciudadanía evalúe cómo se utilizan los recursos públicos y qué efectos pueden tener estas políticas en la estabilidad regional.