Honduras reacciona tras fallo que reactiva la cancelación del TPS

La situación legal del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras en Estados Unidos entró en una nueva fase luego de que una Corte Federal de Apelaciones autorizara provisionalmente al gobierno estadounidense a avanzar con la cancelación del programa. La decisión reaviva la incertidumbre para más de 51.000 hondureños que han residido y trabajado legalmente en ese país durante años bajo esta protección migratoria.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que concedió una suspensión provisional a una orden previa de una jueza de distrito que había bloqueado la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Con esta medida, el gobierno federal puede seguir adelante con la cancelación del estatus mientras se resuelve el fondo del caso en apelación.

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Qué decidió la Corte y por qué es clave para Honduras

La resolución fue adoptada de forma unánime por un panel de tres jueces, tras una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En su argumentación, el gobierno sostuvo que tiene altas probabilidades de éxito al demostrar que la jueza de distrito carecía de jurisdicción o que la decisión de terminar el TPS fue legal y basada en cambios en las condiciones de los países afectados.

El dictamen establece que “la orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación”. En términos prácticos, esto significa que la protección temporal deja de estar bloqueada por la justicia de primera instancia y que el Ejecutivo puede aplicar su política migratoria mientras continúa el proceso judicial.

Para Honduras, el impacto es significativo. El TPS ha sido uno de los principales mecanismos de estabilidad migratoria para decenas de miles de ciudadanos que salieron del país tras una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

El origen del TPS hondureño y su peso migratorio

El Estatus de Protección Temporal fue otorgado a ciudadanos hondureños tras el paso del huracán Mitch en 1998, que provocó graves daños humanos, económicos y de infraestructura. Desde entonces, más de 51.000 hondureños accedieron a esta figura legal, que les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos sin riesgo de deportación.

Durante más de dos décadas, distintas administraciones estadounidenses renovaron el TPS, reconociendo que las condiciones en Honduras no garantizaban un retorno seguro y ordenado para un número tan elevado de personas. Para muchas familias, este estatus fue clave para establecerse, acceder a empleo formal y enviar remesas, uno de los principales sostenes de la economía hondureña.

Sin embargo, el TPS nunca fue concebido como un beneficio permanente, un argumento que ha cobrado fuerza en el actual debate migratorio en Estados Unidos.

La postura del gobierno estadounidense

La reciente decisión judicial respalda, al menos de manera provisional, la línea impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que tras volver a la Casa Blanca retomó su promesa de endurecer la política migratoria. Bajo esa visión, el TPS debe finalizar cuando las condiciones que lo originaron ya no existen.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha insistido en que “el TPS nunca se diseñó para ser permanente” y que su retiro responde a una evaluación de mejoras en los países beneficiarios, incluida Honduras. El DHS ha sostenido que la situación actual permite el regreso seguro de sus ciudadanos, argumento que es rechazado por organizaciones migrantes y gobiernos de la región.

La decisión del Noveno Circuito no valida aún el fondo de esa postura, pero sí le permite al Ejecutivo avanzar mientras se resuelve la apelación.

La reacción oficial de Honduras

Desde Tegucigalpa, el Gobierno de Honduras expresó su preocupación por el fallo y recalcó que el proceso legal todavía no ha concluido. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional subrayó que la decisión de la Corte de Apelaciones “representa una instancia procesal más”, pero no una sentencia definitiva.

“La decisión emitida hoy por la Corte de Apelaciones en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema”, señaló la cancillería hondureña.

📝| La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, comunica sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS): pic.twitter.com/ujdWmHhCkY

— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) February 10, 2026

El gobierno también lamentó que la administración estadounidense mantenga firme su decisión de cancelar el programa, pese a las implicaciones humanas y sociales que esto tendría para miles de familias.

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Defensa de los hondureños con TPS

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento oficial fue la defensa del comportamiento legal de los beneficiarios del TPS. Honduras recordó que sus ciudadanos amparados por este estatus han estado sometidos durante años a estrictos controles federales y han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley estadounidense.

“Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable”, afirma el comunicado.

Este punto busca contrarrestar narrativas que asocian la migración con inseguridad y refuerza el argumento de que los hondureños con TPS forman parte activa de la economía y la sociedad estadounidense.

Un proceso abierto y un futuro incierto

Aunque la Corte de Apelaciones permitió avanzar con la cancelación del TPS, el caso aún no está cerrado. La apelación sigue su curso y no se descarta que el litigio llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría redefinir el futuro del programa.

Mientras tanto, más de 51.000 hondureños permanecen en un limbo legal, a la espera de una resolución definitiva. El caso del TPS vuelve así al centro del debate migratorio y confirma que, para Honduras, se trata de un tema estructural con efectos que trascienden fronteras y siguen marcando la agenda regional.