Tribunal avala detención sin fianza de migrantes indocumentados en Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos validó la política del Gobierno del presidente Donald Trump que permite mantener detenidos, sin derecho a fianza, a amplios grupos de migrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación. La decisión representa un respaldo judicial clave para la estrategia migratoria de la actual Administración.

En un fallo dividido entre tres jueces, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito sostuvo que los migrantes sin documentación arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza, según la reinterpretación de una ley migratoria impulsada por el Ejecutivo.

Reinterpretación de una ley migratoria

En su sentencia, emitida la noche del viernes, el tribunal afirmó que la postura del Gobierno se ajusta a la legislación vigente.
“Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta”, señaló la corte.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad, aprobada hace más de 30 años, exige la detención obligatoria, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en Estados Unidos.

Un cambio frente a prácticas anteriores

Durante administraciones anteriores, esta normativa se aplicaba principalmente a personas que acababan de ingresar al país, especialmente por la frontera sur con México. En la práctica, muchos migrantes indocumentados detenidos dentro del territorio estadounidense tenían acceso a audiencias de fianza, donde podían argumentar ante un juez de inmigración que no representaban un riesgo de fuga.

La reinterpretación avalada por el tribunal amplía el alcance de la ley y elimina ese derecho a fianza para amplios grupos de migrantes detenidos por ICE, independientemente del tiempo que lleven en el país.

Revés para fallos previos

La decisión del Quinto Circuito revierte resoluciones de tribunales inferiores que habían considerado ilegal la postura del Gobierno federal. Con ello, el fallo otorga un respaldo legal para que la Administración Trump continúe con detenciones y deportaciones masivas como parte de su ofensiva migratoria.

Este pronunciamiento judicial fortalece la posición del Ejecutivo frente a los desafíos legales que han intentado frenar la aplicación de esta política en distintas jurisdicciones.

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Celebración del Gobierno estadounidense

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión a través de un mensaje publicado en la red social X. En su publicación, afirmó que el Gobierno seguirá defendiendo “la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre Texas y Luisiana, estados donde se concentra una parte significativa de los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, lo que amplifica el impacto práctico del fallo.

Un debate que podría llegar a la Corte Suprema

Se espera que otros tribunales de apelación se pronuncien sobre esta misma cuestión en los próximos días. De acuerdo con el desarrollo del caso, el debate legal podría escalar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Mientras tanto, la decisión del Quinto Circuito marca un precedente relevante en la aplicación de la política migratoria del Gobierno de Trump y refuerza la base legal para la detención de migrantes indocumentados sin acceso a fianza durante sus procesos de deportación.