Cuota alimenticia en El Salvador: quiénes pueden solicitarla y cómo hacer el trámite
La cuota alimenticia es un derecho respaldado por la ley salvadoreña y una obligación para quien debe proveerla. No se limita solo a hijos menores de edad, ni termina necesariamente al cumplir los 18 años. Conocer quiénes pueden solicitarla, cómo se calcula y dónde hacer el trámite es clave
Por
Leidy Puente
Publicado el 05 de febrero de 2026
La cuota alimenticia en El Salvador es un derecho legal y una obligación para quien debe proveerla. No solo aplica a hijos menores de edad, sino también a hijos mayores que estudian, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores sin ingresos. El trámite se realiza ante la Procuraduría General de la República, de forma presencial o en línea a través de simple.sv. El monto no es un porcentaje fijo del salario, sino que se calcula según las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas, restricciones legales e incluso consecuencias penales.
En El Salvador, la cuota alimenticia es uno de los mecanismos legales más importantes para garantizar el bienestar de personas que dependen económicamente de un familiar. Su finalidad va más allá de cubrir alimentación, pues incluye salud, educación, vivienda y otros gastos esenciales para una vida digna.
La institución encargada de administrar y dar seguimiento a estos procesos es la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia. Según la normativa vigente, esta entidad tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la obligación alimentaria y gestionar su pago por la vía administrativa o judicial.
En este sentido, la Ley Orgánica de la PGR define la cuota alimenticia como "el valor monetario destinado a satisfacer necesidades básicas como sustento, habitación, vestido, conservación de la salud, educación y recreación de la persona beneficiaria".
Este derecho se fundamenta en el principio constitucional que reconoce a la familia como la base de la sociedad y establece la obligación del Estado de protegerla, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
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¿Quiénes pueden solicitar una cuota alimenticia?
El Código de Familia establece que se deben alimentos de forma recíproca entre determinados miembros del núcleo familiar. Entre ellos se encuentran:
- Los cónyuges
- Los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad
- Los hermanos
En la práctica, los casos más comunes corresponden a pensiones alimenticias para hijos. Tanto la madre como el padre pueden solicitarla contra el progenitor que haya abandonado el hogar o incumpla con su responsabilidad económica. En estos casos, será un juez quien determine el monto y la forma de pago.
Contrario a lo que muchas personas creen, la cuota alimenticia no finaliza automáticamente cuando el hijo o hija cumple la mayoría de edad.
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Si el beneficiario continúa estudiando y no cuenta con ingresos propios, el derecho se mantiene hasta que finalice su formación académica o adquiera una profesión u oficio. En situaciones de discapacidad debidamente acreditada, la pensión puede extenderse por tiempo indefinido.
La ley también ampara a las mujeres embarazadas, quienes pueden exigir alimentos al padre del bebé durante el período de gestación y hasta tres meses después del nacimiento, incluyendo gastos médicos y de parto.
Asimismo, los adultos mayores que no poseen ingresos suficientes pueden solicitar una cuota alimenticia a sus hijos o nietos, siempre que se cumpla el grado de parentesco establecido por la ley.

¿Dónde y cómo se hace el trámite?
La solicitud de fijación de cuota alimenticia puede realizarse de manera presencial o en línea.
De forma presencial, el trámite se gestiona en la oficina central de la PGR, ubicada en el Centro de Gobierno, o en cualquiera de las procuradurías auxiliares distribuidas en el país, entre ellas las de San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Usulután, La Unión, Chalatenango y otras cabeceras departamentales.
También existe la opción de iniciar el proceso en línea, a través de la plataforma estatal simple.sv, lo que permite a los usuarios comenzar el trámite sin acudir físicamente a una oficina.
En ambos casos, se solicita información del demandante, de la persona beneficiaria y de quien estaría obligado a pagar la cuota. La PGR, generalmente se solicita:
- Copia del Documento Único de Identidad (DUI)
- Partida de nacimiento del menor o beneficiario
- Dirección de residencia o lugar de trabajo del demandado
- Número de contacto del demandado, especialmente si se encuentra fuera del país
Estos requisitos permiten a la institución ubicar a la persona obligada y dar seguimiento al proceso de fijación de la cuota.

¿Cómo se calcula el monto?
La cuota alimenticia no corresponde a un porcentaje fijo del salario del demandado. El Código de Familia establece que el monto debe fijarse en proporción a la capacidad económica de quien debe pagarla y a las necesidades de quien la solicita.
Esto significa que cada caso se analiza de manera individual. Factores como gastos en educación, salud, alimentación y condiciones médicas especiales del beneficiario influyen en la decisión. Por esta razón, se recomienda llevar un registro detallado de los gastos al momento de iniciar el proceso.
Si la persona obligada no cuenta con los recursos suficientes, la ley contempla que otros familiares, como los abuelos, puedan asumir la obligación de acuerdo con sus posibilidades económicas.

El incumplimiento en el pago de la cuota alimenticia puede generar consecuencias legales. Entre ellas se incluyen restricciones para realizar trámites como la renovación de pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de circulación, así como limitaciones para acceder a créditos.
Además, el deudor puede enfrentar medidas más severas, como la prohibición de salir del país o procesos penales que pueden derivar en sanciones de cárcel o trabajos de utilidad pública.
De esta manera, en El Salvador, la cuota alimenticia no es una opción ni un acuerdo informal, es un derecho legal que busca proteger a quienes dependen económicamente de otros y garantizar su bienestar a largo plazo.
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