Deuda de pensiones en El Salvador supera los 11.241 millones en 2025
La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 6,8 % en 2025 y superó los 11.241 millones de dólares, según datos oficiales del BCR.
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EFE
Publicado el 02 de febrero de 2026
La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones alcanzó los 11.241 millones de dólares en 2025, un aumento del 6,8 % respecto a 2024, según datos del Banco Central de Reserva. El incremento anual fue de 715 millones de dólares y se origina en la compra obligatoria de títulos emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones para financiar jubilaciones del antiguo sistema público. La mayor parte del monto corresponde a Certificados de Financiamiento de Transición, que no pagan capital ni intereses. El FMI advierte que los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria podrían agotarse hacia 2027 y recomienda una reforma integral.
La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador continúa en aumento. Al cierre de 2025, el monto acumulado superó los 11.241 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 6,8 %, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR) basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Los datos oficiales detallan que la deuda total pasó de 10.525,96 millones de dólares en diciembre de 2024 a 11.241,13 millones en diciembre de 2025. El incremento absoluto fue de 715,17 millones de dólares en un año, reflejando la presión constante que el sistema previsional ejerce sobre las finanzas públicas.
Este endeudamiento se origina en el mecanismo mediante el cual el Gobierno obtiene recursos de los ahorros previsionales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas que gestionan los descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores formales.
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Cómo se estructura la deuda previsional
Según la información del BCR, el Estado capta estos fondos a través de títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que las AFP están obligadas a adquirir. Estos instrumentos se utilizan principalmente para financiar el pago de pensiones del antiguo sistema público, el cual fue reemplazado a finales de la década de 1990 por el esquema de capitalización individual.
Uno de estos instrumentos son los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que actualmente suman 2.846,94 millones de dólares. A este monto se añaden los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que alcanzan los 8.394,19 millones de dólares.
Los CFT adquirieron un peso mayor dentro de la deuda tras una reforma al sistema de pensiones aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Desde esa modificación legal, estos títulos no pagan capital ni intereses, un cambio que ha sido observado con atención por organismos internacionales y analistas económicos.

Advertencias sobre la sostenibilidad del sistema
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que, como resultado de esa reforma, el 89 % de los activos administrados por las AFP se mantiene “en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”. Según el organismo, esos activos ascendieron en 2024 a 14.900 millones de dólares.
Además, el FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS). Este mecanismo funciona como “un fondo común para los afiliados de las AFP” y se activa cuando un pensionado agota el saldo de su cuenta individual.
De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos de la CGS “se agotarían alrededor de 2027”. Por esa razón, el FMI subraya que “es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones”, una recomendación que se repite en distintos informes sobre la situación fiscal y previsional del país.
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Expectativa por una nueva reforma
En este contexto, crece la expectativa sobre una nueva propuesta oficial para modificar el sistema de pensiones. Especialistas y reportes de la prensa local indican que el Gobierno podría presentar un nuevo planteamiento en febrero, con el objetivo de atender los desafíos financieros y garantizar el pago futuro de las jubilaciones.
Mientras tanto, el aumento sostenido de la deuda previsional confirma que el tema sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la economía salvadoreña. Para los trabajadores activos, jubilados y salvadoreños en la diáspora que siguen de cerca la situación fiscal del país, la evolución de este pasivo es una señal clave sobre la estabilidad y viabilidad del sistema de pensiones en el mediano plazo.
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