Estados Unidos impone nuevos aranceles a camiones y autobuses importados

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a la importación de camiones medianos y pesados, y un 10% a autobuses provenientes del extranjero, según un decreto firmado por el Presidente Donald Trump. Esta medida surge tras una investigación bajo la Sección 232, que evaluó el impacto de estas importaciones en la seguridad nacional del país.

Esta decisión se suma a una serie de medidas orientadas a modificar el balance comercial del sector automotor. El decreto contempla nuevas directrices para definir los parámetros de origen, las excepciones por país y los incentivos fiscales internos, lo que implica un reajuste en las reglas de comercio exterior para el rubro de vehículos de transporte.

Excepciones para México y Canadá bajo el T-MEC

Los camiones fabricados en México y Canadá podrían estar exentos del arancel del 25%, siempre que cumplan con los requisitos de origen establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, las piezas de estos vehículos que no se produzcan en Estados Unidos seguirán sujetas al arancel, aunque su aplicación está pendiente de definición por parte del Departamento de Comercio.

Estados Unidos importa el 78% de sus camiones desde México y el 15% desde Canadá, de acuerdo con datos de la consultora Capital Economics. Esto significa que más del 90% de las unidades provienen de los dos países vecinos. Para los actores del comercio internacional, este dato es clave para proyectar impactos logísticos y de costos en los contratos de suministro y distribución. Las empresas deberán documentar cuidadosamente el origen de cada componente para evitar sanciones o recargos inesperados.

En el caso de los autobuses, el arancel del 10% se aplicará sin distinción a los vehículos provenientes de México y Canadá, independientemente de si cumplen o no con los criterios del T-MEC. Esta diferencia con respecto al tratamiento de los camiones podría responder a consideraciones sectoriales internas o al grado de integración en las cadenas de valor regionales.

Incentivo fiscal para fabricantes locales hasta 2030

El decreto también incluye una extensión hasta el año 2030 de la deducción del 3.75% en el precio de catálogo de automóviles producidos en Estados Unidos que utilicen componentes importados. Esta deducción, introducida originalmente con vigencia de un año, busca reducir el impacto de los nuevos aranceles en los fabricantes locales.

La deducción se aplicará en las mismas condiciones a los camiones producidos dentro de Estados Unidos. Esto implica un alivio tributario que puede beneficiar tanto a grandes fabricantes como a ensambladoras medianas que mantengan operaciones en territorio estadounidense.

Además, la medida podría influir en decisiones de localización de inversión. Algunos fabricantes con plantas en Norteamérica podrían optar por incrementar la proporción de producción en Estados Unidos para maximizar beneficios fiscales, lo que a su vez puede modificar los flujos de comercio en la región.

Implicaciones para el sector logístico y comercial

Empresas salvadoreñas que participan en la importación, comercialización o transformación de vehículos deberán evaluar el posible aumento en costos y tiempos de entrega. También se recomienda revisar los tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos para determinar si existen oportunidades de acceso preferencial o mecanismos de compensación arancelaria.

Distribuidores locales que importan unidades ensambladas en México o Canadá deberán verificar con sus proveedores el cumplimiento de los criterios de origen exigidos por el T-MEC. En caso contrario, podrían enfrentar un incremento inmediato en los precios de importación, afectando sus márgenes o la competitividad en el mercado nacional.

El análisis de impacto también debería incluir una evaluación del efecto en el costo total de propiedad para los consumidores. Si los precios de camiones y autobuses se elevan, tanto por el arancel como por ajustes en la oferta regional, esto podría incidir en las decisiones de renovación de flota por parte de empresas de transporte, constructoras o gobiernos locales.

Para importadores independientes o talleres de conversión, la disponibilidad y el precio de repuestos podrían variar según el grado de integración regional de las cadenas de suministro. Componentes que antes eran adquiridos sin restricciones podrían ahora estar sujetos a nuevas tarifas, dependiendo de su procedencia exacta.

Te puede interesar: Jorge “Mágico” González jugará con el Barça en el clásico de leyendas

Recomendaciones para el sector empresarial salvadoreño

Frente a este nuevo escenario comercial, se sugiere que las empresas salvadoreñas con vínculos en la cadena de valor de vehículos de carga y transporte colectivo:

1. Realicen una auditoría interna de sus proveedores actuales y el origen de cada componente importado.
2. Consulten con asesores legales o especialistas en comercio exterior para adaptar sus contratos a las nuevas reglas arancelarias.
3. Evalúen la viabilidad de diversificar proveedores o explorar mercados alternativos.
4. Revisen sus estructuras de precios y márgenes ante posibles incrementos en los costos de importación.
5. Mantengan una comunicación constante con sus socios en Estados Unidos, México y Canadá para anticipar cambios regulatorios adicionales.

El decreto forma parte de una estrategia comercial más amplia centrada en el fortalecimiento de la industria automotriz de Estados Unidos. Los cambios normativos podrían generar efectos en cadenas de suministro, estructuras de costos y decisiones de inversión vinculadas al sector transporte en la región.

En este contexto, la planificación estratégica, el cumplimiento normativo y la adaptabilidad serán factores clave para minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir en un entorno comercial en evolución.