Corte de apelaciones de EE. UU. bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Illinois

El Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el pasado jueves, la medida judicial que impide, por ahora, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el estado de Illinois.

La resolución mantiene vigente la orden temporal de la jueza federal April M. Perry, emitida la semana pasada, la cual fue adoptada como medida cautelar ante el intento del Gobierno federal de movilizar efectivos militares hacia la ciudad de Chicago.

Según la resolución, la corte no encontró fundamentos suficientes para sostener que en Illinois exista una “rebelión o peligro de rebelión” que justifique la activación de este tipo de fuerzas bajo el argumento de seguridad nacional.

Este es uno de los requisitos establecidos por la Ley de Insurrección, una legislación federal que permite al presidente ordenar el despliegue militar en territorio nacional solo bajo circunstancias extraordinarias.

Desacuerdo sobre las facultades presidenciales

El Gobierno de Donald Trump argumentó que el despliegue de la Guardia Nacional es una decisión presidencial que no puede ser revisada por el poder judicial. Sin embargo, la corte de apelaciones desestimó este planteamiento.

En su fallo, indicó que las acciones ejecutivas están sujetas al principio de legalidad y pueden ser analizadas por los tribunales, especialmente cuando afectan la distribución constitucional de competencias entre el Gobierno federal y los estados.

La decisión judicial no impide que las tropas permanezcan bajo control del Departamento de Defensa, pero sí restringe cualquier despliegue activo en territorio urbano o en operaciones relacionadas con el orden público hasta nueva orden judicial.

La medida se mantendrá vigente, al menos, hasta el 23 de octubre. Una audiencia prevista para el día anterior podría extender su aplicación.

Chicago en el centro de la disputa

La ciudad de Chicago ha sido señalada por el presidente Trump en repetidas ocasiones como un ejemplo de “fallo en el control del crimen”.

El mandatario sostuvo que el envío de la Guardia Nacional era parte de un esfuerzo para “restaurar la seguridad”, tras el lanzamiento del operativo Midway Blitz, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este programa incluye redadas migratorias y acciones conjuntas con la Patrulla Fronteriza.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ambos del Partido Demócrata, rechazaron públicamente la medida. Consideran que la intervención militar vulnera la soberanía estatal y pone en riesgo los derechos civiles de los residentes.

“El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE”, escribió Trump en su red Truth Social. También acusó al gobernador de “incapacidad” para manejar la seguridad.

Tropas federales ya están en el estado

A pesar del fallo judicial, un contingente de 200 soldados de la Guardia Nacional enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya se encuentra en un campamento militar en Elwood, a una hora de Chicago. Según el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, estos efectivos permanecerán en la zona por al menos 60 días.

Adicionalmente, 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois se encuentran en fase de preparación. Su eventual despliegue está condicionado a resoluciones judiciales futuras. Según fuentes militares, su función sería brindar apoyo logístico a agentes de inmigración y patrullaje en zonas sensibles, en caso de ser autorizados.

Manifestaciones y tensiones en aumento

Desde el inicio del operativo Midway Blitz, varias organizaciones sociales y comunidades migrantes han convocado manifestaciones en distintas zonas de Chicago.

El fin de semana pasado, un incidente en el área de South Side, donde una ciudadana estadounidense resultó herida por disparos de la Patrulla Fronteriza, generó una ola de protestas y nuevos llamados al respeto de los derechos civiles.

El alcalde Johnson aseguró que se presentarán cargos penales contra cualquier agente que actúe fuera del marco legal. También emitió una orden para que la policía local no colabore con las redadas federales.

“Las declaraciones del presidente son irresponsables y peligrosas. Nuestro compromiso es con los derechos humanos y la ley”, expresó Johnson ante medios locales.

Las cifras oficiales y el debate sobre el crimen

Aunque la narrativa federal apunta a un supuesto aumento del crimen como justificación para la intervención, los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran una tendencia a la baja. Los homicidios en la ciudad han disminuido un 28 % en comparación con el mismo período del año anterior, y cerca de un 50 % en relación con hace cuatro años.

Pese a esto, la Administración Trump ha sostenido que el despliegue militar es necesario para apoyar a las agencias federales y frenar lo que califica como “crimen rampante” en ciudades gobernadas por demócratas.

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Próximos pasos

La audiencia programada para el 22 de octubre será clave para definir si la orden judicial que impide el despliegue de tropas se extiende o se modifica. Por ahora, la presencia militar en Illinois permanece limitada al nivel logístico y sin intervención directa.

La resolución judicial marca un precedente importante en la relación entre el poder ejecutivo federal y la autonomía de los estados frente al uso de fuerzas militares en asuntos internos. Mientras tanto, las autoridades locales insisten en que cualquier medida de seguridad debe respetar las competencias estatales y los derechos de la población.