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Solo 25 de los 228 proveedores de bitcóin cumplen operaciones activas en el país.

Solo está activo el 11 % de los proveedores de servicios bitcóin registrados en El Salvador

Únicamente 25 de las 228 empresas autorizadas por el Banco Central de Reserva ofrecen servicios como billeteras, casas de cambio o custodia de criptoactivos.

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Por Juan Martínez / Agencias
Publicado el 24 de septiembre de 2025

 

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En El Salvador, solo el 11 % de los 228 proveedores de servicios bitcóin registrados por el Banco Central de Reserva están activos, mientras que el 89 % figura como inactivo. Entre las 25 empresas operando destacan la billetera estatal Chivo Wallet, Osmo El Salvador y Binance. Muchas compañías no han cumplido con requisitos legales como programas contra el lavado de dinero o medidas de ciberseguridad. Aunque el bitcóin dejó de ser moneda de curso legal tras un acuerdo con el FMI, el Gobierno mantiene compras que suman más de 6.329 monedas, lo que mantiene abierto el debate sobre su futuro.

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En El Salvador, solo el 11 % de los proveedores de servicios bitcóin inscritos en el Banco Central de Reserva (BCR) están operando.

Según el registro oficial, de las 228 compañías registradas, únicamente 25 tienen operaciones activas, mientras que el 89 % restante aparece como “proveedor no operando”. Entre las empresas en funcionamiento se encuentran la billetera estatal Chivo Wallet, Osmo El Salvador y el exchange global Binance.

El dato es relevante dentro y fuera de El Salvador, un país que le ha apostado a la bitconización desde 2021 y que está en la lupa mundial en cuanto al uso de la criptomoneda.

El marco normativo salvadoreño exige a estas compañías cumplir con requisitos de seguridad, transparencia y supervisión financiera. Al menos 22 de los 203 proveedores inactivos no han cumplido con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Bitcóin, que ordena mantener altos estándares de integridad, programas contra el lavado de dinero, controles contables precisos y medidas de ciberseguridad adaptadas a los servicios ofrecidos.

Solo 25 de los 228 proveedores de bitcóin cumplen operaciones activas en el país.
Solo 25 de los 228 proveedores de bitcóin cumplen operaciones activas en el país./Foto archivo

De moneda de curso legal a activo voluntario

El Salvador marcó un hito en septiembre de 2021 al convertirse en el primer país del mundo en reconocer el bitcóin como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, buscaba fomentar la innovación financiera, atraer inversión y ampliar el acceso a servicios bancarios digitales.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcóin en enero 2025, tras un acuerdo por $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los cambios eliminaron la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda y redujeron el papel del Estado en las transacciones, aunque el uso privado y voluntario del bitcóin sigue permitido.

A pesar de esta modificación, el Gobierno salvadoreño ha continuado con la compra de bitcoines. Según datos oficiales, las reservas superan las 6,329 monedas, valoradas en más de $700 millones, sin embargo, sectores críticos advierten que este manejo podría generar tensiones con el FMI, que condicionó el acuerdo a que no se utilicen fondos públicos en la adquisición de criptoactivos.

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El registro oficial del BCR incluye 228 proveedores, pero solo 25 ofrecen servicios activos.
El registro oficial del BCR incluye 228 proveedores, pero solo 25 ofrecen servicios activos de bitcóin./shutterstock

Un futuro abierto para el sector del bitcóin

La limitada cantidad de proveedores en operación refleja tanto los retos regulatorios como la necesidad de mayor madurez del ecosistema cripto en el país.

Para inversionistas y usuarios salvadoreños, la presencia de grandes actores internacionales como Binance, junto con el respaldo gubernamental a la Chivo Wallet, ofrece un punto de partida en un mercado aún incipiente.

El Salvador continúa proyectándose como un laboratorio global de innovación financiera. La experiencia de que solo una fracción de los proveedores registrados opere podría servir como indicador para ajustar normativas, fortalecer la supervisión y abrir espacio a nuevos modelos de negocio basados en blockchain y activos digitales.

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