Corte bloquea a Trump en uso de ley migratoria para deportaciones

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictó un fallo ante las peticiones del presidente, Donald Trump. Por decisión de dos votos contra uno, los magistrados determinaron que el presidente no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones en Texas, Luisiana y Misisipi.

El mandatario republicano había utilizado esa norma por primera vez en marzo, cuando envió en dos aviones a presuntos integrantes del grupo venezolano Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La medida se basaba en el argumento de que estos migrantes constituían una “incursión hostil”.

Sin embargo, la jueza Leslie Southwick escribió en la resolución:

“Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil”. La magistrada Irma Carrillo Ramírez respaldó esa opinión y concedió una orden judicial preliminar que bloquea las expulsiones.

El juez Andrew Oldham se mostró en desacuerdo, argumentando que la evaluación sobre si existían las condiciones para aplicar la ley de 1798 debía quedar en el ámbito de “cuestiones de criterio político”.

Una ley con historia polémica

La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798 y ha tenido un uso excepcional en la historia del país. Su aplicación más conocida ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió como fundamento legal para detener a ciudadanos de origen japonés. Desde entonces, su utilización había sido prácticamente nula hasta la decisión de Trump en 2025.

El mandatario, que retomó el cargo en enero, ha colocado el control migratorio en el centro de su política. Además de invocar esta normativa, envió tropas a la frontera con México e impuso aranceles tanto a ese país como a Canadá, alegando falta de cooperación en la contención de cruces ilegales. También clasificó a pandillas como el Tren de Aragua y la centroamericana MS-13 como organizaciones terroristas.

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Más tropiezos legales en su agenda migratoria

El fallo del Quinto Circuito se suma a otros desafíos judiciales recientes para la administración Trump. Apenas la semana pasada, otra corte federal suspendió temporalmente su decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 600,000 venezolanos residentes en Estados Unidos.

La estrategia migratoria de Trump, que en campaña incluyó la promesa de deportar a millones de personas indocumentadas, ha enfrentado una serie de bloqueos judiciales. Varias de sus órdenes ejecutivas sobre el tema han sido impugnadas en tribunales federales.

Aun así, el presidente mantiene un discurso de firmeza. El martes mismo, anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un operativo en el Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela. La acción se suma a una escalada de tensiones con Caracas, que ya incluye el despliegue de navíos en la región.

Un impacto más allá de Estados Unidos

Las decisiones judiciales sobre inmigración en Estados Unidos tienen repercusiones regionales, especialmente para países latinoamericanos que forman parte de los flujos migratorios. El envío de supuestos miembros del Tren de Aragua a El Salvador refleja cómo estas medidas pueden involucrar directamente a otras naciones.

El debate en torno al uso de leyes antiguas para abordar problemas actuales pone en evidencia las tensiones entre la Casa Blanca y el poder judicial. Mientras Trump insiste en ampliar sus herramientas para frenar la inmigración irregular, los tribunales mantienen límites legales que podrían marcar el rumbo de su política migratoria en los próximos años.