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Movimiento presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros
El Movimiento para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores denuncia que la Ley de Agentes Extranjeros tiene vicios en su contenido.
Integrantes del Movimiento para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores (MDCT) llegaron en la mañana del jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros.
“Es preocupante que con la ley se atribuya con discrecionalidad el registro, excepción y funcionamiento de las Organizaciones Sociales, confiscar sus bienes e imponer multas desproporcionadas a las organizaciones que generen incomodidad al régimen, por la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado democrático de derechos y la independencia de poderes”, denunció Silvia Navarrete, integrante del Movimiento.
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Según expuso el Movimiento, la ley presenta “múltiples” vicios de forma y se estarían violentando al menos ocho artículos de la Constitución, entre esos los artículos que garantizan los derechos de expresión, organización y participación ciudadana (1,2,6,7,11,18 y 113).
La Ley de Agentes Extranjeros impone un impuesto del 30 % a las transacciones y donaciones que reciban del extranjero todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es decir, aquellas organizaciones que por medio de donaciones trabajan en favor de aquellos rubros donde el Estado no llega o sí lo hace es de forma limitada.
Luis Rivera García, del Movimiento, denunció que esta disposición es ilegal por ser desproporcionada.
“Ni siquiera en otros ordenamientos jurídicos tienen como efecto cobrar un impuesto que tiene esa cantidad que tiene la Ley de Agentes Extranjeros”, señaló.
El impuesto no solo se aplica a las transacciones en efectivo, sino también a las de especie o bienes materiales de cualquier tipo, cuando así lo determine el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
Las organizaciones están obligadas a ingresar al RAEX bajo los requisitos y formatos que este establezca, por medio de una declaración de registro bajo juramento.
Además, deben canalizar los recursos financieros o activos recibidos, a través de cualquier sujeto, entidad o institución, esté o no supervisada o regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Así como con las demás disposiciones establecidas por el registro oficial de Gobernación.
Según el presidente Nayib Bukele, quien impulsó la ley, existen organizaciones con intereses extranjeros que buscan una injerencia en temas políticos. "No estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que tengan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país", afirmó, agregando que lo que buscan es que paguen impuestos.
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La Asamblea Legislativa, por su parte, dijo que es un mecanismo de “transparentar los fondos” que ingresan desde el exterior.
El MDCT adelantó que esta es la oportunidad de la Sala de lo Constitucional de demostrar si están del lado del pueblo salvadoreño o del lado del poder; pero que si desestiman o archivan la demanda, no dudan en acudir a instancias internacionales.
Los ciudadanos organizados solicitan como medida cautelar que la Sala de lo Constitucional suspenda la vigencia de la ley hasta emitir una resolución de la misma.
Más llamados de alerta
El miércoles 23 de julio, Marylaura Acuña, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la ley se aprobó en una misma semana y que en el pleno de la Asamblea Legislativa tomó menos de dos horas su aprobación.
La experta cuestionó la falta de consultas con la ciudadanía y sus organizaciones.
Además, Acuña cuestionó que el Reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros permite congelar cuentas bancarias y hasta disponer de los recursos de las organizaciones “como si fueran ilícitos”.
Desde la aprobación de la ley, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación por la aprobación de la misma. Incluso, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) la calificó de ser una mordaza contra estas agrupaciones ciudadanas.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, señaló que la ley implica que El Salvador "da un paso más en la dirección de Nicaragua”.
La Asamblea General de la Universidad de El Salvador (UES) llamó a las autoridades a considerar su derogatoria.
La única universidad pública ya se ve afectada por la vigencia de la Ley, según el rector Juan Rosa Quintanilla, quien en entrevista con TVX mencionó que un financista se mantendrá “en reserva” la decisión de apoyar a la institución este 2025.